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Naciones Unidas exige investigación diligente e imparcial de la crisis de 2019

Naciones Unidas exige investigación diligente e imparcial de la crisis de 2019

13:14 - La OACNUDH recordó que en un informe “elaboró varias recomendaciones que desea acompañar para promover los derechos a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición”.

A un año de la “masacre” de Senkata, en la que un operativo militar y policial provocó la muerte de 10 personas en El Alto, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exigió una investigación diligente e imparcial de este hecho y de todos los ocurridos en la crisis de 2019.

“La Misión acompaña los actos de memoria en Senkata y expresa su empatía con las víctimas de estos trágicos sucesos así como con todas aquellas otras personas afectadas durante la crisis de 2019. Toda vulneración de DDHH debe ser investigada de forma diligente e imparcial”, publicó el organismo internacional en su cuenta de Twitter.

Este jueves se recuerda un año del operativo que, en medio del conflicto poselectoral tras la renuncia obligada del presidente Evo Morales, intentó bajar combustible desde la planta de Senkata hasta la ciudad de La Paz. Ello se saldó con 10 muertes, bajo el paraguas de un decreto firmado por la entonces presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y su gabinete que libraba de responsabilidades a los militares en su misión de “restablecer el orden”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que el lunes llegará un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagará los hechos entre septiembre y diciembre de 2019. Este jueves, en Senkata, las víctimas y sus familiares organizaron una misa y una marcha para recordar lo sucedido en noviembre de 2019.

La OACNUDH recordó que en un informe “documentó algunos de los episodios de violencia de 2019 y elaboró varias recomendaciones que desea acompañar para promover los derechos a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición”, entre ellas, “asegurar que el orden público esté reservado primariamente a la policía, mientras que la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes”.

Además, planteó “fortalecer las capacidades de la policía para responder adecuadamente a situaciones de tensión y violencia de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo la revisión de los programas de formación y protocolos para el manejo de manifestaciones”.

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