Por ausencias, postergan proyecto que recorta definitivamente privilegios en el sector público

Por ausencias, postergan proyecto que recorta definitivamente privilegios en el sector público

La Cámara de Senadores no logró tratar, debido a la ausencia de varias bancadas, el proyecto de ley que pretende recortar definitivamente gastos superfluos, limita nombramientos de parientes, fija topes salariales para funcionarios públicos y establece medidas de racionalización.

A pesar de saber que el proyecto que recorta permanentemente los privilegios en el sector público se encontraba en el orden del día, senadores de diferentes bancadas abandonaron la sala de sesión impidiendo que la normativa sea estudiada.

La ausencia más notoria fue la de la bancada oficialista, del movimiento Colorado Añetete, que antes de concluir la primera sesión extraordinaria solo tuvo un integrante presente en el recinto, el senador Luis Castiglioni, quien posteriormente se retiró de la sala donde se debatía el proyecto de ley.

Los senadores fueron convocados este miércoles para dos sesiones extraordinarias. La primera con siete puntos, que se llegó a concluir, y en una segunda sesión debían estudiar otros 22 proyectos, casi todos referentes a medidas relacionadas con la pandemia del Covid-19.

Cerca de las 17.00, con 23 senadores se logró iniciar la segunda sesión, donde se encontraba el proyecto que recorta de manera permanente los excesos en altos cargos públicos, pero no se obtuvo la mayoría necesaria para constituir al pleno en comisión y dictaminar la normativa a votarse, por lo que el estudio del documento fue postergado.

¿De qué trata el proyecto?
El proyecto, presentado por el senador cartista Sergio Godoy, prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento, la contratación y trabajo de cualquier otro modo de parientes y asesores en la función pública.

Asimismo, pretende fijar topes salariales para las autoridades públicas de rango superior, y establece otras medidas de racionalización del gasto público, todo ello orientado a una mayor eficiencia de los recursos públicos.

El proyecto señala que con ello se busca paliar las necesidades de la población y que el actuar de los órganos públicos condiga con la dignidad humana. De sancionarse la normativa, la ley tendrá alcance sobre todos los organismos y entidades del Estado.

En su artículo tres, el proyecto dispone que ningún funcionario público ni autoridad pública de rango superior podrá percibir un salario superior al del presidente de la República. Además, se elimina toda asignación presupuestaria para seguros privados para todo funcionario y autoridad pública.

Elimina los cupos de combustibles para las autoridades públicas, así como la prestación de servicios de telefonía para todo funcionario y autoridad pública. También suprime asignaciones presupuestarias para la compra de alimentos, bebidas, arreglos florales, tarjetas para eventos, publicidad estatal.

Solo dos viajes al exterior
Igualmente, se establece que ningún funcionario ni autoridad pública podrá realizar anualmente, con fondos públicos, más de dos viajes al exterior. En caso de viajes de delegaciones, no superará en ningún caso tres integrantes; se exceptúan al presidente y vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores y titulares de los poderes Legislativo y Judicial.

Límites para contratación de parientes
La normativa determina que una autoridad pública no podrá, en ningún caso, nombrar un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la entidad a su cargo. Los parientes de una autoridad pública, detallados anteriormente, tampoco podrán exceder seis cargos en toda la República.

Asimismo, las autoridades públicas solo podrán contratar hasta un máximo de tres asesores, quienes durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades. Posteriormente, serán desvinculados sin derecho a indemnización ni reparación.

También alcanza a binacionales
Son sujetos obligados a esta normativa también las binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyos directores principales, generales, consejeros y cualquiera máxima autoridad en ningún caso podrán percibir un salario superior al del presidente de la República.

Tras el impacto de la pandemia del coronavirus en el país, quedó aún más evidenciado el descuido del Estado a las políticas públicas y la necesidad de priorizar la inversión en el sistema sanitario, educativo y de asistencia social. A raíz de esto, la ciudadanía comenzó a exigir que se termine el despilfarro de recursos públicos.

Proyecto de eliminación del Parlasur
Los senadores tampoco lograron tener votos para tratar la eliminación del Parlasur, órgano duramente cuestionado durante la pandemia del Covid-19, por ser considerado un gasto innecesario para el Estado.

El proyecto de ley busca que el Parlamento del Mercosur funcione integrado por legisladores de los parlamentos nacionales de los Estados partes.

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