Organizaciones ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana una auditoría “externa e independiente” del contrato con UPM

Organizaciones ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana una auditoría “externa e independiente” del contrato con UPM

Se planteó “irregularidades” en los procedimientos de autorización ambiental y la vulneración de derechos humanos por parte de la empresa de celulosa.

Vecinos afectados por la instalación del tren de la empresa finlandesa UPM, junto con organizaciones ambientalistas, presentaron el lunes una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Se basa en irregularidades cometidas por el Estado uruguayo y UPM para instalar la planta de celulosa eludiendo las garantías del debido proceso, alterando los procedimientos de autorización ambiental, desconociendo la Constitución y las leyes protectoras de derechos humanos y medio ambiente y los tratados internacionales respectivos que es signatario Uruguay”, versa el comunicado del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), una de las organizaciones que impulsó la denuncia.

“Los vecinos de las localidades atravesadas por el tren de UPM utilizaron una ley vigente para promover un cambio o decidirlo por una consulta popular, pero fueron ignorados”, suma el comunicado. Los principales afectados se encuentran en Durazno, 25 de Mayo (localidad de Florida), La Paz, Progreso (localidades de Canelones), y el Municipio C, los barrios Peñarol, Sayago y Colón de Montevideo.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes-Amigos de la Tierra, Movus y el Colectivo Ecofeminista Dafnias, junto con los vecinos de las localidades, solicitaron la realización de una auditoría “externa e independiente” para “evaluar el contrato ROU-UPM” y “sus consecuencias potenciales sobre el ambiente y los derechos humanos”.

Rodrigo Speranza, abogado que lleva adelante la petición, indicó a la diaria que “hay una realidad cultural que choca con la normativa ambiental”. “Las herramientas jurídicas están, el juez tiene que hacer una interpretación contemplando el medio ambiente y una interpretación un poco más flexible en algunos aspectos, como lo pide el Acuerdo de Escazú”, señaló. Este acuerdo obliga a los estados a garantizar acceso a la Justicia, a la información y a la participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales. El 22 de abril entró en vigor en Uruguay. Apuntó que hay jueces que “no lo aplican”. Sin embargo, antes de que el acuerdo estuviera presente, se buscó otras vías para plantear las inconformidades: “Nosotros presentamos una acción de amparo el año pasado contra UPM, los actores eran dos personas físicas, la jueza hizo lugar a la acción, porque el Código General del Proceso lo habilitaba, pero los jueces terminan siendo muy cerrados”.

El abogado informó que obtuvieron una respuesta de la CIDH y que están en “lista de espera”. “Nosotros, las organizaciones sociales, decimos que se están violando los derechos humanos, pero otra cosa es que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diga que hicieron estudios, analizaron, investigaron y afirme que se están violando los derechos humanos”, remarcó.

Speranza explicó que la petición sirve porque si UPM se va del país y “quiere hacer un juicio internacional contra el Estado”, el país “tiene argumentos y herramientas para decirle que las razones son ambientales y basadas en los derechos humanos”. “Hay personas que se están viendo afectadas por el tren, es lamentable, pero es así, ahora están un poco mejor, pero poco mejor no llega a la dignidad”, sentenció. Sobre la construcción del tren de UPM criticó que se habla de “números o padrones” que pueden verse afectados, pero que “cada padrón es una historia”.

Ana Filippini, integrante de Movus y el Colectivo Ecofeminista Dafnias, expresó que esperan “ser oídos”. “Nosotros venimos reclamando por los derechos de la gente y denunciando los privilegios que se le da a una empresa extranjera en nuestro país”, insistió. Contó que se recurrió a la CIDH porque han hecho “lo imposible” en las competencias nacionales. Agregó que: “Le entregamos cartas personalmente al presidente [Luis Lacalle Pou], jamás tuvimos una reunión con él como organizaciones de los distintos departamentos por donde va a pasar el tren”.

“Muchos vecinos están sufriendo desde el día uno que se empezó la construcción de las vías del tren, a muchos les prometieron que les iban a pagar por sus casas y todavía están esperando en el medio de la obra, no saben cómo van a vivir de acá en más. También hay muchísima gente que no se les va a pagar y van a tener que seguir conviviendo cuando comience a transitar”, relató Filippini.

Cuando comenzó el 2021, tres organizaciones finlandesas denunciaron en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas las “consecuencias de las actividades de UPM” y la “responsabilidad de Finlandia en la actuación de empresas multinacionales”, según manifiesta el comunicado de Movus. También se expresa que en sus conclusiones el comité “lamentó que Finlandia no tenga un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos” e hizo llegar su “preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto” en Uruguay. Se afirmó que el organismo estableció un plazo de dos años para que Finlandia adopte un marco normativo sobre “empresas y derechos humanos”.

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