Río de Janeiro grita “Policía asesina”

Río de Janeiro grita “Policía asesina”

Las fuerzas de seguridad mataron a 1.500 personas en el 2018, el 38% de los crímenes violentos

La calle está tranquila. La gente hace sus compras habituales en la rúa Teixeira Ribeiro. Hay más de 3.000 negocios en el complejo de favelas de Maré, el más grande de Río de Janeiro, y los más cotizados están aquí. Hay dos supermercados, varios bares y restaurantes, tiendas
de ropa y electrónica, y muchos salones de belleza. Los cables eléctricos forman una tupida malla negra que cose el cielo y acentúa la opresión que sufren las 140.000 personas que viven en estos cuatro kilómetros cuadrados de miseria y violencia.

Un adolescente se pasea en una moto de gran cilindrada. Cruzado sobre su espalda baila un fusil de asalto AK-47. Vigila la calle, los puntos de venta de crack y marihuana. Circula frente a una panadería mientras Flávio da Silva Ferreira despacha detrás del mostrador. “Hoy está todo tranquilo”, dice. No ha tenido que bajar la persiana para protegerse de la policía y los traficantes, jóvenes negros que morirán a los 24 años. Esta es la edad media de los muertos por los asaltos, las redadas y los tiroteos en las calles de Maré.

Morir joven y hacerlo sin collares y relojes de oro. Así es el final de los pequeños narcos, la base operativa de un crimen organizado que tiene sus jefes lejos de Maré. “Aquí se lucha por el territorio y se mueve la droga a cambio de un dinero que sirve para pagar la vida y poco más”, explica la activista Maira Gabriel. La gran recompensa, además de la paga, es lucir las armas, a plena luz del día, a lomos de una motocicleta en la rúa Teixeira Ribeiro.

La policía calcula que hay 700 vecinos de Maré implicados en el narcotráfico. Junto a las dos grandes mafias brasileñas –el Comando Vermelho y Tercer Comando Puro– funciona también una milicia de expolicías y exmilitares, especialmente activa desde que el neofascista Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil a principios de año.

Hay medio centenar de milicias en Río, alentadas por la llamada del presidente a la autodefensa civil. Las milicias son herederas de los escuadrones de la muerte de la última dictadura militar (1964-1985). Disputan al narco sus territorios porque también ellas pasan droga y extorsionan a la población. La policía es cómplice y aliada. “El Estado apoya a las milicias, y las milicias se convierten en el Estado allí donde imponen su ley”, explica Eliana Sousa, defensora de los derechos humanos y abanderada de la oenegé Redes da Maré. “No son un Estado paralelo –afirma–, son el Estado, el brazo ejecutor de las acciones criminales del Estado. Varios reconocidos milicianos son hoy diputados en la asamblea del Estado de Río de Janeiro”.

La policía de Río de Janeiro es la más letal de Brasil. El año pasado mató a cerca de 1.500 personas, el 38% de todas las muertes violentas en el estado, y Silvia Ramos, responsable del Centro de Estudios para la Seguridad Pública y la Ciudadanía, considera que estas cifras se superarán ese año. “El principio policial de más efectividad y menos letalidad se ha invertido –asegura–. Vamos camino de que la policía cause la mitad de las muertes violentas”.

“El valor de la vida no es el mismo aquí en Maré que fuera del complejo porque la vida no se garantiza de la misma manera”, señala Eliana Sousa. “Fuera, la policía trabaja para proteger la vida de las personas, pero aquí no, aquí todos somos criminales, todos somos enemigos del Estado, y vivir aquí es un riesgo mayor que hacerlo fuera porque aquí nunca sabemos cuando va a entrar la policía en nuestras casas”.

Los vecinos de Maré gritaron “policía, asesina” cuando a principios de mayo, en plena tarde, con las calles tan llenas como durante nuestro paseo de la semana pasada, ocho personas murieron tiroteadas desde helicópteros. Los helicópteros son ahora plataformas de tiro indiscriminado. Cuatro veces en lo que va de año han atacado Maré. El gobernador Wilson Witzel, aliado de Bolsonaro, participó en una de estas operaciones, vestido de policía, fusil en mano, disparando desde el aire, sin distinguir a los narcos de los civiles, recomendando a los agentes que apunten a la cabeza de los sospechosos.

“Aquí todos somos enemigos en esta lógica militar de guerra al narco”, se lamenta Eliana Sousa mientras que su colega Renata Souza, legisladora en la asamblea de Río, denuncia ejecuciones sumarísimas a manos de un Estado “policial, bárbaro y genocida”.

