Sometimiento de los operadores de justicia al poder político es norma en Bolivia

Sometimiento de los operadores de justicia al poder político es norma en Bolivia

El exalcalde de La Paz Juan del Granado asegura que la carencia de idoneidad y eficiencia de los administradores de justicia son el origen primario de la corrupción y la retardación judicial

El sometimiento de los operadores de justicia al poder político es la norma, no la excepción, sostuvo la periodista Amalia Pando, para quien el juez o fiscal que sugiere una actuación independiente es inmediatamente enjuiciado y suspendido de su cargo.

En su portal digital, Cabildeo, Pando recordó algunos actuados de la justicia donde se evidencia el sometimiento de este poder del Estado. Recordó que el impulsor de la Reforma de la Justicia, el ministro Iván Lima, encabezó una marcha el pasado 11 de diciembre, para presionar al fiscal general Juan Lamchipa a retirar todos los cargos contra el argentino e integrante de las FARC de Colombia, Facundo Molares Schoenfeld.

“Gracias a la intromisión del ministro Lima en la Justicia, Molares Schoenfeld ya había sido favorecido con su excarcelación de Palmasola y con todas las facilidades para regresar a la Argentina. Así, en un plazo de 48 horas, Lima cumplió el pedido que le hicieran Evo Morales y el canciller argentino Felipe Solá”, escribió la periodista.

Molares Schoenfeld estuvo detenido y procesado por su participación en la muerte a bala de dos cívicos en Montero el 30 de octubre del año pasado, cuando un grupo de afines al Movimiento al Socialismo (MAS), armado atacó un bloqueo contra el fraude electoral. En esas circunstancias, él mismo resultó herido, lo que evidencia su participación en ese episodio.

CASTRO

El 23 de noviembre pasado, la juez Claudia Castro ordenó la liberación de Molares Schoenfeld y archivó la denuncia de Carlos Mesa contra Evo Morales y otros de su entorno por el fraude electoral del 2019, además lo hizo a espaldas de las partes para evitar una apelación.

La misma juez levantó la detención domiciliaria de Celier Aparicio Arispe denunciado por entregar dos obras millonarias a la empresa de su esposa cuando era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en 2016 y director de la DAGC el 2019.

Levantada la detención domiciliaria, el general Aparicio Arispe fue posesionado nuevamente en la dirección de aeronáutica civil, DAGC.

“La juez Claudia Castro, como varios otros en el último mes, siguió al pie de la letra todas las instrucciones del ministro Iván Lima quien no duda en salir en marchas contra los funcionarios que demoran en cumplir sus instrucciones”, escribió Pando.

En ese marco, cuestionó que Lima sea quién impulsa una reforma al sistema judicial que, según adelantó, necesitará algún cambio en la Constitución y por lo tanto un referendo.

Lima fue candidato en la elecciones judiciales en 2011 y posesionado por Evo Morales en 2014 como Magistrado Liquidador Suplente del Tribunal Supremo de Justicia.

Por otro lado, el ministro Iván Lima reveló el 8 de diciembre que la Reforma Judicial es una instrucción del presidente Luis Arce Catacora.

Para Pando, el fondo de la Reforma Judicial es la modificación del artículo 182. II de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Lo que pasa es que en las últimas elecciones el MAS perdió los dos tercios en el Congreso y la Constitución exige a la Asamblea Legislativa aprobar por dos tercios la lista de candidatos a las elecciones judiciales. Si el MAS no cambia el artículo 182. II de la Constitución, es decir los dos tercios por simple mayoría, tal como lo hicieron con el reglamento de la Asamblea, tendría que negociar con la oposición la selección de candidatos y perder su hegemonía en el Poder Judicial. Y eso, no lo van a permitir, nunca, jamás”, escribió.

LOS NOTABLES

Pando recordó que desde el pasado 3 de diciembre un grupo de nueve “notables” vinculados al MAS, encabezados por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, está estudiando una de propuesta de Reforma Judicial que será una “garrocha” para evadir los dos tercios que manda la Constitución.

La periodista recordó la frase de Evo Morales quien cuando buscaba el modo de reelegirse a pesar de la Constitución, sostuvo: “Cuando algún jurista me dice: Evo te estás equivocando judicialmente, yo le meto nomás, después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado?”.

“Otra vez estamos en una situación parecida, le van a meter nomás a una Reforma Judicial regresiva y los notables pondrán la fachada legal”, refirió.

Asimismo, recordó que cuando la nueva Constitución dispuso la elección de magistrados y tribunos por voto popular se esperaba superar la corrupción y el sometimiento al poder Ejecutivo, empero se trataba de someter aún más al Poder Judicial y lo hicieron usando en la Asamblea los dos tercios para seleccionar y aprobar la lista de los candidatos.

ELECCIÓN JUDICIAL

En 2011, la primera elección judicial, de cada 5 votos, 3 fueron blancos o nulos. Y en 2017 mejoró la participación de los votos válidos pero los blancos y nulos siguieron siendo mayoría. No les importó –dijo– consiguieron lo que buscaban, una justicia a su servicio, corrupta y servil como nunca antes en la historia.

