Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia

Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia

A la primera reforma tributaria en Latinoamérica motivada por la crisis del coronavirus le espera un difícil tránsito en el Congreso

El Gobierno de Iván Duque aspira a cubrir el hueco fiscal que ha dejado en Colombia el gasto derivado de la pandemia con una nueva reforma tributaria que ha presentado este jueves al Congreso, la tercera de su mandato y la primera en un país latinoamericano desde que la irrupción del coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región. En el proyecto legislativo, que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esbozó en una rueda de prensa, se propone que el país regrese a las “sendas sostenibles de endeudamiento”.

“El impacto fiscal que ha tenido la crisis de la pandemia ha implicado una visión que no se limita al año 2020, sino que también nos afecta en el año 2021”, explicó Carrasquilla al inicio de su presentación. El Ministerio de Hacienda calcula un déficit fiscal del 7,8% del PIB para 2020 que podría subir al 8,6% para este año. “Necesitamos hacer política fiscal teniendo en cuenta muchísimas consideraciones. La primera y más importante en un sentido de mediano y largo plazo es que tenemos que revertir los incrementos importantes en el endeudamiento”, destacó.

La reforma, que el Gobierno ha insistido en enmarcar como social y ha llamado Ley de Solidaridad Sostenible, impactará en el bolsillo de los colombianos y le espera un difícil tránsito en el legislativo en un año previo a las elecciones de 2022. Aunque vino precedida de la polémica en torno a gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) productos básicos como el azúcar, la sal, el chocolate o el café, el Ejecutivo desistió de esa idea. El texto de 110 páginas, en cambio, sí contempla IVA del 19% a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 –la mitad superior en el sistema colombiano–. La canasta de bienes gravados pasaría de 39% a 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentará de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, que incluirá a las personas que ganen desde 2,5 millones pesos colombianos, unos 700 dólares.

Un techo para el gasto público
En cuanto al gasto público, le pone un techo al presupuesto nacional al plantear que se incremente por debajo de la meta de inflación de cada año hasta 2026, y le otorga durante un semestre al presidente Duque facultades extraordinarias para liquidar y reestructurar entidades con el propósito de reducir gastos. También promete fortalecer y focalizar el gasto social para reducir la pobreza. Propone que el programa de Ingreso Solidario creado para mitigar la pandemia sea una renta básica permanente, que entregaría el equivalente a entre 20 y 150 dólares por hogar, dependiendo del nivel de pobreza.

La reforma “es necesaria para mantener la credibilidad, la confianza que ha existido siempre en nuestro país en momentos donde todo el planeta va a estar compitiendo por recursos de endeudamiento en los próximos años”, aseguró Duque la víspera. En todas las discusiones que la han precedido, el presidente ha intentado destacar un componente social. “Hablar de [reforma] tributaria no es acertado, lo explico de la siguiente manera: la pandemia ha traído cuatro grandes efectos: pobreza, desempleo, déficit y endeudamiento. Hoy tenemos que conciliar una ambiciosa agenda social para contener los efectos en pobreza y en desempleo, y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas”, había defendido hace un mes en una entrevista con EL PAÍS.

En Colombia “ha habido un progreso limitado en reformas estructurales, en parte relacionado con las dificultades para construir un consenso amplio en favor de reformas”, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su reporte anual Going for Growth 2021, publicado el miércoles. “A fines de 2018, las autoridades aprobaron una reforma tributaria muy necesaria y bienvenida, que sin embargo fue anulada por la Corte Constitucional, lo que obligó al Gobierno a aprobarla nuevamente a fines de 2019. Este largo proceso consumió un capital político significativo. La crisis de la covid podría reavivar el apetito para discutir más reformas estructurales, pero con las elecciones en 2022 la ventana política para hacerlo es corta”, advertía la OCDE –a la que Colombia pertenece desde el año pasado–.

Aquella reforma –bautizada como Ley de Crecimiento Económico– rebajaba de manera progresiva los impuestos a las grandes empresas, y terminó por alimentar la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque que sacudió al país a finales de 2019. La calle solo se desactivó con las medidas de confinamiento provocadas por una crisis sanitaria que, al mismo tiempo, ha agravado el malestar social. A pesar de que Colombia atraviesa la tercera ola de la pandemia, organizaciones obreras y estudiantiles ya han convocado un paro nacional en contra de la nueva reforma para el próximo 28 de abril.

Ayudas sociales
La cuarta economía de América Latina sufrió una caída de 6,8% de su producto interno bruto (PIB) en 2020, la mayor desde que lleva registros. Al hacer transferencias a hogares vulnerables gastó en apoyos, préstamos y garantías el equivalente al 5,7% de su PIB, de acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional, e incrementó su deuda. El Gobierno necesita aumentar la recaudación en al menos 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB –aunque el texto se propone recaudar en torno al 2% del PIB–.

Los proyectos de reformas tributarias en el país se suelen presentar como estructurales para salir modificados del Congreso cuando son aprobados, y el actual ha enfrentado enormes resistencias desde antes de que el Gobierno destapara sus cartas. Aunque Duque ha consolidado mayorías legislativas que antes le fueron esquivas, líderes políticos de muy diversos sectores han ventilado reparos. “Va a acabar con la economía colombiana”, la ha fustigado el expresidente liberal César Gaviria, mientras el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, la calificó como un “verdadero despropósito nacional”.

“Algunas calificadoras de riesgo han dado la bienvenida a la reforma, pero no darán un veredicto hasta que el proyecto haya finalizado su trámite legislativo”, advierte la consultora Colombia Risk Analysis en una nota a sus clientes en la que anticipa probables modificaciones en función de las conveniencias políticas de los partidos. “Lo que están buscando es que el Gobierno tenga una estructura de ingresos sostenibles a largo plazo, que alinee su estructura tributaria a los estándares de la OCDE, contenga un plan serio para poder reducir el endeudamiento y que ajuste sustancialmente el déficit fiscal y el gasto. A todas luces, será un esfuerzo titánico para el Gobierno poder alinear el gasto público, el déficit fiscal, la estructura tributaria y expandir los subsidios durante el actual ciclo político”, concluye.