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Retenciones al agro, proteccionismo y crédito subsidiado: Alberto Fernández prepara su plan

Retenciones al agro, proteccionismo y crédito subsidiado: Alberto Fernández prepara su plan

El presidente electo argentino dio pistas sobre cuáles serán las prioridades en el arranque de su gestión. Hay temor por el conflicto social y por el riesgo de una aceleración inflacionaria

Son horas de intensa especulación en Argentina. Alberto Fernández juega al secretismo con algunas de sus decisiones más importantes, lo cual alimenta los rumores sobre cómo será el arranque de su gestión.

Es por eso que el deporte preferido de los argentinos en este momento es decodificar las señales políticas. Por ejemplo, para determinar si el presidente electo correrá el riesgo de empezar su gestión con una gran expansión monetaria para impulsar un shock de consumo o si se mantendrá con relativa ortodoxia ante el temor de una aceleración inflacionaria.

O si ya tiene definido que habrá una suspensión del pago de la deuda pública, lo que implicaría una vez más caer en default con los fondos de inversión –y acaso con el mismísimo Fondo Monetario Internacional- y cerrar por muchos años la posibilidad de acceso al crédito.

Algunas frases del presidente parecen confirmar una posición dura en ese sentido. Por ejemplo, en su reciente discurso ante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, dijo:

―No vamos a dejar que compromisos absurdos asumidos afecten a la industria. Vamos a pagar el día que podamos generar dólares para pagar nuestras deudas‖.

Los industriales aplaudieron con entusiasmo, porque Fernández planteó la situación en términos de disyuntiva: o se impulsa a la industria para volver a generar empleo o se privilegia a la ―especulación financiera‖.

Y no dudó en desempolvar las viejas fórmulas proteccionistas, aun a riesgo de tensar más la relación con Brasil y los demás socios comerciales.

No voy a traer camisetas o pantalones de China, bicicletas de Corea o zapatos de Brasil para que nuestra producción siga cayendo‖, dijo para el beneplácito de los empresarios. En ese mismo evento, los dirigentes industriales plantearon un panorama sombrío: estimaron que será necesario un crecimiento del producto industrial a una tasa de 4% anual durante una década entera para recién entonces poder volver al nivel de producción que había en año 2009.

Buscando el ajuste por consenso

Pero es claro que no todos aplauden. Mientras los industriales sonríen, hay otros que ya asumen que les tocará el rol de ser los perdedores del nuevo modelo económico y se preparan para resistir.

Por caso, los productores agropecuarios, que asumen que el nuevo gobierno peronista querrá subir las retenciones a la exportación hasta un nivel de 35%. Esto motiva a que en estos días haya una gran liquidación de dólares, por parte de los sojeros que se apuran a vender su stock.

Eso es, en gran medida, lo que explica la calma del dólar, que parece anestesiado en su nivel de 63 pesos argentinos, en un contexto en el que los sojeros venden y el único comprador autorizado es el Banco Central.

Pero empieza a sospecharse que esa calma es un fenómeno pasajero y que habrá turbulencias ya en las primeras semanas del nuevo presidente.

En el plano financiero, porque la actual tranquilidad sólo se explica por la dureza de un ―cepo‖ cambiario que no es sostenible en el tiempo, dado que la demanda por dólares se recompondrá más temprano que tarde. Y de hecho, el dólar paralelo –el famoso ―blue‖- que en las últimas semanas había estado casi al nivel del oficial, ya comenzó a despegarse hasta ubicarse un 27% por encima.

Y en el plano social, la turbulencia podría llegar por la protesta de los productores rurales, que ya avisaron que están dispuestos a ―resistir al costado de las rutas‖. Es un lenguaje bélico que preocupa mucho a Fernández porque le trae reminiscencias del duro y extenso conflicto de 2008. En aquel entonces, cuando él ocupaba el cargo de jefe de gabinete de Cristina Kirchner, una medida que se había pensado como una forma de alivio fiscal sin mayores consecuencias se transformó en la chispa de la ―grieta‖ que dividió al país durante una década.

El presidente se está asesorando con expertos en comunicación política sobre cómo implementar estas medidas sin que se genere conflicto. Y parte central de su estrategia es el llamado a una mesa de diálogo social.

Básicamente, el diagnóstico de Fernández es que ciertas medidas del gobierno de Cristina habían sido resistidas porque fueron impuestas, sin una instancia previa de consenso. En consecuencia, quiere que temas como las retenciones al agro, el cepo cambiario, el intervencionismo económico y los subsidios compulsivos pasen primero por un debate que incluya a los empresarios.

Presidencia Argentina

Los banqueros ya asumen que se reeditará una experiencia del gobierno kirchnerista: el direccionamiento compulsivo del crédito a una tasa subsidiada para las pymes industriales. No habrá quejas al respecto, y de hecho están analizando la forma de generar nuevos negocios en ese ámbito. Pero al mismo tiempo prevén que el negocio se achicará y por eso se están produciendo despidos en masa en el sector bancario.

Alberto se aferra al stand by‖

En ese contexto de tensa calma, el tema que todos siguen con lupa es el de la renegociación de la deuda pública.

Alberto Fernández ha repetido hasta el cansancio que no quiere caer en default y mantiene su esperanza de replicar el modelo uruguayo de 2003, cuando durante el gobierno de Jorge Batlle se llegó a un acuerdo con los acreedores para mejorar los plazos de pago sin hacer quitas de capital.

