La crisis entre la UE y los gobiernos de Polonia y Hungría contagia a la Comisión

La crisis entre la UE y los gobiernos de Polonia y Hungría contagia a la Comisión

La Comisión Europea envió ayer una carta al Gobierno polaco preguntando cómo va a aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del jueves pasado en la que se considera que la creación de la sección disciplinaria del Tribunal Supremo no respeta los principios esenciales de la UE. La carta incluye también una advertencia de que si Varsovia no cumple la sentencia, se le pueden exigir sanciones económicas graves. El anuncio del envío de esta carta coincidía con la publicación del informe anual sobre el respeto al Estado de derecho en todos los países y que ha confirmado que el pulso entre el Ejecutivo comunitario y los Gobiernos de Polonia y Hungría está subiendo peligrosamente de tono y puede afectar a las propias instituciones europeas.

La vicepresidenta Vera Jourova quiso explicar al dar cuenta del resultado de la reunión de la Comisión que a la hora de aprobar el informe no ha habido unanimidad, sino que se ha tramitado «con la reserva de dos comisarios» que se supone que han sido el polaco Janusz Wojciechowski, encargado de agricultura, y el húngaro Oliver Varhelyi, responsable de la cartera de ampliación. Teóricamente, los comisarios no representan a su país en la Comisión, sino que su tarea es defender los intereses comunitarios. Legalmente su papel es el de garantizar que se cumplen los tratados precisamente. Por ello es un órgano colectivo y las decisiones se toman por consenso. Que en esta ocasión haya quedado claro que los comisarios de Polonia y Hungría han votado en contra de un informe de este calibre solo puede ser interpretado como que la crisis ha llegado al seno de la institución europea y eso puede acabar teniendo consecuencias muy graves y hasta ahora desconocidas.

Conflictividad inédita
De hecho, Polonia y Hungría acaparan las mayores preocupaciones de la Comisión en lo que respecta a problemas con los principios fundamentales en este informe. También Eslovenia, que este semestre ejerce precisamente la presidencia rotativa, pero nunca con el nivel de conflictividad que ha alcanzado la situación de los otros dos países, que están en un nivel de conflictividad inédito en la historia de la UE.

Esta segunda evaluación anual de la Comisión muestra una «evolución positiva» en la mayoría de Estados miembros, pero insiste en los «graves problemas» y «preocupaciones» sobre la actitud de los gobiernos o sobre la independencia del poder judicial y la situación de los medios de comunicación en los dos países señalados. Ni uno ni otro han resuelto los asuntos que se apuntaban el año pasado como reproches y que permanecen además en varias acciones punitivas ya iniciadas, tanto por la Comisión y el Parlamento como por los tribunales europeos.

En Hungría, la tendencia va «hacia una reducción de las salvaguardias existentes» en el sistema judicial y, a imagen de Polonia, la influencia del Ejecutivo del conservador Viktor Orban en el funcionamiento del poder judicial es «creciente», según el informe, presentado también por el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders.

Las reformas del sistema judicial en Polonia, incluidas las recientes decisiones de cuestionar la primacía del derecho europeo, siguen siendo fuente de «graves preocupaciones», tanto como la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, el deterioro de la libertad de prensa, la presión sobre el sistema de controles y equilibrios, así como el debilitamiento de los derechos de las mujeres y los ataques a los colectivos LGBT.

Aplicar sanciones
Jourová, que es de nacionalidad checa, advirtió al hablar del mensaje que ha enviado a Varsovia que «no vivimos en una Unión Europea a la carta, donde puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no», y le ha dado al Gobierno polaco hasta el 16 de agosto para responder antes de enviar el caso de vuelta al Tribunal Europeo, que podría decidir aplicar sanciones económicas a este país.

El miércoles pasado, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que el derecho europeo no prima sobre la constitución polaca y que «la Unión Europea no puede reemplazar a los Estados miembros en la creación de regulaciones sobre el sistema de tribunales y la garantía de la independencia de los jueces». La sentencia polaca fue emitida minutos después de que desde Luxemburgo los jueces europeos publicasen la suya diciendo que Polonia debía suspender inmediatamente «la aplicación de las disposiciones nacionales relativas, en particular, a los poderes de la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo», porque consideran que el sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces polacos es incompatible con la legislación europea. También afirmaba el tribunal de Luxemburgo que el proceso de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, incluidos los miembros de la Sala Disciplinaria, depende en gran medida del organismo (el Consejo Nacional de la Judicatura), «cuya estructura ha sufrido cambios muy importantes por parte del Ejecutivo polaco y cuya independencia puede suscitar dudas justificadas».

Por ahora, el Gobierno polaco y los jueces del Tribunal Supremo han dicho que no piensan cumplir esa sentencia y que la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo seguirá funcionando, en contra del criterio de la justicia europea. La presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Manowska, ha dicho que no suspendería las actividades de la sala y ha publicado un comunicado en el que manifiesta que estaba «esperando la decisión de los gobernantes» sobre este asunto, que es un claro gesto en el que se aprecia claramente su grado de independencia y que este es muy pequeño.

Una vigilancia creciente sobre la libertad de prensa
El caso de Eslovenia es especialmente sorprendente porque afecta al país que ejerce en estos momentos la presidencia de turno. Las maniobras del primer ministro Janez Jansa para asfixiar a los medios que le son críticos no han pasado desapercibidas y, de hecho, en el informe de este año la Comisión ha tirado por elevación y ha incluido en su análisis no solamente el respeto a la libertad de prensa sino, como es el caso de españa, sus inquietudes respecto a la claridad en la información sobre la propiedad de los medios.