El Supremo avala que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos y vayan al cementerio de El Pardo

El Supremo avala que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos y vayan al cementerio de El Pardo

Los magistrados han desestimado por unanimidad el recurso de la familia del dictador

El Gobierno podrá exhumar a Franco del Valle de los Caídos y llevarlo al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El Tribunal Supremo ha dado luz verde este martes al plan del Gobierno de Pedro Sánchez: sacar los restos del dictador de la basílica de Cuelgamuros y enterrarlo en Mingorrubio, donde descansan los restos de su mujer, Carmen Polo. Los magistrados han desestimado por unanimidad el recurso de la familia Franco, que pedía que, si salía del Valle de los Caídos, el cuerpo fuera enterrado en la cripta de la catedral de La Almudena, donde la hija del dictador compró una sepultura.

La decisión del Supremo es firme, pero la familia ya había adelantado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si el Supremo daba la razón al Gobierno. La exhumación del dictador es uno de los planes estrella de Sánchez desde que llegó a La Moncloa, en junio de 2018. El Ejecutivo llegó a aprobar que la operación se llevaría a cabo el pasado 10 de junio, pero el Supremo la paralizó de forma cautelar unos días antes hasta tener una respuesta definitiva sobre el recurso presentado por la familia Franco y otros tres colectivos (la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos). El tribunal justificó su decisión en la necesidad de evitar un perjuicio irreparable a los recurrentes y a las instituciones en el caso de que se estimaran las alegaciones y hubiera que devolver al Valle los restos de dictador.

Además del recurso de la familia, el tribunal tenía también sobre la mesa el escrito de conclusiones de la Abogacía del Estado, que defendía la decisión adoptada por el Gobierno y arremetía contra un informe pericial de la familia de Franco que abogaba por que los restos fueran trasladados a la cripta de la Almudenay no al cementerio del Pardo-Mingorrubio, opción elegida por el Ejecutivo. El escrito hablaba de “falta de rigor” en las alegaciones y llegaba a comparar una parte del informe con un “trabajo escolar”.

Los seis magistrados que se han reunido este martes para deliberar (Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Menéndez y Pablo Lucas, que es el ponente de la sentencia) han tardado poco más de una hora en tomar la decisión. La sala ha rechazado por unanimidad la totalidad del recurso de la familia Franco, que se oponía tanto a la exhumación como a que el cuerpo fuera enterrado en el cementerio de El Pardo. El ponente ha ido a la deliberación con un borrador que ha sido asumido por todos los magistrados. El texto de la sentencia, con los argumentos jurídicos del Supremo, todavía no se conoce, pero fuentes jurídicas señalan que la decisión se ha adoptado primando el "interés general" defendido por el Gobierno frente al derecho de la familia a enterrar al dictador en La Almudena.

El Gobierno de Sánchez asegura que lo tiene todo listo para exhumar el cuerpo del dictador. Fuentes del Ejecutivo han informado a EL PAÍS de que, técnicamente, ya no existe ningún problema para proceder a la exhumación y que la intención es hacerlo antes de la campaña electoral, que empieza el 1 de noviembre. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido en esta idea tras conocer el acuerdo del Supremo. "Lo haremos muy rápido, cuanto antes mejor porque es lo que nos pide la sentencia, y además porque mejor que esté lo más lejos posible de la campaña electoral", ha dicho a su llegada a un acto en la Agencia de Protección de Datos, en Madrid.

Con todo, la intención de la familia de recurrir al Constitucional y pedir la suspensión cautelar puede demorar la operación. Además, un juzgado de Madrid mantiene suspendida la licencia urbanística para iniciar los trabajos en el interior de la basílica de Cuelgamuros. El juzgado adoptó esta decisión en febrero pasado a partir de un informe encargado por la Fundación Nacional Francisco Franco que concluía que los trabajos ponían en riesgo "la seguridad de personas y bienes".