Organizaciones finlandesas elevaron una denuncia ante la ONU por contrato ROU-UPM2

Organizaciones finlandesas elevaron una denuncia ante la ONU por contrato ROU-UPM2

La municipalidad de Gualeguaychú mostró su preocupación por el aumento de la producción de químicos peligrosos para brindar insumos para las plantas de UPM. Por ese motivo, consultaron al presidente de la delegación argentina en la CARU, José Eduardo Lauritto, sobre las características de la documentación presentada por parte de la delegación uruguaya, donde se expide el proyecto de ampliación de la autorización ambiental previa, para la planta Kemira Oyj y su producción.

Tres organizaciones sociales de Finlandia reclaman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que realice una auditoría independiente y así saber si el contrato firmado entre UPM y Uruguay afecta -o no- los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los uruguayos. En tanto, se encaminan etapas intensas de la obra de la nueva planta, que tendrá su pico máximo de ocupación, en el segundo semestre de 2021, con unos 6 mil obreros.

Tras el revés judicial a las denuncias de movimientos sociales y ambientales uruguayos, recientemente un grupo de organizaciones establecidas en Finlandia ha llevado la controversia al plano internacional.
La justicia uruguaya desestimó en noviembre -y ratificó su decisión en diciembre tras una apelación- un recurso de amparo presentado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), para que se suspenda la construcción de UPM 2 por no haber presentado a tiempo todos los informes ambientales correspondientes.

El 15 de enero, las organizaciones sociales finlandesas New Wind Association, Economic Justice Action Group of Friends of the Earth y Emmaus Aurinkotehdas presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR), un órgano de expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y que fue ratificado por los Estados miembros en 1976.

La denuncia presentada por estas organizaciones tiene que ver con los impactos de la nueva inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y controlar el respeto por esa empresa de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de los uruguayos. La misma será tratada en la próxima reunión del CESCR, que se celebrará del 15 de febrero al 5 de marzo.

―Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay‖, expresa el documento elevado.

Exigen creación de una comisión independiente para evaluar impactos El informe, que contiene un análisis detallado del proyecto UPM 2, señala que la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay determinó que los impactos acumulativos que tendrá este proyecto sobre los derechos humanos y el medio ambiente no han sido evaluados con la participación de las personas afectadas, y no son debidamente conocidos por el pueblo uruguayo.

Los ambientalistas nórdicos sostienen que ―no se pueden verificar adecuadamente los impactos de un proyecto cuando el destino de una gran extensión de los recursos de Uruguay -tierras, agua, ecosistemas, biodiversidad, infraestructura, condiciones ambientales, laborales y educativas, etc.- depende de lo que a UPM se le ocurra decidir qué es rentable para su negocio‖.

Además, advierten que desde la ONU se ha señalado en varias oportunidades que los Estados no pueden dejar en manos de los actores empresariales privados, la evaluación de los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sino que deben ser ellos mismos los responsables de evaluar dichos impactos y actuar para garantizar los derechos humanos y la integridad ambiental.

Proponen que Finlandia ayude a establecer una comisión de revisión independiente e imparcial, y que los órganos respectivos de la ONU puedan nominar o aprobar como competente para evaluar los impactos del proyecto de UPM.

Por eso, propusieron que Finlandia ayude a establecer una comisión de revisión independiente e imparcial, y que los órganos respectivos de la ONU puedan nominar o aprobar como competente para evaluar los impactos del proyecto de UPM sobre los derechos humanos económicos, sociales y culturales y en el medio ambiente, en particular, en la biodiversidad y el agua de Uruguay. Asimismo, apuntaron a que Finlandia debería contribuir a cubrir, junto a Uruguay, los costos de la comisión, respetar sus hallazgos y proporcionar de manera transparente toda la información solicitada por la misma, con respecto al proyecto de UPM 2.

Se reaviva malestar en ambientalistas de Entre Ríos Un artículo publicado en Máxima Online por el periodista e integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Mario Bermúdez, refleja la indignación que se generó del otro lado del río Uruguay por una batería de 16 resoluciones decretadas por el gobierno uruguayo (en pleno cierre fronterizo) para que puedan acceder al país, de forma excepcional, 60 extranjeros y 63 uruguayos residentes en Argentina contratados para las obras de la planta UPM2, el Ferrocarril Central, la terminal portuaria en Montevideo y la ampliación de la planta Kemira Oyj, en Fray Bentos.

Esta última obra es la que generó mayor polémica porque, mientras se estudia en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la solicitud uruguaya, presentada el 18 de diciembre, para ampliar la planta química que abastece de insumos a UPM, el gobierno uruguayo firmaba el decreto 604, en el que autorizó el ingreso de 3 técnicos extranjeros encargados para dichos trabajos.

Además, la municipalidad de Gualeguaychú mostró su preocupación por el aumento de la producción de químicos peligrosos para brindar insumos para las plantas de UPM. Por ese motivo, consultaron al presidente de la delegación argentina en la CARU, José Eduardo Lauritto, sobre las características de la documentación presentada por parte de la delegación uruguaya, donde se expide el proyecto de ampliación de la autorización ambiental previa, para la planta Kemira Oyj y su producción.

Por otra parte, el senador de la provincia de Entre Ríos en representación de Gualeguaychú, Jorge Maradey, fue más allá y dijo a Radio Máxima que está ―indignado‖ por el accionar del Gobierno argentino al no hacer ―absolutamente nada respecto a la ampliación de la planta de Kemira Oyj‖. También señaló que ―es intolerable que continúen los técnicos argentinos del Comité Científico de la CARU‖ y cargó las expectativas en el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Sunca advirtió a UPM por forma ―poco democrática‖ de selección de personal UPM informó que desde el 31 de enero están desembarcando, en el puerto de Fray Bentos, los equipos pesados, para luego ser llevados a la nueva planta de celulosa en Pueblo Centenario. Una tarea que, según el gerente senior de Infraestructura y Logística de UPM, Mauro Real de Azúa, demandará prácticamente un año.

La empresa finlandesa comunicó en su página que, luego de culminada la fase de obras de mejora de la infraestructura vial en distintas rutas de la región, UPM iniciará la operativa de transporte de cargas de gran porte desde Fray Bentos. El traslado de las cargas comenzará en febrero de 2021 y se extenderá por el lapso de un año, transportando maquinaria, equipamiento y piezas necesarias para la construcción de UPM Paso de los Toros, detalla el informe de la empresa.

El vicepresidente de Desarrollo de Negocios de UPM, Javier Solari, señaló que la llegada de estas piezas es ―fundamental‖ para el desarrollo de la fase que corresponde al ―montaje‖ de la nueva planta. Según indicó, meses atrás, el director de Desarrollo de Negocios, Gonzalo Giambruno, el pico máximo de trabajo será en la segunda mitad de 2021 cuando se dé el solape de la etapa civil con la de montaje. ―Ahí vamos a estar con unas 6 mil personas trabajando‖, comunicó Giambruno, en agosto del año pasado, en la Junta Departamental de Durazno.

En la actualidad, hay aproximadamente 2.500 obreros trabajando, indicó el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio. El dirigente dijo a La Mañana que el año pasado tuvo una discusión ―muy dura‖ con UPM y las otras empresas, porque no compartía la forma ―poco democrática‖ con la que seleccionaban el personal por la plataforma Vía Trabajo‖.

Finalmente, a principios de diciembre, el Sunca y las empresas acordaron un nuevo convenio para 2021, donde se establece el ingreso de un mínimo de mujeres, personas con discapacidad, liberados del sistema penitenciario y adolescentes del INISA y, además, prevé realizar sorteos por categorías.

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