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Vuelve el kirchnerismo y sus golpes a la Justicia y a los medios

Vuelve el kirchnerismo y sus golpes a la Justicia y a los medios

El Gobierno argentino muestra la versión más radical del peronismo con sus últimas decisiones y movimientos.

Argentina es un país pendular, un lugar en el que, apelando a terminología policial, el asesino siempre vuelve al lugar de los hechos. Pueden ser los peronistas o los no peronistas, pero el asunto es que la historia se repite. Una y otra vez. El país vive "entrampado en un juego imposible", según definió recientemente el analista político Jorge Liotti, que destaca "las limitaciones de un sistema atrapado entre dos polos alternativamente capaces de vetar los proyectos de los otros, pero sin recursos suficientes para imponer de manera perdurable los propios".

Hoy, con el kirchnerismo -la variante más radical del peronismo- nuevamente en el poder tras cuatro años en los que gobernó el social-liberalismo nucleado en torno a Mauricio Macri, un clásico de los "K" regresó: su obsesión con la justicia y los medios de comunicación, algo que ya se había visto durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Bien firme hoy en la vicepresidencia y la presidencia del Senado, Cristina se está mostrando una vez más como la persona más poderosa del país. Y como una mujer con fortaleza de carácter: con solo diez meses en el cargo, la vicepresidenta avanza firme y sin pausa en desmontar las múltiples causas judiciales por corrupción y lavado de dinero en las que está procesada.

Esta semana, sonriente en el Senado, vio como la mayoría peronista desplazaba de sus cargos a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. No son jueces conocidos por el común de los argentinos, pero sí muy peligrosos para Cristina, porque tuvieron o tienen en sus manos causas muy importantes, entre ellas las de los "cuadernos de la corrupción", una fabulosa y multimillonaria trama de sobornos en la obra pública en la que se señala a la viuda de Kirchner como jefa. Los tres jueces están ahora en un limbo, ya que se los devuelve a sus anteriores cargos, hoy ya ocupados por otros colegas.

Tanto los magistrados como la oposición reclaman la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que, como es habitual, se tomará su tiempo para decidir si lo hace y dar a conocer una decisión. Pero Cristina se anotó un tanto, nadie duda de eso.

Todo esto sucede en el contexto de la reforma judicial que anunció un Alberto Fernández crecientemente "cristinizado" y que rompió casi todos los puentes con sus rivales políticos. Primero le quitó una jugosa tajada de los fondos federales al opositor Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para dárselos a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y delfín de Cristina. Días después, un alcalde peronista denunció a Macri por presuntamente violar el aislamiento obligatorio: la casa de fin de semana del ex presidente fue allanada.

Pese a ese clima político tenso, reformar la justicia argentina es una propuesta muy racional, ya que tiene serios problemas de funcionamiento. Lenta, ajena a la era digital y contaminada políticamente en el nivel de los juzgados federales, son muchas las cosas que hay que cambiar. Es lo mismo que sucede con los proveedores de Internet y televisión por cable, que dejan mucho que desear en cuanto a eficiencia y tarifas: Fernández acaba de congelar sus precios y los incorporó como servicio público.

¿Por qué, entonces, dos medidas que deberían generar consenso, se convirtieron en eje de la discordia entre gobierno y oposición, en un elemento más de la polarización diaria en la que se mueve la sociedad argentina?

La reforma judicial tiene ribetes extraños: crea decenas y decenas de cargos de jueces cuando el sistema argentino está virando hacia el acusatorio, con el fiscal como figura preponderante. La oposición denuncia que la reforma de la justicia tiene un único objetivo: garantizar la impunidad de la ex presidenta. El presidente va por otro lado, recuerda una y otra vez que es "hijo de un juez" y que la justicia se debe una reforma. La que impulsó Fernández de Kirchner hace casi una década terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La del otro Fernández, Alberto, quizás no llegue a tanto: se aprobó en el Senado, pero no es tan sencillo que pase el filtro de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría.

LAS TELECOMUNICACIONES COMO "SERVICIOS PÚBLICOS"
En estas intensas últimas semanas, el Gobierno anunció la congelación de las tarifas de la telefonía móvil, servicios de Internet y televisión por cable, a los que declaró "servicios públicos". El Grupo Clarín, el mayor del país, es el principal proveedor de esos servicios, señalado como el enemigo por Fernández de Kirchner durante su gobierno bajo el lema de "Clarín miente". Tan sencillo y efectivo como falso.

El gobierno de Fernández argumentó en su Decreto de Necesidad y Urgencia [DNU, su herramienta favorita para gobernar] que "el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión". Los proveedores de Internet ya advirtieron de que la intervención del Estado y el congelamiento de tarifas afectará las inversiones y la "calidad del servicio", que no es precisamente de alto nivel.

Una de las curiosidades del "déjà vu" kirchnerista con el Grupo Clarín es que fue Néstor Kirchner, el fallecido esposo de Cristina, quien el 7 de diciembre de 2007, tres días antes de dejar la presidencia, firmó una medida de la que su viuda nunca habla: la fusión de Cablevisión y el Grupo Clarín, que consolidó el poderío del primer grupo mediático del país, uno de los más grandes del mercado en español.

En Argentina, un país con múltiples medios de comunicación y siete (¡siete!) señales de noticias en televisión, la pluralidad de voces está garantizada, pero el kirchnerismo insiste en atribuirle características monstruosas al "monopolio" del Grupo Clarín.

¿Tiene sentido para el gobierno embarcarse en una nueva edición de la guerra contra Clarín? A veces, las decisiones se toman más con el corazón que con la cabeza, da a entender Liotti en su análisis, que destaca que en el gobierno se admite que la decisión "tiene un aroma a vendetta ante lo que percibe como un 'tratamiento injusto' de parte de ciertos medios".

La medida, advirtió Florencia Donovan en 'La Nación', perjudica además a aliados del Gobierno argentino, incluido el magnate mexicano Carlos Slim, que financia la fabricación en Argentina de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astra Zeneca. Y no sólo a él: "Tampoco parece descabellado pensar que el Gobierno español de Pedro Sánchez, otro aliado de Fernández, busque explicaciones por el impacto de la medida sobre Telefónica. ¿Habrá calculado el Gobierno el impacto internacional de su decisión?".

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