Parlamentarios critican incursión militar argentina en zona limítrofe

Ampuero señaló que no se necesita permiso para entrada a área:

Parlamentarios critican incursión militar argentina en zona limítrofe

El canciller dijo que hay acuerdo para el uso de la zona -pendiente de la demarcación del límite-, pese a que Tratado de 1998 no aborda aquello.

Un llamado del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a las tres de la madrugada hora local -en Berlín-, despertó al Presidente Sebastián Piñera. El jefe de gabinete buscaba informar al mandatario de una incursión militar de Argentina en la zona limítrofe con Chile, específicamente en el Campo de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

"El Mercurio" había dado cuenta del hecho, que fue considerado por el alcalde de Villa O'Higgins, Roberto Recabal, como una "provocación" de parte de Argentina. En 2006, de hecho, el país trasandino envió una nota de protesta a Chile por una expedición que había iniciado el entonces Presidente Ricardo Lagos.

A primera hora del día en Alemania, en medio de la gira presidencial, altas fuentes del Gobierno explicaron que se trataba de una práctica habitual de la que no había preocupación y, así, recalcaron justamente esa expedición de 2006.

Más tarde, el canciller Roberto Ampuero contestó a la prensa sobre el caso y enfatizó que no veía nada "dramático".

"Hace tiempo que estamos pasando por un gran momento en las relaciones con Argentina. Recuerden que tenemos con Argentina un acuerdo firmado en 1998, donde se establece que estamos fijando lo que es el límite, las fronteras, en la zona sur cerca de Campo de Hielo Sur. Estamos trabajando en eso, hay una parte donde todavía no la hemos determinado y marcado de forma precisa y lo que rige allí es que no se necesita permiso para entrar allí por parte de Argentina o Chile", dijo.

"El acuerdo que hay es que cada uno puede entrar a esa zona y pasar con sus efectivos como lo hizo Argentina o Chile el año pasado", enfatizó Ampuero.

Sus palabras generaron inquietud en el Ejecutivo y en parlamentarios, pues dicho acuerdo aún no establece las demarcaciones correspondientes entre ambos países, que lleva años de estudio, dada la dificultad de la zona. Esta demarcación está pendiente en el trabajo conjunto en la comisión mixta entre ambos países, que trabaja desde 1941.

Actualmente, aclararon desde el Gobierno, la zona en cuestión es un área que Chile y Argentina "comparten" y que ciertos actos se han tolerado, pues se confía en que no constituyen nada grave dada la buena relación bilateral. Pero explicaron que no hay un texto que lo consigne.

"Es muy conveniente que se aclare si se ingresó o no a territorio nacional. Si fue así, es una situación absolutamente anómala", dijo al respecto el senador UDI por la zona David Sandoval. "Los argentinos hace tiempo que la entrada y salida a la frontera no la respetan. Es una zona complicada; se hace necesario una presencia más proactiva del Estado en esos territorios", agregó.

Por su parte, el diputado DC, también de la zona, Miguel Ángel Calisto, solicitó que "el canciller pueda emitir una información oficial de modo que pueda aclararse la situación".

Ximena Órdenes, senadora independiente (pro PPD) de Aysén, dijo que el hecho causó "preocupación" y pidió que Cancillería entregue antecedentes más detallados del tema. Finalmente, el diputado RD de la comisión de Defensa, Jorge Brito, dijo que la situación "es poco prudente", pero agregó que no responde "a lo que ha hecho Argentina en relación a Chile".

 Qué dice el Tratado de 1998

Siete artículos contiene el Tratado entre Argentina y Chile, firmado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998. El acuerdo buscó precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet. Sin embargo, varios puntos de demarcación quedaron pendientes para el trabajo de una comisión mixta entre ambos países, por encargo de este acuerdo.

Este tratado, así, establece dos secciones de las zonas: A y B. El sector por donde ingresaron esta semana los militares argentinos fue el B. Esa área está delimitada conforme lo establece el Artículo I, pero este mismo acápite señala que la demarcación de la línea del límite debe ser realizada por la Comisión Mixta de Límites Chile-Argentina.

Al estar pendiente la demarcación -es decir, "llevar" la línea delimitada en el acuerdo al terreno y a una cartografía binacional-, las travesías y expediciones que se lleven a efecto en ese lugar no están sujetas a autorizaciones previas.

El plano del Sebin en Caracas desmiente que el concejal se haya lanzado por la ventana cuando fue al baño

Delsa Solórzano denunció que el acta de defunción de Fernando Albán está firmada por un «médico comunitario» y no un anatomopatólogo forense

Gabriela Ponte

La muerte del concejal de Caracas Fernando Albán será imposible esclarecer mientras el gobierno de Nicolás Maduro lleve a cabo las investigaciones. Este jueves varios periodistas venezolanos publicaron el plano del edificio del Sebin en Plaza Venezuela (Caracas), que al parecer fue filtrado por los mismos funcionarios, donde se desmiente por completo la versión del régimen de que el concejal se haya lanzado por la ventana cuando pidió permiso para ir al baño.

«En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte», publicó Reverol en su cuenta de Twitter. En el plano se demuestra que en los baños no hay ventanas, al igual que en la sala de espera que hizo alusión el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol.

Las versiones oficiales se contradicen desde el primer momento que anunciaron la muerte de Fernando Albán. La Asamblea Nacional opositora exige una investigación transparente e independiente que responda con certeza las causas del fallecimiento del líder opositor.

El acta de defunción

La diputada y presidenta de la comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, denunció por su cuenta de Twitter que el acta de defunción de Fernando Albán está firmada por un «médico comunitario» y no un anatomopatólogo forense.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) demandó en un comunicado difundido este jueves que se establezca una comisión internacional de expertos que realice un estudio sin sesgos de la muerte de Albán, ocurrida el lunes, y recordó que la Constitución de Venezuela declara que «el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad».

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