Argentina cierra con relativo alivio un año marcado por el encierro

Argentina cierra con relativo alivio un año marcado por el encierro

No ha sido fácil para Argentina añadir a una recesión de dos años una pandemia inesperada que la obligó a clausurar fronteras, restringir la actividad económica y limitar el movimiento de la población durante más de medio año.

No ha sido fácil, pero con la cercanía del verano austral el país asiste a una paulatina apertura. Hasta el 20 de diciembre todo el territorio se encuentra en distanciamiento social, preventivo y obligatorio, una modalidad con la que se pretende recuperar el funcionamiento económico y social de antaño.

Solo dos ciudades patagónicas, Bariloche, en la provincia de Río Negro, y Puerto Escondido, en Santa Cruz, continuarán en aislamiento.
El acceso a un antídoto contra el COVID-19 contribuye a la tranquilidad. El Gobierno de Alberto Fernández anunció la firma de un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) para obtener la vacuna Sputnik V y poder inocular a 300.000 personas antes de fin de año y llegar a diez millones para febrero.

El temor es que una segunda ola a partir del otoño vuelva a trastocar el tejido productivo y social del país.

Economía debilitada
Argentina asistirá este año a una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 12,1%.

La actividad económica se resintió en los primeros nueve meses del año 11,9% interanual, según datos oficiales.
La caída en septiembre, del 6,9%, no fue tan inclemente como la de meses anteriores, pues en abril el desplome fue del 25,4% y en agosto la contracción todavía se mantenía en el 11,8%.

Al mismo tiempo, el Estado ha destinado el 6,73% del PIB en contener los impactos de la pandemia, según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que por su cuenta ha invertido el 2,2% del producto en ayudas directas a trabajadores informales e independientes y en contribuciones a las empresas para ayudar a pagar los salarios de sus empleados.

Supervivencia de pymes
Por eso las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el país son un punto de referencia. Se estima que son casi unas 600.000, que aportan casi un 51% del empleo y un 44% del PIB, según la Fundación Observatorio Pyme, una entidad sin fines de lucro fundada por la Universitá di Bologna, la Organización Techint y la Unión Industrial Argentina.

Estas empresas cerrarán el año con una producción que en promedio será un 10% menor a la de 2019, adelantó a Sputnik el presidente de la organización, Vicente Donato.

"El sector menos perjudicado es el agrícola, ganadero y de recursos naturales, muy ligado a las materias primas, mientras que los más dañados fueron la construcción, en primer lugar, la industria manufacturera, el comercio y el sector servicios", resumió.

El titular de la fundación destacó que prácticamente todas las firmas se encuentran operativas, "pero tienen un gran porcentaje de su personal inactivo debido a los protocolos sanitarios vigentes".
En este sentido, solo un 30% de las pymes tienen todo sus empleados trabajando, mientras que un 70% restante "tiene alguna proporción de personal inactivo", añadió.

Durante estos meses el trabajo asalariado se redujo un 5% en total en promedio, "pero hubiera sido mayor si no hubiera habido ayuda del sector público", indicó Donato.

"Lo que sí tenemos es una gran proporción de trabajadores informales y eso perjudica la reactivación económica, porque tanta gente fuera del sistema social no contribuye a la vida social y económica", observó el presidente de la Fundación.

Al señalar que no ve "una política orientada a resolver la informalidad", Donato añadió que el daño del trabajo informal impacta en la "conformación psicológica de cuatro millones de personas que no son ciudadanos, frente a una población formal ocupada de seis millones".
Pobreza
Quienes más padecen las consecuencias de la pandemia es el 44,2% de la población que sobrevive en la pobreza, según el último estudio del Observatorio Social de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA).

La pobreza multidimensional, que constata la falta de ingresos monetarios para acceder a la canasta básica de alimentos y la ausencia de un derecho considerado esencial, "afecta al 41%, el dato más alto desde 2010", cuando se empezó a medir ese indicador, destacó a Sputnik uno de los autores del informe, Juan Ignacio Bonfiglio.

Si el Gobierno no hubiera desplegado una batería de programas de asistencia durante los últimos meses, la tasa de pobreza del 44,2% habría aumentado 8,9 puntos porcentuales hasta afectar al 53,1% de la población.
Lo mismo sucede con la indigencia, un problema que repercute en el 10,1% de la población pero que hubiera incidido en el 27,9% (17,9 puntos porcentuales más) de no haber sido por las políticas públicas que trataron de morigerar los efectos económicos del COVID-19, y que finalizan con la conclusión de este 2020.

Esta situación alerta de un deterioro estructural en las condiciones en las que viven los habitantes de este territorio y que corre el peligro de profundizarse.

Argentina ha conseguido reactivar la economía y contener la emergencia social, pero con la llegada de 2021 acecha una creciente dificultad en el acceso a los bienes más básicos que puede quedar al desnudo con el correr de los meses.