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Teodoro Ribera: "Lo ocurrido en Chile alerta que el PIB no lo es todo"

Teodoro Ribera: "Lo ocurrido en Chile alerta que el PIB no lo es todo"

El ministro de Exteriores chileno denuncia interferencias de un país de "Europa Oriental" para alentar las protestas que sufre su Chile

 

Ex ministro de Justicia durante el primer mandato del presidente Sebastian Piñera, el actual mandatario ha vuelto a confiar en el desempeño de este abogado originario del sur de Chile para ocupar la cartera de Exteriores.

De visita en España, Teodoro Ribera asume los errores que ha cometido el estado chileno pero argumenta que el estallido social que sufre la nación latinoamericana no supone que los chilenos "quieran un cambio radical del sistema político y económico que les ha sacado de la pobreza" sino una exigencia para conseguir un trato digno y respetuoso -"sin abusos"- por parte de la administración, y las élites políticas y económicas.

Recientemente usted denunció que al inicio del presente estallido social que sufre su país se detectó un incremento de internet procedente de un país de "europa oriental". Habló de perfiles falsos, de uso desmedido de internet.. Puede aclarar un poco más a que se refería.. ¿Qué hacían esos perfiles falsos?

R: Entre el 18 y el 19 de octubre se registró un incremento del 9 por ciento en los tuits proveniente de un país de Europa Oriental. El 60 por ciento de los tuits que venían desde allí estaban dirigidos a Chile y su contenido estaba destinado a apoyar las manifestaciones, a alentarlas y generar el desconcierto. El 40 por ciento estaban orientados hacia el extranjero para generar una mala imagen (de Chile). Quiero puntualizar que cuando se habló de interferencia en las elecciones de EEUU se estimó que se trataba de un 1 por ciento de tuits. Esto ha sido 900 veces mayor que la posible influencia que tuviera ese tercer país en las elecciones de EEUU.

P: El país al que no quiere nombrar es Rusia...

R: Eso lo dices tu, no lo digo yo. En cualquier caso nosotros no justificamos lo que ocurrió en base a esto. Lo que pasó nos ha llevado a una conclusión: el crecimiento económico por sí sólo no garantiza la paz social y la igualdad no se basa sólo en lo económico sino más bien en la dignidad y el trato, lo que va a obligar al estado a tener una relación distinta con sus ciudadanos. El tema de fondo es la dignidad y la percepción de abusos por parte del estado y las grandes empresas.

P: El sociólogo español Manuel Castells visitó su país recientemente para estudiar el estallido social y en una entrevista con un medio de su país dijo que lo que ha ocurrido en su país no es un hecho aislado sino el gran problema es el capitalismo, "que si bien genera crecimiento, produce mucha desigualdad, lo que lo hace muy inestable y con cuadros de crisis recurrentes". ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

R: Ese no es el caso de Chile. En mi país el índice de desigualdad ha tendido a decrecer en los últimos años. No es que la pobreza no haya disminuido. La pobreza bajó del 68 por ciento en 1990 a sólo 8,6 por ciento en 2017 y el PIB se multiplicó por 8. También mejoró la esperanza de vida, los índices de escolaridad, disminuyó la mortalidad infantil..

P: ¿No cree entonces que se exista un fallo en el sistema?

R: Bueno, bajo esa perspectiva hay mayor igualdad en Venezuela, allí todos son pobres.. (lo dice entre sonrisas). Mire, el sistema de Chile ha permitido que sea el país latinoamericano con el mayor desarrollo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que pasa es que cuando la gente abandona la pobreza tiene nuevas inquietudes culturales y sociales. Lo que le preocupa a la clase media chilena es no perder los avances que hemos conseguido cuando se enfrenten a la jubilación, o se queden en el paro o sufran una enfermedad. La clase media chilena no pide un cambio radical del sistema político y económico, que les ha permitido salir de la pobreza. Lo que piden es no volver a ella.