Renata y Eliana fueron compañeras de Marielle Franco, activista como ellas, hijas todas de Maré. Marielle fue concejal en el Ayuntamiento de Río y miembro de la comisión de derechos humanos en la asamblea estatal. Hace un año, dos milicianos, vinculados de forma indirecta con Bolsonaro, le metieron tres tiros en la cabeza dentro de su coche oficial. Había denunciado la violencia policial y la corrupción de políticos y empresarios, tanto en el transporte público como en las infraestructuras que se levantaron para los Juegos Olímpicos del 2016. Era negra, progresista y lesbiana, un símbolo que hoy sigue vivo en las calles de Río.

Río de Janeiro, que fue olímpica hace apenas tres años, está en bancarrota a pesar de que produce el 70% del petróleo de Brasil, la novena economía del mundo. Las torres de oficinas del centro histórico, los apartamentos de lujo en Copacabana, Ipanema, Leblón y Barra da Tijuca, donde vivía Bolsonaro, tan cerca de las favelas en las que malviven 1,5 millones de personas (20% de la población), son prueba de la gran desigualdad que tensiona Brasil, así como del racismo y la cleptocracia, males institucionales e indelebles que lastran el crecimiento y la convivencia desde el nacimiento de la república en 1889.

Bolsonaro y su equipo hablan mal de los afrobrasileños, más de la mitad de la población. Dicen que son vagos y maleantes, gente asocial e inferior, insultos que los degradan a una ciudadanía de segunda clase. Esta deshumanización facilita la violencia policial y la aquiescencia de una clase media arruinada también por la crisis y anhelante de un mesías redentor. Tanto da que sea un nostálgico de las dictaduras como Bolsonaro o un socialista salpicado por la corrupción como Lula.

Brasil fue el último país en abolir la esclavitud (1888). Negros, indígenas y mestizos aún no tienen las mismas oportunidades que los blancos, y las favelas son mayoritariamente de ellos. Tres de cada cuatro hogares les pertenecen.

Romper el círculo de xenofobia, pobreza, violencia y falta de educación es casi imposible, tanto como superar el miedo a la policía y tomar conciencia de que el derecho a la seguridad es un derecho fundamental.

“El habitante de la favela –explica Eliana Sousa– no ve al policía como un servidor público, alguien como un médico o un maestro que trabaja para el bien de la comunidad, porque su presencia es siempre violenta”. Fernanda Viana, activista de Redes da Maré, considera que “las redadas policiales son tan sistemáticas, el abuso de la fuerza tan evidente, la impunidad de los agentes tan clamorosa, que estamos en un estado de guerra permanente”.

Eliana Sousa trabaja para que los favelados pierdan el miedo y tomen conciencia de su derecho a la seguridad, de la obligación del Estado de protegerlos y no considerarlos enemigos. Ha puesto en marcha un programa pionero que llama Acción Civil Pública. Consiste en documentar las redadas policiales –fácil en la era de los teléfonos inteligentes– y convencer a las víctimas de que denuncien la opresión, las violaciones y los asesinatos, algo, sin embargo, muy difícil a pesar del apoyo psicológico y legal que ofrece. El instinto del más vulnerable, del más habituado a la experiencia de la violencia y el dolor, siempre es el silencio.

A lo largo de casi todo el 2018, el ejército asumió la seguridad en Río. Las tropas se retiraron con el año nuevo y su lugar volvió a ocuparlo la policía militar. Bolsonaro y Witzel alardean de los muertos. “El policía que no mata no es policía”, ha dicho el presidente.

Otras ciudades azotadas por el narco, como Medellín y Belo Horizonte, han superado la violencia combinando la inteligencia policial para descabezar a las bandas con las inversiones sociales, especialmente en educación y sanidad, y programas de integración económica. Río de Janeiro avanza en sentido contrario.

Eliana reta al Estado, denuncia que el combate de la violencia con más violencia no conduce a nada. Es la cara de la resistencia y un objetivo fácil para las milicias. A pesar de figurar en la lista de los sicarios de Marielle, no tiene protección especial. Las amenazas de muerte la asustan pero no la silencian. Le pregunto si ha pensado en exiliarse, como tantos otros activistas de los derechos humanos, y reconoce que sí, pero que no podría hacerlo. “Me moriría lejos de aquí”.

Nos despedimos al ponerse el sol. Hay partido de fútbol en un campo enmoquetado de verde. Muchos jugadores llevan camisetas del Flamengo. Entran duro. No hay árbitro. Los autobuses van llenos, los puestos de venta ambulante se preparan para el mejor momento del día. La policía patrulla, la pobreza ahoga y la muerte acecha.

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