El Gobierno argentino quiere una ley que prohíba la deuda externa

El Gobierno argentino quiere una ley que prohíba la deuda externa

La oposición cree que sólo le traerá "problemas operativos" pero la aprobaría.

"Es hora de dar vuelta la página y decirle Nunca más' a los ciclos de endeudamiento. Hay que acabar con esto para vivir en una Argentina tranquila y con oportunidades. Nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. Nunca más a ciclos que destruyen oportunidades", cerró el miércoles Martín Guzmán su exposición en la Cámara de Diputados, donde explicó su estrategia para lograr una reestructuración con los bonistas y el FMI.

Cristina Kirchner había usado la misma analogía en Cuba. "De la misma manera que Alfonsín entendió que había una deuda con la democracia en materia de derechos humanos, tiene que haber un 'Nunca más' sobre la deuda", fueron sus palabras y recordó que en la campaña, durante el primer acto que compartió con Sergio Massa, le encomendó una ley para limitar los endeudamientos.

Y casi en simultáneo a la visita del ministro al Congreso, en el Senado, Adolfo Rodríguez Saá, miembro del bloque oficialista por gestión de Cristina y Máximo Kirchner, presentó su proyecto de ley para prohibir que los gobiernos tomen deuda externa sin pasar por el Congreso.

Lo denominó, justamente, el "Nunca más del endeudamiento", y si bien en el entorno del puntano adjudicaron el texto a una batalla histórica suya admitieron a LPO que mantuvo varias reuniones con Máximo antes de presentarlo.

Es cierto que no es un tema nuevo para él: en 2016 logró que el Senado aprobara una ley que obligaba a Mauricio Macri y a los directores de empresas del Estado a pedir permiso a los legisladores ante cualquier toma de deuda.

Pero la Cámara de Diputados nunca la sancionó pese a varias amenazas del entonces bloque de los gobernadores, denominado peronismo federal, que se diluían cuando llegaba septiembre y sus jefes negociaban la letra chica del presupuesto nacional mientras el endeudamiento externo se multiplicaba.

"Es muy irresponsable que algunos legisladores hablen de prohibir la deuda externa cuando Macri no tomó un solo peso sin el aval del Congreso y los votos del peronismo federal que ahora es parte del Gobierno", se indignó ante LPO Alejandro Olmos, historiador de la deuda externa y ex asesor de Fernando "Pino" Solanas.

Su padre homónimo es recordado por llevar adelante el juicio contra los acreedores que finalizó en 2003 con un fallo del juez Jorge Ballesteros que declaró ilegítima la deuda contraída durante el último gobierno militar que igual se pagó.

"Durante el gobierno de Macri la deuda era parte de los presupuestos que se votaban. Y el kirchnerismo tampoco usó la mayoría que tuvo hasta 2015 para eliminar el último párrafo del artículo 60 de la ley de administración financiera, que permite a un presidente contraer deuda con un organismo internacional del que forma parte sin una ley", diferenció Olmos.

Macri hizo valer esa oración para recibir 44 mil millones de dólares del FMI que aumentaron los vencimientos a pagar en los próximos cuatro años a un nivel que Alberto Fernández considera imposible de cumplir. El artículo 40 y 41 del último presupuesto, aprobado en 2018, reflejan que hubo aval parlamentario para la deuda que ahora se considera impagable. Se detallan las operaciones de crédito en moneda extranjera habilitadas en los recintos, algunas con fines específicos y otras simplemente para cubrir gastos corrientes.

"Las planillas siempre son una formalidad. La deuda es la emisión para renovar y/o pagar vencimientos más el déficit fiscal. No hay magia ni trampa. El proyecto de Rodríguez Saá es una locura técnica y operativamente. Pero si avanzan se lo vamos a votar y después vemos que hacen", anticipó a LPO un legislador de Cambiemos que sigue de cerca los temas económicos.

En la primera de las 24 preguntas que enviaron a Guzmán el miércoles, los diputados conducidos por el radical Mario Negri, asesorados por el último ministro de Economía de Macri Hernán Lacunza, consideraron que la deuda no es un problema tan importante.

"Argentina no difiere significativamente del resto de los países de la región y las economías emergentes. Sin embargo, difiere sustancialmente en un aspecto: el país acumula 10 años de estancamiento económico y un déficit primario sostenido en el tiempo que sólo se redujo en los últimos dos años. Esto sugiere, a nuestro criterio, que las principales causas que deben atacarse refieren al diseño de un plan de estabilización y crecimiento en combinación con políticas que logren sostener el equilibrio fiscal primario alcanzado con tanto esfuerzo en el año 2019", remarcaron.