P: Tanto el presidente como varios de sus ministros han admitido que estaban completamente equivocados al confiar ciegamente en que el sistema neoliberal que aplica su gobierno iba a corregir las diferencias de forma automática y por eso pidieron perdón, algo bastante inusual en la clase política, incluso en España. Pero había decenas de estudios y análisis que venían alertando sobre el profundo desencanto de la población. Ya hubo manifestaciones que duraron meses en 2011 y que también degeneraron en algunos casos de violencia. ¿Por qué no se actuó antes?

R: En Chile tenemos un sistema electoral que dificulta más los acuerdos políticos. Han surgido nuevos partidos a la derecha y la izquierda de las formaciones tradicionales. Esto ha dificultado la labor de gobierno. El presidente Piñera no cuenta con mayoría en el parlamento.

P: Pero no es un problema de Piñera, las quejas de los manifestantes se dirigen hacia la clase política en su totalidad...

R: Cierto. Lo que ha sucedido es fruto de una multitud de factores y no es algo que se pueda atribuir a este gobierno. Es algo que se arrastra. Esta coyuntura nos otorga una gran oportunidad para transformar a Chile y permitir que sea un país que no sólo tenga el liderazgo latinoamericano en lo económico sino también en lo social.

P: Pero ¿lo ocurrido no tiene un coste político?

R: Claro que lo tiene. Tiene un coste político, de imagen y económico.

P: Una petición muy extendida entre los manifestantes es que el presidente dimita, dado que se han perdido vidas y la economía ha sufrido un severo quebranto. A ese coste político me refería...

R: En un sistema presidencial como el de Chile, los presidentes no dimiten, asumen el problema y lo lideran. En eso está el presidente Piñera. La renuncia presidencial supone la quiebra (del orden establecido).

P: El sociólogo Alberto Mayol, le dijo a EL MUNDO que la falta de respuesta del actual gobierno a las evidentes desigualdades que existen en la sociedad chilena y el rencor que vienen acumulando durante años un amplio sector de la sociedad hace que la crisis sea mucho más grave que una simple turbulencia social. Argumenta que lo que se ha caído es el pacto social en su totalidad y con él la seguridad pública. ¿Qué opina?

R: Es indudable que lo que tenemos que hacer es recomponer la confianza de la sociedad chilena y eso se va a expresar en un nuevo texto constitucional que es en definitiva el texto base de la convivencia democrática. Lo que sucedió en Chile ha sido una voz de alerta que nos dice que el Producto Interior Bruto no lo es todo. Que hay otros factores como el respeto que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos.

P: Uno de los reclamos más escuchados en las calles es la petición de que se cambie o se suprima el sistema privado de pensiones, las afp, heredado de la dictadura del que curiosamente están eximidos los militares. Entidades que duplican su capital cada cuatro años y sin embargo reportan en promedio pensiones que ronda o están por debajo del salario mínimo. No lo digo yo, hasta su compañera la ministra María José Zaldívar reconoció que las Afp han fallado como entidades de seguridad social. ¿Por qué no se pone fin o se reforma ese sistema?

R: Porque el sistema europeo está al borde del colapso por la falta de natalidad. El problema es de donde sacar el dinero. En Chile, habrá que asumir tarde o temprano que tendremos que cambiar la edad de jubilación y la cotización (ahora es del 10 por ciento del salario). Otro asunto es que hay cosas que hay que revisar en el funcionamiento de las Afp como que sean responsables de las pérdidas (de los fondos que administran).. Sí, hay cosas que corregir.

P: Usted mismo dice que la carta magna es la base de la convivencia democrática, pero la suya fue diseñada por la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Por qué se ha tardado tanto en plantear que se debería reescribir la constitución?

R: La discusión constitucional no va a conducir a colmar las demandas sociales. La discusión en Chile es algo más profundo y se refiere al rol del estado. Hay sectores que dicen que hay que tomar ideas de la constitución española y resguardar en ese texto los derechos económicos, culturales y sociales. Otros dicen que eso sólo llevaría a grandes crisis económicas y a no poder garantizar esos derechos constitucionales.

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