“En las elecciones de octubre pasado, todos los partidos plantearon la urgencia de una Reforma Judicial. Razón por la que la propuesta de Iván Lima, por instrucción de Arce, se oyó como canto de sirena. Sin embargo, es una simple maniobra, más que maniobra, una trampa para proteger a la cúpula del MAS, comenzando por Evo Morales y el propio presidente Luis Arce. Cúpula que tiene cargos pesados por corrupción, fraude electoral, terrorismo y estupro, y que en menos de un mes de haber vuelto al gobierno ha quedado libre de pena y culpa. Con la Reforma, esta impunidad quedará sellada”, advirtió.

CARENCIAS

Por otro lado, para el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, la carencia de idoneidad y eficiencia de los administradores de justicia, son el origen primario de la corrupción y retardación judicial.

“Con excepciones honrosas, no tenemos operadores de justicia profesionalmente idóneos, ya sea por la formación mediocre o por su limitada experiencia. Es evidente que no llegan a la administración de justicia precisamente los mejores abogados; se trata más bien de una opción laboral para quienes no se sienten muy competitivos y prefieren un perfil bajo y una cierta estabilidad personal anónima”, dijo.

Apuntó que todo ello tiene que ver con la formación universitaria, con los sueldos bajos, con la poca exigencia en el desempeño y con los nombramientos político-partidarios.

“Nuestras universidades no forman jueces ni fiscales, solo abogados. Y la formación de estos, además de mediocre, está desvinculada de la realidad social y judicial. Es memorística, dogmática y acrítica. Se estudian las leyes, las teorías que las sustentan, su historia y orígenes, y casi nada de la realidad especifica del derecho y de su aplicación en la vida concreta, donde la ley y el derecho deberían resolver los conflictos”, apuntó.

Por otro lado, dijo que la designación improvisada de jueces casi no toma en cuenta los méritos y la experticia en la administración de justicia, ya que en la mayoría de los nombramientos es suficiente el título de abogado y algunos años de ejercicio, creyendo que un buen abogado puede ser un buen juez, y no se tiene claridad respecto al perfil profesional que deben tener estos últimos.

“Los concursos de méritos y exámenes de competencia son casi una parodia, ya que sin la presencia de universidades y colegios profesionales están librados a la discrecionalidad de los consejeros de la Magistratura, que no solo digitan partidariamente los nombramientos, sino que hacen negocio con los cargos”, lamentó.

Apuntó que la práctica judicial, que se la aprende desde los puestos auxiliares, no es sino el aprendizaje de una rutina caracterizada por el papeleo, la burocracia, la chicana, la retardación y la coima.

“No se han planteado aún, como parte de la educación superior, los postgrados para jueces y fiscales que deberían ser prerrequisitos para los nombramientos. Esta formación especializada ha tratado de ser atendida con escuelas de jueces que de manera precaria y discontinua han implementado los Consejos de la Judicatura y la Magistratura”, dijo.

Por otro lado, manifestó que la corrupción en el comportamiento público de los operadores de justicia es el agravante de la falta de idoneidad profesional que retroalimenta la carencia de formación y experiencia.

“Se trata de una grave carencia ética de orden personal, pero que está muy vinculada a las características de la administración de justicia donde cada actuación procesal tiene una tarifa, fuera de cualquier arancel, impuesta por la rutina. Eso de que la justicia es gratuita es un cuento que se desnuda no solo con motivo del honorario de los abogados, sin cuyo concurso casi no se puede acceder a los jueces, sino porque todos los innumerables actuados judiciales, tienen un precio que ni siquiera se lo considera ya como un soborno; amén del tiempo que el litigante tiene que destinar a los trámites. Hay jueces que cobran por sus fallos, lo que es fomentado por abogados que incluyen en su arancel un monto destinado a jueces y fiscales con o sin conocimiento de ellos”, lamentó.

En ese marco, dijo que la ausencia de idoneidad profesional y personal en los administradores de justicia deriva en la carencia de eficiencia del sistema y la retardación de justicia, incumplimiento de plazos, eternización de los juicios, la sobrecarga procesal, la no resolución de los conflictos, el hacinamiento carcelario y el “cuasi” colapso del sistema dan cuenta de ello.

“La ineficiencia está apañada por la ausencia de mediciones, evaluaciones y controles del desempeño de los jueces, a través de parámetros y estándares que mínimamente deben cumplirse. Se supone que hay sobrecarga de trabajo que se incrementa cada año, que el número de jueces no es suficiente, pero no se sabe a ciencia cierta si el trabajo de los jueces está bien hecho en términos de cantidad y calidad mínimos. ¿Cuántos juicios deberían resolver un juez al año?

¿Cuál debería ser la duración máxima de un proceso? ¿Será que todos los jueces y juzgados tienen la misma carga procesal? Difícil saberlo sin estadísticas ni datos fidedignos que no tiene o que oculta el Consejo de la Magistratura, y que impiden dimensionar la ineficiencia judicial en nuestro medio. El desastre judicial se completa con el miserable presupuesto judicial, los bajos sueldos, la infraestructura penosa, y la injerencia partidaria”, lamentó.

Aseguró que sin un verdadero Consejo de la Magistratura y con presupuestos miserables no tendremos ni idoneidad ni eficiencia, y la anunciada Reforma Judicial, solo será una pose demagógica.

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