Moody’s se suma a Fitch y S&P y pone en perspectiva negativa a Chile por su nivel de deuda

Moody’s se suma a Fitch y S&P y pone en perspectiva negativa a Chile por su nivel de deuda

La agencia dijo que la forma en que se dio la discusión del retiro del 10% de las AFP también incidió en la decisión. Preocupa trayectoria fiscal.

El coronavirus va a intensificar una tendencia que inquieta a las clasificadoras de riesgo, entre ellas a Moody’s que este martes se decidió a seguir el camino de sus competidores, rebajando de “estable” a “negativa” la perspectiva de la clasificación de la deuda soberana de Chile.

Con esta determinación, la agencia intenta reflejar “los crecientes riesgos para la fortaleza fiscal” del país. Según detalla el comunicado elaborado por el equipo que lidera Ariane Ortiz-Bollin, “a pesar de que el país entró en la crisis del coronavirus con amortiguadores fiscales y una deuda baja en relación con sus pares con calificación A, la deuda con respecto al PIB había aumentado rápidamente en los últimos años, una tendencia que está siendo acelerada por el impacto de la pandemia”.

De hecho, Moody’s está proyectando que las obligaciones nacionales casi se dupliquen en un período de cinco años. De esta manera, ya el próximo año la deuda pública estaría alcanzando el 39% del PIB.

Se trata de un pronóstico que se alinea con el que maneja el Ministerio de Hacienda, donde apuntan a que la deuda cierre el 2020 en 34,8% y el año siguiente en 39,6%. Ante estas cifras y la determinación de Moody´s, desde la cartera dirigida por Ignacio Briones indicaron que han debido “responder de forma decidida para asegurar los recursos necesarios para el sector salud, proteger los ingresos de los hogares y empresas, inyectar liquidez a la economía real, y fortalecer el canal del crédito”.

Dadas las explicaciones, Hacienda sostuvo en un comunicado que “reafirma la importancia de recuperar el crecimiento económico, al tiempo que reitera su compromiso con la responsabilidad fiscal, la reducción gradual del déficit fiscal estructural, y la mantención de una situación sustentable para las finanzas públicas al alero de un necesario proceso de consolidación fiscal post-pandemia”.

Cabe destacar que desde el ministerio en cuestión se estima que recién en 2025 hay opciones de que comience a reducirse la deuda, siempre y cuando se cumpla el compromiso de convergencia, porque, en caso contrario, si la deuda se sigue ampliando al ritmo actual, en 2030 llegaría a 70%. Estas cifras tiene su correlato en el análisis de Moody’s, donde indican que “existe el riesgo de que la consolidación fiscal después de la pandemia sea insuficiente para estabilizar el índice de endeudamiento en el período 2022-24, y que la estabilización, si se logra, podría estar en un nivel mucho más alto que nuestro pronóstico actual de 39% de la deuda/PIB para 2021”.

Pese a esto, Andrés Peréz, coordinador de finanzas internacionales de Hacienda, señalan que están “convencidos de que la estructura que se ha armado para responder a la pandemia entrega cierto grado de flexibilidad”, además de lo cual “se ha armado con mucha transitoriedad en el gasto”, elementos que “debiesen facilitar el proceso de consolidación posterior”.

Más razones
Pero no solo la deuda preocupa a la clasificadora estadounidense. También observa con atención “las malas perspectivas de crecimiento a mediano plazo”. De hecho, en el reporte rebaja la estimación para este año desde -4,6% hasta -7,4% y si bien mejora el rebote esperado para 2021, de 3,7% y 4,4%, Ariane Ortiz-Bollín, analista de la deuda soberana de Chile en Moody’s, reconoce que es difícil hacer pronósticos de 2022 en adelante, aunque es innegable que el crecimiento potencial de 3% enfrenta grandes riesgos.

Lo anterior junto con “las crecientes demandas sociales” son elementos que a juicio de la entidad “sugieren que será difícil, desde una perspectiva de economía política, priorizar la consolidación fiscal frente a otras prioridades políticas en competencia”.

Al respecto, precisan que en el país “el shock se transmite principalmente a través de un crecimiento económico más débil y mayores demandas de programas sociales, que podrían traducirse en una base de gasto mayor en relación con los ingresos del gobierno a lo largo del tiempo”.

Asimismo, recalcan que “los cambios en las prioridades de las políticas, debido a las tensiones sociales, también pueden erosionar la eficacia de las políticas, una fuente de solidez crediticia históricamente”.

Es más, Ortiz-Bollín asegura que “el cómo se aprobó el retiro del 10% dio a entender que es posible que la forma en que se toman las decisiones de política economía en Chile puede cambiar y eso fue un factor que incidió en esta decisión”.

De todas maneras, consideran que el país todavía tiene méritos para mantener su calificación “A1″. “Las métricas fiscales y de deuda aun relativamente sólidas, aunque en deterioro, del gobierno en comparación con sus pares con calificación A”. Por otra parte, destacan que a nivel nacional se cuenta con “amortiguadores fiscales importantes, pero reducidos, que ayudan a mitigar el impacto de los shocks” y con una solidez de las instituciones junto con un historial de responsabilidad fiscal.

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