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Principal analista para Chile en Moody’s: “Es difícil ver un escenario en que las protestas en sí mismas afecten la calificación”

Principal analista para Chile en Moody’s: “Es difícil ver un escenario en que las protestas en sí mismas afecten la calificación”

Las clasificadoras de riesgo han seguido con atención el estallido social que sacude a Chile, así como las respuestas que han dado las autoridades. En ese marco, en conversación con Pulso, Ariane Ortiz-Bollin, principal analista de la clasificación soberana nacional en Moody’s, considera que “ es difícil pensar en un escenario” donde las protestas en sí mismas, así como las medidas ya anunciadas, repercutan de manera negativa en la la nota de Chile, fijada en “A1” con una perspectiva estable.

Adicionalmente, Ortiz-Bollín ofrece más pistas de lo que implica la alta desigualdad que se observa en Chile para la aspiración de recuperar la clasificación que perdió el país en 2018 (un año antes la rebajaron S&P Global y Fitch).

¿Chile cuenta con el espacio fiscal para implementar las nuevas medidas sin correr riesgos crediticios?

-Lo cierto es que Chile tiene una alta fortaleza fiscal, debido a su relativamente bajo nivel de deuda en términos del PIB, particularmente en relación a los pares con igual calificación. A eso se debe sumar la relativamente alta asequibilidad de su deuda, es decir, las bajas tasas de interés a las que se puede fondear; y también los colchones financieros que tiene el país.

¿Cuánto más podría endeudarse para no generar desequilibrios mayores?

-Es difícil poder determinar una cifra específica como límite de endeudamiento, de modo que no se gatillen desequilibrios y consecuentemente cambios en la calificación. Esto se debe a que nosotros siempre evaluamos diferentes elementos del perfil crediticio en conjunto. Por lo tanto, tendríamos que evaluar no sólo el nivel de deuda al que se estaría llegando sino que además las razones que se encontrarían detrás del aumento; el impacto que pudiera tener en el crecimiento; las condiciones de financiamiento; y sobre todo la respuesta de política económica y fiscal del gobierno ante un escenario de incrementos importantes de la deuda. En definitiva, tendríamos que ver muchos cambios en diferentes variables y no podemos concluir con base al cambio hipotético de una sola.

Hay quienes temen por el efecto económico de las protestas, por ejemplo, en la inversión y en la clasificación de Chile. ¿En Moody’s lo ven así?

-Hoy es difícil ver un escenario en que las protestas en sí mismas afecten la calificación del país. Dada la fortaleza fiscal, de sus instituciones y las medidas anunciadas hasta ahora, esperamos que el impacto en el perfil crediticio sea limitado.

Pero ¿podrían afectar las perspectivas de PIB?

-Si las protestas se prolongan y los daños asociados continúan acumulándose, es posible que el impacto en el crecimiento de Chile sea mayor para este año y tenga repercusiones para el próximo. Creemos posible que el crecimiento en 2020 esté por debajo del 3%.

¿Tienen opinión sobre el nuevo equipo económico?

-Por el momento no tenemos. Lo que sí podemos decir es que consideramos que esto no debiera tener impacto tanto en la percepción de los mercados, como en la de los inversionistas.

En un informe reciente destacaron que Chile era más desigual que pares con igual clasificación, como Israel, China y Estonia. ¿Es otro elemento para definir la nota?

-En promedio, mayor desigualdad en la distribución de ingresos tiende a estar asociada con calificaciones de riesgo soberano menores. Dicho esto, no se trata de que este elemento sea un factor clave diferenciador desde el punto de vista crediticio. Más que influenciar la calificación en sí misma, la desigualdad de ingresos exacerba retos crediticios ya existentes, que derivan de tensiones sociales y riesgos políticos, o de desaceleración en el crecimiento.

¿Cuáles serían esos efectos fiscales?

-Globalmente, contamos con evidencia empírica sobre instancias en las que alta o creciente desigualdad tiende a estar asociada con menor crecimiento económico y, para algunos soberanos, también se asocia con mayores niveles de corrupción y con turbulencias políticas. Alternativamente, el vínculo crediticio con fortaleza fiscal es débil para la mayor parte de los soberanos.

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