Tribunal de ejecución solicita a la presidencia de la Corte de Justicia la extradición de Rafael Correa

Tribunal de ejecución solicita a la presidencia de la Corte de Justicia la extradición de Rafael Correa

14:37 - El exmandatario reside en Bélgica, y los trámites para proceder con el trámite legal, dependerá también de las gestiones diplomáticas, creen analistas.

El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia solicitó a su presidente, Iván Saquicela, que inicie el procedimiento de extradición del expresidente de la República Rafael Correa.

Correa reside actualmente en Bélgica y sobre él pesa una orden de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado en el denominado caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron sentenciadas otras 19 personas.

El Tribunal penal está conformado por los jueces Walter Macías Fernández, Marco Rodríguez Ruiz y Mercedes Caicedo Aldaz, quienes el 19 de mayo pasado dictaron un mandamiento de ejecución de la sentencia ratificada en última instancia en diciembre del 2020, al negarse los recursos de casación.

Como parte del proceso, se dictó sentencia que “ha pasado en autoridad de cosa juzgada y que el sentenciado Rafael Correa fue declarado culpable por el delito de cohecho, imponiéndole una pena privativa de ocho años”, cita dicho mandamiento de ejecución.

De esa forma, se explica en el documento, por información de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se determina que Correa tiene como actual residencia Bélgica, por lo que se solicita al presidente de la CNJ, Iván Saquicela, que dictamine la procedencia de la extradición y de ser el caso “inicie el procedimiento de extradición” del exmandatario.

El analista diplomático Mauricio Gándara explicó que pese a los requerimientos legales que haga el Ecuador, la decisión de extraditarlo dependerá solo del Estado de Bélgica.

Ejemplificó que el Gobierno de ese país deberá calificar si en el proceso no existe un elemento de persecución política, además de que el tratado de extradición tiene un “centenar de años y no siempre prevé las circunstancias modernas”.

“El requisito de que no haya elementos políticos es fundamental para la extradición, lo que podría conducir a que el Estado más bien proteja a la persona. Puede llegar a eso... Esto de que se trata de un expresidente le torna al asunto bajo una cierta presunción, que puede considerar Bélgica de que se trata de un caso político”, opinó.

A su criterio, es “difícil” que Bélgica conceda la extradición de Correa, pues se “analizará si se han cumplido los recursos de forma, y lo otro que es de calificación subjetiva es ver si se trata de un caso político”.

A esto se suma que podrían considerar las relaciones familiares, como su esposa oriunda de Bélgica, Anne Malherbe, y sus hijos que también residen en ese país; y que incluso el exmandatario pueda acogerse al principio de tener doble nacionalidad.

Gustavo Medina, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, precisó que en este caso Saquicela, debe formular la solicitud de extradición por medio de la Cancillería ecuatoriana, “adjuntando todos los documentos que requiere para el efecto, siendo muy cuidadoso de hacer llegar la información, y que no haya obstáculos en el trámite”.

Consideró que esto deriva en el plano de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Bélgica, y aclaró que no se necesita un pronunciamiento de la Interpol para que declare alerta roja. “Entenderíamos que el trámite debe ser directo, de Cancillería a Cancillería, y que le corresponderá al nuevo canciller”, designado por el gobierno entrante de Guillermo Lasso, añadió Medina.

Por otro lado, como parte del cumplimiento de la sentencia, el Tribunal estableció que en un término de cinco días cada uno de los condenados pague al Estado la cantidad de $ 778.224 como indemnización. La sentenciada Laura Terán pagará $ 368.632.

Si no se cumple con ello, se procederá a la “ejecución forzosa”, según el artículo 372 del Código General de Procesos.

Se declaró la extinción de la obligación pecuniaria en la sentencia por indemnización de los sentenciados Víctor Fontana Zamora y Alberto Hidalgo Zavala, porque ya cumplieron con dicho pago.

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