Proveedores de empresas catalanas empiezan a exigir cobrar al contado

Proveedores de empresas catalanas empiezan a exigir cobrar al contado

El Gobierno constata que proveedores de empresas catalanas exigen cobrar de inmediato ante la inseguridad jurídica. El número de empresas a la fuga se eleva ya a 1.302 tras otras 117 salidas en vísperas del artículo 155

La incertidumbre en Cataluña provoca que las empresas catalanas vuelvan a tener problemas financieros, pese a la recuperación económica y los bajos tipos de interés.

Una insólita muestra es que proveedores de empresas catalanas han empezado a exigirles pago al contado de sus servicios o productos para evitar inseguridades de cobro futuras. Así lo ha detectado ya el Gobierno, según los informes en poder del presidente, Mariano Rajoy, que considera esta restricción financiera uno de los factores que obliga a tomar el control de la Generalitat.

El propio Rajoy anunció el pasado sábado que ya ha empezado «un grave problema de contracción de crédito», pero no precisó detalles. Fuentes gubernamentales aseguran a EL MUNDO que el presidente se refería a que que la banca catalana se ha encontrado con la necesidad de acudir más de lo normal al Banco Central Europeo (BCE) y que los proveedores se niegan a cobrar con la paciencia que sí mantienen con otras comunidades autónomas. Según esta versión, al exigir pago el contado, estos proveedores ponen en serios problemas de tesorería a empresasacostumbradas a plazos más dilatados y es uno de los incentivos que están provocando cambios de sede social y fiscal. También apuntan que hay indicadores adelantados de que las empresas catalanas están posponiendo decisiones de inversión y que se ha reducido su cartera de pedidos.

En Moncloa no dan más detalles sobre CaixaBank y Sabadell, que son claves para la financiación de las empresas catalanas, pero, según un informe de Goldman Sachs, tuvieron ellos mismos que recurrir a financiación en los días más duros tras el 1-O. Llegaron a pedir 17.500 millones de en esas fechas que después pudieron devolver. Fuentes gubernamentales señalaron que la continuidad de la incertidumbre perjudica la financiación de estos bancos. Según dijo el propio Rajoy el pasado sábado, este fenómeno irá a más si no se restaura ya la legalidad. Apuntó que una declaración de independencia llevaría a «una coyuntura económica insostenible». El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el pasado jueves en el Congreso de los Diputados que «si Cataluña quedara fuera de la zona euro, inmediatamente todos los activos catalanes -deuda pública, créditos concedidos, etcétera- no serían elegibles ya como garantía para las ventanas de liquidez y, por lo tanto, la restricción crediticia que se produciría en Cataluña sería brutal». En su opinión, «la contracción de los flujos de crédito de los años 2011, 2012 o 2013 sería un chiste comparado con lo que podría ocurrir», afirmó dirigiéndose al portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón.

Mientras tanto, la fuga de empresas continúa a fuerte ritmo sin que el anuncio de aplicación del artículo 155 de la Constitución frene la sangría. El número de traslados de sede social asciende ya a 1.302 desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, según datos oficiales correspondientes al pasado viernes día 20. En ese día salieron otras 117 empresas, pese a que el Gobierno ya había anunciado un Consejo de Ministros extraordinario para activar el artículo 155. Eso no evitó nuevas salidas, aunque sí fueron inferiores a las del día anterior en que se alcanzó un récord de 268 empresas que se mudaron. No obstante, el viernes se registró el segundo peor dato desde que el pasado día 10 el presidente de la Generalitat,Carles Puigdemont, anunciara la declaración de la independencia y su suspensión para abrir «un diálogo».

Se unieron a la salidas empresas como Invacare, proveedora de material ortopédico y que en España -ver información adjunta- dirige Ester Puigdemont, prima del presidente de la Generalitat. Según Efe, ha decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña «debido a la situación política». También la fabricante de electrodométicos Cata, que elige Madrid como nuevo emplazamiento.

Continúan con sede en Cataluña empresas importantes como Grifols o la siderúrgica Celsa, que afirmó ayer que «ni tiene decidido ni contempla cambio alguno en ninguna de las localizaciones de sus empresas mientras no haya una modificación de la situación jurídica que lo exija».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que estas empresas representan «dos tercios del tejido productivo» y son una muestra de que hay que asegurar «la recuperación económica» con el 155.

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