República catalana, amnistía para independentistas y nueva Justicia: la ley de ruptura, punto por punto

República catalana, amnistía para independentistas y nueva Justicia: la ley de ruptura, punto por punto

Prevé ser la norma suprema hasta que haya constitución catalana JxSí y la CUP quieren anular condenas como la de Mas por el 9-N. Con esta norma, el 'caso Pujol' pasaría a los juzgados catalanes

Tras semanas de tensiones entre los partidos independentistas sobre la hoja de ruta de ruptura, JxSí y la CUP registraron ayer en el Parlament la "Proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República". Tienen el objetivo de aprobarla antes del referéndum que quieren celebrar el 1 de octubre, aunque evitaron concretar cómo la tramitarán.

Lo que sí deja claro el texto es que los independentistas quieren asegurarse una amnistía legal si gana el sí el 1 de octubre. En ese caso, entrará en vigor la ley de transitoriedad como "ley suprema" mientras no se apruebe la Constitución catalana, lo que tardará alrededor de un año, según los grupos parlamentarios impulsores.

El texto de la proposición de ley recoge la creación de un nuevo poder judicial catalán, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo, y en este nuevo contexto los juzgados "sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".

Este apartado abarcaría desde la condena al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros entonces consejeros catalanes por la consulta del 9 de noviembre de 2014, hasta los procesos abiertos actualmente contra miembros de la Mesa del Parlament, así como cualquier medida que pueda llegar contra la ley del referéndum y la propia de transitoriedad, entre otros.

El resto de procesos judiciales en marcha en cualquier tribunal del resto de España sobre casos catalanes pasarán a ser juzgados en Cataluña, con un plazo de dos meses para que las partes presenten toda la documentación. Ello incluye los procedimientos de la Audiencia Nacional -como el caso Pujol-, el Tribunal Supremo y los recursos de amparo al Tribunal Constitucional. En el caso de que pueda haber "situaciones de indefensión", los procedimientos se retomarán desde el inicio, mientras que las sentencias firmes no se verán afectadas por la ley de transitoriedad.

La CUP busca votos del 'no'

La proposición de ley del referéndum no prevé un mínimo de participación para dar validez a la votación y que sea vinculante, lo que fue esgrimido ayer por el diputado de la CUP, Benet Salellas, para intentar ganar legitimidad el 1 de octubre movilizando a votantes del no: "Las personas que no quieran que nazca esta república catalana también están interpeladas a votar el 1 de octubre".

El diputado de JxSí Lluís Corominas quiso contraponer su postura a la de "los que intentan imponer el no sin votar" y argumentó: "Lo que hemos querido es que los partidarios del sí tengan también un marco jurídico claro. No queremos imponer la opción del sí, queremos dar transparencia y contenido a la propuesta del día siguiente si gana el sí". En cualquier caso, faltan 34 días para el referéndum y todavía no está ni admitida a trámite su normativa.

Respecto a la proposición de ley de transitoriedad, su espíritu general es que la Administración de la Generalitat sucede a la del Estado en todos sus aspectos. También recoge que el presidente de la Generalitat será temporalmente el jefe de Estado, y que la atribución de la nacionalidad catalana "no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra". El texto no menciona al ejército, pero JxSí y la CUP señalaron que dejará de tener jurisdicción en Cataluña.

Las normas locales, autonómicas y estatales se seguirán aplicando en lo que no "contravenga" la ley de transitoriedad, y también se seguirá aplicando el derecho europeo y el internacional, así como los tratados. Además, el Govern prevé aprobar diversos decretos para desarrollar esta ley de transición.

El capítulo financiero es de los más imprecisos del documento: erige a la Generalitat como autoridad tributaria, de la seguridad social, aduanera y catastral en Cataluña, que realizará "la actuaciones derivadas de la aplicación de los tratados y convenios internacionales". También adoptará "las medidas necesarias" para evitar "consecuencias económicas negativas" y "medidas sancionadoras" a las personas y entidades que abonen los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social a la Generalitat en vez de al Estado.

Los puntos 'fuertes'

Entrada en vigor

Solo entrará en vigor si gana el 'sí' en el referéndum previsto para el 1 de octubre, cuya proposición de ley no contempla un mínimo de participación para que sea vinculante. El nuevo marco jurídico se desplegaría "de forma inmediata" para evitar vacíos legales.

Paso previo a la Constitución catalana

Prevé ser la norma suprema hasta la Constitución catalana, lo que puede tardar un año: seis meses de proceso participativo y otros seis meses para celebrar elecciones constituyentes y elaborar y aprobar por mayoría absoluta del pleno la propuesta de texto, que deberá ser ratificado en referéndum y dar paso a nuevas elecciones, ya que entonces se disolverá la Asamblea Constituyente y dejará de ser vigente la ley de transitoriedad.

Máxima continuidad posible

Con la vista puesta en la seguridad jurídica, el texto prevé la continuidad de la legislación vigente hasta ahora excepto en lo que contravenga al proceso de independencia, ya que será la Generalitat la máxima administración con competencias en Cataluña en cualquier ámbito, sucediendo a la administración estatal. Los cambios futuros en normativas españolas ya no serán de aplicación en Cataluña, pero sí las modificaciones de las normas europeas. Asimismo, la administración catalana seguirá el Derecho y tratados internacionales.

República catalana

La proposición de ley se denomina de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, y mientras no haya nueva Constitución, el presidente de la Generalitat asume también el rol de jefe de Estado.

Funcionarios estatales

El texto contempla la continuidad de los funcionarios que ahora trabajan para la administración del Estado en Cataluña en las mismas condiciones, pero pasando a trabajar para la administración catalana, a no ser que renuncien a su plaza. Además, se requerirá la nacionalidad catalana para los puestos de trabajo de "impliquen el ejercicio de poder público y la salvaguarda de intereses generales". Las disposiciones que deberán desarrollar esta ley también pretenden que el personal del Estado español que preste sus servicios fuera de Cataluña y tenga nacionalidad catalana pueda solicitar su integración en la administración de la Generalitat.

Nacionalidad catalana

Obtendrán la nacionalidad catalana todos los ciudadanos con nacionalidad española empadronados en Cataluña a 31 de diciembre de 2016, los nacidos en Cataluña y aquellos que tenga algún progenitor catalán, como principales supuestos. Los extranjeros que acrediten cinco años de residencia legal y continuada también podrán pedir la nacionalidad catalana. La atribución de la nacionalidad catalana no exigirá la renuncia a la española.

Nuevo sistema judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasará a ser el Tribunal Supremo, y el Consejo de Garantías Estatutarias será el Consejo de Garantías Democráticas y sus dictámenes serán vinculantes. Todos los casos catalanes en trámite actualmente en tribunales del resto de España pasarán a la jurisdicción catalana si todavía no tienen sentencia firme. El Fiscal general de Cataluña lo nombrará el Parlament a propuesta del Govern.

Rupturistas sin cargos

Los juzgados anularán los procesos penales contra "investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".

Prestaciones

La Ley de Transitoriedad reconoce el derecho a percibir prestaciones sociales públicas y a la protección social, incluyendo la pobreza energética y el riesgo de exclusión por falta de vivienda. También reconoce los periodos de cotización a la seguridad social acumulados en Cataluña y en otros Estados según las normas internacionales.

Acuerdos con el Estado

La Generalitat intentará alcanzar acuerdos con el Estado en materias como contratos, convenios, personal, y derechos y obligaciones económicos y financieros.

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