Pesca ilegal: La inédita querella de los pesqueros industriales

Pesca ilegal: La inédita querella de los pesqueros industriales

Asipes, el gremio que reúne a las pesqueras industriales de la zona centro-sur del país, presentará esta semana una querella criminal contra los pescadores y la logística ilegal de la merluza común que operan principalmente en la Séptima Región. La merluza, recurso que está sobreexplotado, genera un mercado paralelo que mueve anualmente US$60 millones.

Un verano intenso tuvieron los ejecutivos de las pesqueras industriales. Desde hace un mes que están trabajando con Remberto Valdés, un conocido abogado de Concepción que se desempeñó en el Consejo de Defensa del Estado como abogado litigante y que desde 1992 tiene un estudio dedicado, entre otras cosas, al derecho de los recursos naturales. La razón: la histórica presentación, durante los próximos días, de una querella criminal por parte de Asipes, gremio que reúne a las principales empresas pesqueras de la zona centro-sur del país, contra quienes resulten responsables de ejercer la pesca ilegal de la merluza en la Séptima Región. La merluza común fue por décadas una de las especies más consumidas por chilenos. Sin embargo, desde 2014 sus registros han sido críticos, principalmente, debido a la sobreextracción del recurso. Hoy la llamada “pescada” se encuentra en estado de sobreexplotación y los industriales culpan a la pesca ilegal, actividad no reglamentada, que intervino en la recuperación de la emblemática pesquería del país.

De acuerdo con la información entregada por los comités científicos, organismos creados en la Ley de Pesca y que cumplen el rol de asesores de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en la actualidad la población total del país consume 45 mil toneladas anuales de merluza común, pero solo cuatro mil toneladas son certificadas por parte del sector industrial y 11 mil por los artesanales. “Por lo tanto, hay 30 mil toneladas anuales de merluza que corresponderían a la pesca ilegal del sector artesanal”, explica Remberto Valdés. Mercado paralelo, añade, que mueve US$60 millones al año y evade, en términos de impuestos al IVA, $14.200 millones, detalla el abogado.

El impacto en el consumidor final también es considerable, indica Valdés, pues una caja de merluza comercializada en el mercado negro vale $2.500, lo que contrasta con los $5.000 que pide el comercio establecido.

Reconocimiento explícito
En el borrador de la querella, al que tuvo acceso Pulso Domingo, se señala que en los últimos 12 años se ha constatado una creciente sobreexplotación del recurso, la que califican de “grosera” y “que se ha visto sobrepasada, por ejemplo, en 2018, en 89%”.

Pero uno de los datos que motivó la presentación de la inédita acción judicial fue una serie de reuniones que se realizaron durante 2019 en la mesa de manejo de la merluza, donde participan las empresas y los pescadores artesanales, y también la autoridad y los representantes de Sernapesca, entidad que fiscaliza la correcta extracción de los recursos marinos. En esas citas, explica la querella, se habría reconocido derechamente el ejercicio de la pesca ilegal e incluso dichos reconocimientos habrían quedado en las actas de las citas. “Durante el mes de mayo y junio del año 2019, en sesiones públicas del Comité de Manejo de la Merluza Común de las regiones V a la VIII, un actor relevante de la actividad pesquera reconoció que anualmente se explotan 50.000 toneladas de este recurso, lo que explicaría claramente su déficit, pues la cuota asignada ascendía a 3.267 toneladas, en circunstancias de que la cuota biológica total anual que el recurso era capaz de soportar y determinada por el Comité Científico fueron solo 30.279 toneladas”, relata la querella.

Y el abogado Valdés va más allá e indica en la acción judicial que los actores que ejecutan está acción fuera de la ley correspondería a 13 sindicatos de la Región del Maule, “pertenecientes al sector de la Pesca Artesanal de dicha región, quienes bajo amenaza de continuar favoreciendo este ilícito, presentaron una propuesta aplicable exclusivamente a su territorio, y que consistía en aumentar su cuota anual a determinado monto, para con ello aumentar el precio del producto, con el fin de hacerlo rentable y bajo promesa de autocontrol de pesca ilegal”, dice el escrito.

Mafia
“El asunto es grave. No es solamente el abierto reconocimiento ante el Comité de eventuales delitos, sino que, además, la incomprensible tibieza de la autoridad para investigar y sancionar estos hechos, que como veremos, le constan plenamente”, recalca el abogado. Una de las pruebas que muestran los querellantes respecto del conocimiento de la autoridad, en este caso fiscalización que recae en el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), es una sesión de la llamada “mesa merlucera del Maule”, donde algunos de los integrantes “son o fueron parte” de los comités de manejo, organismos que establecen los estados de las principales pesquerías y recomiendan las cuotas que deben ser asignadas cada año. En la cita, se lee en el documento, “reconocen pescar varias veces sus cuotas asignadas, pero están dispuestos a dejar de hacer pesca ilegal, en la medida que se les garantice una cuota de captura de 13.000 toneladas anuales, en vez de las 3.000 que actualmente cuenta, en base a la cuota biológica global y su participación histórica en la pesquería”.

Es por ello que la querella criminal que presentarán a más tardar el próximo miércoles, se interpondrá por dos delitos. El primero, establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, dice relación con la sobreexplotación, transporte, tenencia, almacenamiento y comercialización de especies bajo la talla mínima, o recursos vedados o extraídos en una sobreexplotación. El segundo es de asociación ilícita. Esto último, “porque entendemos que acá hay una mafia que tiene una estructura bastante compleja que le permite funcionar y que evaden los controles de Sernapesca”, explica Remberto Valdés.

Añade que “no es novedad que la merluza común está en una sobreexplotación consensuada y acreditada por los organismos técnicos, pero lamentablemente, además, no es una novedad que no ha sido enfrentada por el Estado y todavía no tiene sanción, y nosotros como Asipes, que tenemos como objetivo la protección de los recursos pesqueros, nos hacemos presentes bajo esta acción judicial”.

Investigación de Inteligencia
Remberto Valdés reconoce que la investigación de la causa, una vez acogida por el Juzgado de Garantía de la Región del Maule, será compleja. “Al igual que en el caso del tráfico de drogas, estamos conscientes que será una investigación compleja y donde, además, seremos mal recibidos”, sostiene. “Creo que este será un trabajo de inteligencia policial importante, donde habrá que tener infiltrados”, añade.

Pero Asipes quiere llegar hasta los cabecillas de las bandas, los que estiman tienen articulada toda una maquinaria que les permitiría operar sin tener mayores consecuencias. “La esperanza es llegar a los cabecillas de la organización criminal, pero encontrar a los operadores y los que compran, que son los eslabones menos importantes de la cadena, claramente los vamos a descubrir”, anticipa el abogado.

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