Pero en el oficialismo coinciden en que el rojo financiero de Macri erosionó las cuentas públicas hasta hacer imposible la existencia misma del Gobierno y cualquier relativización es irresponsable. En la última sesión del Senado el misionero Maurice Closs calculó que si se actualizara el presupuesto enviado por Macri en septiembre sería de 130.000 millones de dólares con 67.000 millones de dólares para pagar capital e intereses de deuda, o sea, la mitad del gasto total,

"Ese es el problema: el peso del vencimiento se transformó en algo irracional para 2020 y 2021. ¿Los países en el mundo tienen esta situación? Sí, la tienen, pero como están en el mercado de crédito lo que hacen es ir renovando las deudas y nosotros no podemos", sostuvo.

Para evitar estos procesos, el proyecto de Rodríguez Saá que empujaría el Gobierno prohíbe a un presidente y a las empresas del Estado tomar deuda pública "interna o externa en moneda de curso legal y/o extranjera", tal como señala el artículo 75 de la Constitución, que delega esa operación en el Congreso y Olmos padre e hijo denunciaron que fue violado por la ley de administración financiera, inaugurada en la última dictadura militar y prorrogada por todos los Gobiernos.

El artículo 3 habilita operaciones de crédito para "refinanciar, reperfilar o renegociar deuda pública", pero sólo cuando el Congreso lo autorice con una ley aprobada por dos tercios. Deberá especificar el monto máximo a tomar, la capacidad de pago proyectada y el destino de los fondos, "que no podrá tener otra aplicación que gastos de inversión".

No se podría volver a cubrir un bache fiscal en pesos con dólares, un mecanismo que en Cambiemos justificaban en la falta de un mercado de capitales en moneda local, aun cuando los últimos años las devaluaciones hayan multiplicado el peso de los intereses como pocas veces y Macri se despidió sin poder cancelar su propia deuda.

"Es Wall Street o emisión y más inflación", repiten sus legisladores. Cuando fue a defender el presupuesto a Diputados en noviembre de 2017, el entonces ministro de Finanzas Luis "Toto" Caputo explicaba que no podía enviar una ley antes de colocar un bono porque el trámite legislativo dilapidaba una oportunidad fugaz para obtener tasas bajas, esas que Macri le celebraba y llevaron a que lo definiera como "el Messi de las finanzas".

Rodríguez Saá ya no quiere ese dilema y en su proyecto prohíbe la "prorroga de jurisdicción", como se conoce a los bonos emitidos bajo leyes de otros países como ocurre en Wall Street, epicentro de los acreedores que en estos días Guzmán intenta persuadir para reprogramar los vencimientos.

En el Gobierno confiesan que es la negociación más dura, porque muchos títulos están en manos de fondos de inversión cuyos reglamentos no le permiten aceptar quitas. "Ni siquiera sabemos quiénes son", admitió el subprocurador del Tesoro Sebastián Soler, durante su última visita a Diputados. Soler junto a su jefe Carlos Zannini son nada menos que los abogados de Argentina en el mundo.

En el Congreso, Guzmán acusó a los "fondos de inversión extranjeros" de boicotear el canje de bonos en pesos AF20 y prometió no dejarse extorsionar, advertencia que muchos entendieron como el preludio de un posible default en abril, cuando se conocerá la respuesta a su oferta. Recién después se negociará con los acreedores locales y se enviará el presupuesto 2020. Tal vez los límites a la deuda se mezclen en esos debates.

"El problema con los bonistas privados es que saben que de alguna forma le van a cobrar a Argentina, porque el país no desaparece. Hubo contratos en los que el gobierno de Macri admite dificultades en pagar la deuda, pero los bonos se colocaban igual. De última, está el negocio del juicio", explicó Olmos.

Recordó que el juez Julián Ercolini tiene cajoenada una investigación del fiscal Federico Delgado al ex jefe de Gabinete Mario Quintana y el ex secretario de Finanzas Santiago Bausili por haber comprado parte de las colocaciones de deuda de 2016. Algunas tuvieron como operadores a Deutsche Bank y el JP Morgan, ex empleadores de Bausili.

El proyecto que se debatirá en el Senado limita a 0.05% las comisiones bancarias por colocaciones de títulos, la mitad que las fijadas en la ley para la reprogramación sancionada hace dos semanas. Y prevé inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión "de ocho meses a tres años" a los funcionarios que violen estas reglas. Suficiente para que sea excarcelable y ayude a intimidar.

"Argentina no va a tomar deuda por mucho tiempo por lo tanto esta ley será un buen escenario para acusar a Macri de la herencia recibida, pero no mucho más", confesó ante LPO una de las autoridades del oficialismo en el Congreso, preparado para los largos discursos sobre la deuda que habrá durante todo el año. Por lo menos.