Pero es una salida que muchos ven como de muy difícil concreción. Lo que ha trascendido es que Alberto quiere que el FMI deje en suspenso los desembolsos  que faltan en el marco del acuerdo firmado con Macri –unos US$ 11.000 millones-. Y que, como contrapartida, el FMI acepte posponer los vencimientos dos años.

Pero ahí hay un problema, porque el presidente electo no quiere que le hagan firmar el ―acuerdo de facilidades extendidas‖, que es el tipo de trato que se suscribe en estos casos. Y no lo quiere firmar porque eso implica casi tener al FMI dentro de la Casa Rosada. Supone la llegada de misiones mensuales para el monitoreo de la economía y la imposición de duras metas fiscales.

En cambio, lo que quiere Alberto es que siga vigente el actual acuerdo ―stand by‖, que implica un monitoreo más relajado, y quiere que le permitan cierta laxitud fiscal hasta que la economía haya retomado el crecimiento.

Es un plan al que muchos le asignan pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, hay una negociación en curso. En el equipo del presidente electo creen que finalmente el FMI va a dar su apoyo, entre otras cosas, porque a nadie le sirve otro default de Argentina, que acaba de recibir el mayor préstamo de la historia del fondo. Son US$ 58.000 millones, aprobados por presión del gobierno estadounidense y con reticencia del ―ala dura‖ del organismo. De manera que un acuerdo con Argentina se hace imprescindible para toda la plana directriz del FMI.

Mientras tanto, Alberto debe hacer frente, solo en los primeros seis meses de su mandato, a vencimientos por US$ 10.000 millones. Como la mayoría de esos títulos fueron emitidos bajo ley argentina –es decir, no hay posibilidad de juicios en Estados Unidos como los planteados por los ―fondos buitre‖- muchos dan por descontado que habrá una reprogramación unilateral de los vencimientos.

Pero aun asumiendo esa situación, los economistas no ocultan su preocupación: ven cómo, ya definitivamente lejos de la meta de ―emisión cero‖, el Banco Central acaba de prender otra vez la maquinita‖ de emitir dinero. Bajo la forma de adelantos transitorios al Tesoro le transfirió 20.000 millones de pesos.

Semanas antes, un decreto de Mauricio Macri había autorizado la financiación del Central por hasta 400.000 millones.

El temor de los analistas es que, en un marco de desplome de la demanda de dinero, se reedite el fenómeno de los años ‘80, de una espiralización de la inflación.

Por ahora, el riesgo no existe, porque en todos los fines de año hay un aumento estacional de la demanda de pesos, dado que tanto el Estado como las empresas necesitan pagar vencimientos, aguinaldos y otras obligaciones. Pero ese fenómeno se termina en el verano, y hay dudas sobre si el Central podrá absorber los pesos sobrantes.

Es por eso que en los informes que circulan por la City porteña ya se habla sobre el riesgo de hiperinflación.

¿Y dónde está el ministro?

Si hay un tema que tiene nerviosos a los empresarios y banqueros, y en general a todos los que siguen la economía, es que no se ha nombrado a un ministro ni se ha explicitado cuál sería el plan.

Ha habido una danza de nombres, primero se habló de Roberto Lavagna, el preferido de Alberto Fernández, que lideró la recuperación económica tras el desplome del 2001. Pero el veterano economista prefiere estar en un puesto de menor exposición.

Fue ahí que se habló de Emmanuel Alvarez Agis, un exviceministro de Cristina Kirchner que tiene buena aceptación en el mercado, pero luego se comentó que no tenía consenso político en el peronismo.

Después de eso se dio como un hecho que el ministro sería Matías Kulfas, el coordinador de los equipos de Alberto Fernández. Pero es un hombre con poca experiencia en el mercado de capitales y se prefirió ubicarlo como ministro de la producción.

También se habló de Martín Redrado, alguien muy reconocido, que pasó por el Banco Central y que goza de la confianza de Alberto Fernández, pero todo indica que fue vetado por Cristina Kirchner. Ocurre que Redrado fue testigo en contra de la ex presidente en una causa judicial sobre maniobras con los contratos de futuros del dólar, y Cristina no es el tipo de personas que olviden fácilmente ese tipo de situación.

Había un candidato que parecía con mayor consenso, Guillermo Nielsen, el exnegociador de la deuda argentina en 2005 con Néstor Kirchner. Nielsen ya había empezado informalmente a dialogar con el Fondo Monetario y con bancos acreedores, pero en los últimos días su candidatura se enfrió, al punto que las conversaciones con acreedores se suspendieron.

Se rumoreó entonces sobre un ―tapado‖, que podría ser Martín Guzmán, un joven economista que vive en Estados Unidos y que trabaja con el premio nobel Joseph Stiglitz, un amigo personal de Cristina Kirchner y referente de la corriente keynesiana. Pero tampoco se llegó a confirmar.

La cuestión es que no se sabe si es que Alberto Fernández está jugando al secretismo como una estrategia de comunicación política o si es que realmente no tiene equipo ni plan. Y eso tiene nerviosos a los inversores, que creen que esas  indefiniciones explican la suba del riesgo país de los últimos días.

 

 

 

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