En 2019 se pondrá en marcha un sistema de control del transporte de carga que permitirá regularizar y reducir evasiones millonarias

En 2019 se pondrá en marcha un sistema de control del transporte de carga que permitirá regularizar y reducir evasiones millonarias

La idea original está recogida en el artículo 271 de una ley aprobada casi 18 años atrás: “Todo transporte de carga terrestre que se realice en el país deberá contar con una guía que contenga la información que se dispondrá en la reglamentación de la presente ley. La guía formaliza el contrato de transporte y corresponsabiliza a las partes”.

En la recta final del cuarto período de gobierno que pasó desde entonces, el Poder Ejecutivo   confía   en   que   ahora   sí   logrará   encaminar   un   sistema   que   permita centralizar   información   clave   para   la   fiscalización   de   un   sector   que   desde   hace años funciona con niveles de evasión de cientos de millones de dólares.

“Creemos que el 2019 será el año en el que se logrará imponer este instrumento”, anunció   el   ministro   Víctor   Rossi   el   pasado   lunes   17   durante   una   sesión   de   la Comisión de Transporte del Senado.

Tras numerosas marchas y contramarchas, lo que en un inicio se  llamó “guía de cargas” y se pensó en formato papel, se desarrolla ahora como el Sistema Integral de  Control de  Transporte  de Carga y en  versión electrónica. Rossi contó que  ya está en marcha una “experiencia piloto” con 100 sistemas instalados.

El Poder Ejecutivo confía en que ahora sí logrará encaminar un sistema que permita centralizar información clave para la fiscalización del transporte de carga que desde hace años funciona con niveles de evasión de cientos de millones de dólares.

La nueva guía se servirá de la información que le brindará “una especie de GPS” que  se  colocará  en  los camiones de las empresas que  se  dedican al transporte profesional de cargas. De esa manera podrán saber —entre otros múltiples datos— por   dónde  circulan  los vehículos,  quiénes  los conducen,  el  horario que   cumplen esos trabajadores, qué tipo de carga llevan y qué volumen, dónde la levantaron, y hacia dónde la llevan.

En el correr de 2019 la incorporación al sistema pasará a ser obligatoria y “nadie podrá   circular   con   carga   por   las  rutas   sin   estar   debidamente   registrado”,   dijo   el ministro.   La   fecha   en   que   comenzará   a   regir   la   exigencia   aún   está   por determinarse.   Mientras   tanto,   el   gobierno   sigue   avanzando   en   otros   aspectos necesarios para la puesta en marcha. Por ejemplo, está en curso la importación en tandas de los 12.000 equipos electrónicos que deberán instalarse en los camiones.

La información que recaba la guía de carga permitirá, en primer lugar, combatir los graves problemas de  informalidad que afectan al sector. Por  otro lado, los datos son valiosos para tomar decisiones de gestión sobre la infraestructura vial.

“Es   información   muy   valiosa   para   todos,   tanto   para   el   ministerio   como   para   los particulares, sin perjuicio de que hubo  tensiones, tironeos y competencia”, valoró Rossi sobre el proceso.

Irregularidades por millones

Por   intereses   distintos,   tanto   los   trabajadores   del   transporte   de   cargas   por   vía terrestre como buena parte de sus empleadores están preocupados por los niveles de  informalidad del sector y le reclaman  desde  hace años al Estado medidas de control.  Los   trabajadores  tienen   en   general   jornadas  laborales de  entre  12   y  18 horas   y   cobran   buena   parte   de   su   trabajo   en   negro.   Regularizar   ese   tipo   de situaciones es su prioridad.

La preocupación principal de los empresarios, en tanto, es que con los altos niveles de   evasión   e   informalidad   se   vuelve   imposible   la   competencia   para   quienes cumplen las reglas.

En diciembre de 2017 una de las gremiales de transportistas visitó el Parlamento para  plantear el problema. La Asociación de Propietarios de  Vehículos de Carga estimó   la   defraudación   del   sector   al   Estado   en   US$   350   millones   anuales   y cuestionó  a  los organismos  competentes por no  imponer  sanciones, siendo  que, pese  a  no estar en  marcha  la guía de carga, cuentan con información suficiente para probar muchas de las maniobras (Búsqueda Nº 1.947).

Una de las expresiones más comunes de la informalidad es el incumplimiento de los   laudos   salariales:  en   vez   de   pagar   al   trabajador   por   jornal,   como   deberían, varios   empresarios   le   pagan   un   porcentaje   del   flete.   A   eso   se   suma   la subdeclaración en el Banco de Previsión Social (BPS), la evasión del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas e irregularidades en el descuento del IVA del gasoil.

Por   intereses   distintos,   tanto   los   trabajadores   del   transporte   de   cargas   por   vía terrestre como buena parte de sus empleadores están preocupados por los niveles de  informalidad del sector y le reclaman  desde  hace años al Estado medidas de control.

Otra   práctica   frecuente   es   la   de   los   “clones”,   trabajadores   que   supuestamente están   en   seguro   de   paro   o   seguro   por   enfermedad,   pero   en   realidad   siguen trabajando y reparten ese dinero con el empleador.

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT también analizó la informalidad en el sector para  colaborar   con  los  reclamos  del  Sindicato   Único   del  Transporte  de   Carga  y Ramas Afines. Detectó un 40% de subaportación patronal al BPS y a la Dirección General Impositiva al comparar los pagos de los empresarios con la cantidad de trabajadores   del   sector   y   su   salario.   Grosso   modo,   los   aportes   realizados correspondían   a   salarios   de   $   16.000,   cuando   el   salario   promedio   de   los trabajadores rondaba los $ 30.000 (Búsqueda Nº 1.928).

Según los datos del Cuesta Duarte, el transporte de cargas por vía terrestre está compuesto por unas 5.000 empresas, de las cuales 3.000 tienen cinco vehículos o menos. De  los 24.200 trabajadores, unos 15.700  eran asalariados y, entre  ellos, 10.500   eran   choferes.   El   informe   concluyó   que   la   legislación   del   sector   era “reguladora”, pero que no existían los controles necesarios para que fuera efectiva.

“No me sorprende”

En la sesión de la Comisión de Transporte del Senado, Rossi recordó que “cuando se daban los primeros pasos” para la organización de la guía de carga, la gremial empresarial   (Intergremial   de   Transporte   Profesional   de   Carga   Terrestre   del Uruguay) era una de las principales impulsoras. Con  tono algo crítico, contó que ahora   observaba   “dudas”   entre   los   integrantes   de   esa   organización   y   ratificó   la convicción del ministerio de implementar el sistema.

 “No me sorprende que, a pesar del empuje inicial —con el que todos nos llenamos la   boca   en   el   sentido   de   que   queremos   armar   y   poner   en   funcionamiento   un sistema   profesional   de   carga—,   al   momento   de   aplicarlo   haya   algunas  dudas   y especulaciones.   Porque   la   verdad   es   que   todavía   hay   un   amplio   sector   del transporte de carga del país que no cumple absolutamente con todas las normas y las obligaciones. Ese margen se reducirá sustancialmente si logramos éxito en este sistema”, concluyó Rossi.

El ministro contó que organismos internacionales con los que tuvieron intercambios les hicieron ver que el sistema que aplicará Uruguay será de avanzada en América y que podría servir para aportar incluso a la “regulación regional”.

 “En definitiva, nosotros estamos empujando  con una  meta  más modesta, que es procurar ordenar y regularizar las relaciones entre los distintos actores del sistema profesional de carga en el país”, matizó.