Seis meses de cuarentena y tensión en Argentina

Seis meses de cuarentena y tensión en Argentina

El país teme una de sus cíclicas explosiones sociales.

Argentina cumple esta semana seis meses de cuarentena en un clima de tensión creciente que solo necesita una chispa para producir una de esas explosiones sociales que los argentinos temen perpetuamente. La última mecha ha sido prendida por un reclamo salarial de la Policía Bonaerense, la mayor fuerza policial del país, y el presidente peronista Alberto Fernández tuvo que salir personalmente a apagarla después de que un centenar de agentes, uniformados y portando sus armas reglamentarias, se apostaran a las puertas de su residencia oficial en la Quinta de Olivos. Sucedió el miércoles e hizo saltar todas las alarmas en un país instalado en la convulsión política.

El conflicto se resolvió el jueves, después de que el gobernador kirchnerista de Buenos Aires, Áxel Kicillof, anunciara un aumento de sueldo y otros beneficios. Así, un agente provincial de la escala básica pasará de cobrar unos 245 euros al mes, a 327 euros, incluyendo un aumento en el plus para la compra y mantenimiento de su propio uniforme. Un incremento del 36%, lejos del 56% exigido, teniendo en cuenta la galopante inflación anual del 42%, contenida ahora por la pandemia y que se teme que se dispare cuando finalice el confinamiento. Estos importes no son un error: la hora extra pasará de 0,2 a 0,8 céntimos de euro.

Piquetes policiales armados han llegado a pedir un aumento de salario en la residencia presidencial

Cientos de policías –muchos de servicio y con sus coches patrulla- que se habían concentrado desde el lunes pasado en varios lugares de la provincia regresaron a sus casas o al trabajo, dejando un sabor agridulce entre los bonaerenses, que siguieron la crisis en directo por televisión con el temor de que la ausencia de los empobrecidos agentes generara un aumento súbito de la inseguridad, como el que ya se estaba notando debido a la crisis económica, especialmente en el extrarradio de la capital. Por otra parte, los ingresos de los uniformados también menguaron por culpa de la pandemia, pues todos los policías del país complementan sus ingresos oficiales con los llamados “adicionales”, dinero que cobran de comercios, empresas o clubes de fútbol por prestar servicios de seguridad y que, a causa del parón en la actividad económica, han perdido en estos meses.

Siempre es difícil desentrañar las motivaciones subterráneas de los conflictos peronistas, pero está claro que la intervención de Fernández dio a entender que la protesta iba más allá de una inédita reivindicación policial de aumento de sueldo con formas piqueteras. Y armados. “Puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda; lo que no estoy dispuesto es a aceptar ciertas formas de la demanda que no tienen que ver con la vida democrática”, dijo el mandatario al comparecer por televisión el miércoles por la noche y adelantar la subida salarial que al día siguiente concretaría Kicillof. Poco antes, Fernández había pedido en un tuit que no acudiera a las puertas de su residencia un grupo piquetero de apoyo que había expresado su intención de ir en defensa del presidente ante el amedrentamiento policial.

Tanto Fernández como Kicillof dejaron una imagen de improvisación, debilidad política y de no entender bien qué estaba sucediendo. Los líderes de los agentes que se manifestaban en otros puntos de la provincia se habían desmarcado de los policías que asediaban la residencia presidencial, pero aún así el mandatario envió a su portavoz y su secretario a la puerta para hacer entrar, sin éxito, a algún representante de los uniformados para hablar con Fernández.

Al día siguiente, al anunciar el aumento de sueldo y antes de la desmovilización policial, Kicillof se refirió a “imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos” que “no deben volver a repetirse”. El gobernador demostró su desorientación al agregar que si tras el incremento salarial los uniformados no cesaban la protesta “vamos a comprender que es una cuestión política y una cosa totalmente distinta”.

Por otra parte, Fernández había resuelto el problema creando otro, ya que para que la principal provincia de Argentina pudiera subir los sueldos a la policía le quitó 200 millones anuales a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición macrista, poniendo fin a la luna de miel con el alcalde de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, que se había alineado a la Casa Rosada en esta larga cuarentena de medio año.

La Policía de la provincia de Buenos Aires –que no incluye a la capital- cuenta con 90.000 efectivos y arrastra un historial de descrédito, corrupción, participación de sus miembros en delitos o abuso de la fuerza. El último escándalo, todavía bajo investigación, es la muerte violenta del joven de 22 años, Facundo Astudillo, cuyo cadáver apareció sin vida semanas después de desaparecer tras ser detenido en un control policial en la ciudad de Bahía Blanca.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia es Sergio Berni, un polémico militar retirado encuadrado en el ala conservadora del peronismo que responde directamente a las órdenes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y acostumbra a participar directamente en los operativos policiales. Omnipresente mediáticamente en las últimas semanas, Berni no esconde sus aspiraciones presidenciales y ha guardado un llamativo silencio durante la crisis. Una fuente cercana al ministro dijo a La Vanguardia que la situación creada por la movilización policial era “muy compleja”, dando a entender que no solo se trataba de una reivindicación salarial.

La protesta de la policía se produjo unos días después de que el expresidente peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) advirtiera de la posibilidad de un golpe de estado y se mostró convencido de que las elecciones legislativas del año que viene no llegarían a celebrarse. Duhalde ha quedado en el imaginario colectivo argentino como el líder peronista que azuzó las movilizaciones y piquetes que llevaron a la caída del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001) en plena crisis económica por el corralito. Aquella crisis sucedió en diciembre y transitó una negra Navidad. Desde entonces, ese mes en que se instalan el calor y el verano austral siempre son sinónimos en Argentina de desestabilización social si hay crisis económica. Y muchos economistas y analistas ya comparan la situación actual con la de hace dos décadas.

El conflicto policial se detuvo pero otros colectivos, como el sanitario, ya anuncian movilizaciones para pedir aumentos salariales mientras el 36% de los argentinos vive ya bajo la línea de la pobreza. Una combinación explosiva.

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