Ministra de Justicia: “Ninguna campaña [electoral] nos debe hacer olvidar que primero es la salud”

Ministra de Justicia: “Ninguna campaña [electoral] nos debe hacer olvidar que primero es la salud”

La ministra de Justicia y DD.HH., Ana Neyra, dijo que para el Ejecutivo es “importante” que el Parlamento ratifique, en segunda votación, la reforma constitucional sobre impedimentos. Informó que 339 reos han fallecido por COVID-19.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, considera que “lo más importante” dentro la reforma política que trabaja el Parlamento “es garantizar elecciones con reglas claras”. Agrega que “los aportes siempre son bienvenidos”, al ser consulta por la carta que el defensor del Pueblo le envió al presidente Martín Vizcarra, en la que cuestiona el manejo de la pandemia por parte del gobierno.

— El presidente Martín Vizcarra incluyó dentro de los ejes del llamado Pacto Perú la reforma política y la reforma del sistema de justicia. ¿Cuáles son los proyectos que el Gobierno impulsará de manera urgente?

Para nosotros lo más importante es garantizar elecciones con reglas claras, ya se ha aprobado recientemente en el pleno del Congreso con las normas para la elección, así que lo primero que vamos a hacer es analizar ese texto y en los próximos días se decidiría la promulgación o, eventualmente, la observación.

Y lo que requiere atención de manera urgente es el tema del financiamiento. Se cambió el artículo 35 de la Constitución en el referéndum de 2018, pero luego no tuvimos un desarrollo legal sobre el tema. El Congreso anterior se limitó a analizar el tema como delito, que fue positivo, pero todavía no tenemos un marco que desarrollé cómo será la franja electoral ahora que está prohibido contratar propaganda en radio y televisión para los partidos.

— Usted fue secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que dirigió el politólogo Fernando Tuesta. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Comisión de Constitución del Parlamento, que preside Omar Chehade?

Lo primero que quiero saludar son los temas de avance, me pareció muy importante que logren la paridad y alternancia, el Congreso anterior aprobó que se aplique después de 2021, es importante que ahora lo tengamos desde el próximo año y no solo para la elección nacional, sino también para las elecciones municipales y regionales. Entonces, ahí hay que saludar el trabajo del Congreso. También hay que decir que los mecanismos de elección [a través de un concurso de méritos] de los magistrados del Tribunal Constitucional son trascendentales. Y hay dos temas pendientes, el de impedimentos, que entiendo el Congreso someterá a segunda votación en las próximas semanas, y el tema de la inmunidad, en el que todos coincidimos se debe evitar que esta inmunidad sea entendida como impunidad.

— El Gobierno no planteó la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino que esta prerrogativa pase a la Corte Suprema ¿Cree que el Congreso se fue a un extremo en este punto?

Cuando uno analiza el derecho comparado hay muchas opciones sobre la inmunidad, hay países que la ponen en la Corte Suprema [el levantamiento], como Chile, que fue el caso que seguimos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Y, por otro lado, hay países que la eliminan, como Colombia, que también se ha citado mucho. Entonces, lo importante, en lo que hay que coincidir es que la inmunidad no puede ser un mecanismo para que una persona que cometa un delito común no pueda ser investigada. Nosotros, como comisión, planteamos que la Corte Suprema analice el tema. Lo importante es que no tuviéramos una suerte de cuello de botella en el Congreso frente a la inmunidad y creo que, al final, ambas propuestas pueden sumar en ese objetivo.

— Desde que se instaló el actual Congreso distintas bancadas presentaron 15 proyectos para regular o eliminar la inmunidad parlamentaria. Solo uno de estos, el de UPP, incluyó retirar esta prerrogativa a los altos funcionarios del Estado ¿No término por concretarse la opción más radical?

Todos hemos coincidido en que se requiere de un mayor debate, porque se llegó a un texto que no había tenido el debate suficiente, ni el apoyo suficiente de las bancadas, producto de ello, en días posteriores ciertas bancadas le quitaron su respaldo. Estamos en un nuevo momento de reflexión. Felizmente, el Congreso también ha coincidido en esa línea y estamos esperando cómo van a impulsar este tema, probablemente ya con un texto diferente.

— ¿Y cuál es la postura del Gobierno sobre la inmunidad, se debe regular o eliminar?

En realidad, nosotros como Gobierno lo que queremos es que la inmunidad garantice que no haya personas impunes, que no son investigadas, y eso se puede lograr de diferentes maneras. Nosotros pensamos que eso llevaba a que lo hiciera la Corte Suprema, ahora el Congreso está generando una alternativa y el Ejecutivo respeta la autonomía del Parlamento de generar alternativas en la misma línea de lo inicialmente planteado. En un Estado de derecho ninguna persona puede no ser investigada, puede no ser juzgada cuando comete un delito y esto aplica para los congresistas, ministros y cualquier otra autoridad.

— Tras casi un mes y medio, el Congreso no ha ratificado, en segunda votación, la reforma constitucional que prohíbe a personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos de elección popular. ¿Falta voluntad política?

Lo que entiendo es que el Congreso requiere, como sabemos, una cantidad importante de votos, requiere 87 votos para aprobar esta reforma. Evidentemente, lo que están tratando de hacer, según información que nosotros tenemos, es garantizar estos votos, esta reforma constitucional es importante. Queremos mejorar la calidad de los candidatos y de las autoridades. El Congreso está tratando de conseguir esta votación.

Sin perjuicio de esto, nosotros también estamos atentos, porque si eventualmente esto no sucediera, el presidente Martín Vizcarra ya anunció que tenemos una vía alternativa de acción: presentar un proyecto de ley, para que esta reforma provenga de una norma y no de la Constitución. Para nosotros, es importante que en el proceso del próximo año se garantice que personas sentenciadas en primera instancia no puedan postular.

— Chehade propone restaurar la bicameralidad para el 2023, que el Senado se elija en las elecciones regionales y municipales de 2022 ¿Comparte ese punto de vista?

Tengo que contestar esto en mi doble condición, en algún momento, cuando yo fui secretaria técnica de la Comisión [Tuesta], se planteó el tema de la bicameralidad, porque se consideró que había la posibilidad de presentarlo, pero el Ejecutivo luego, al cual ahora me adscribo, afirmó que no se puede desconocer el resultado del referéndum [que rechazó esta medida]. Sin perjuicio de esto, nosotros escucharemos y analizaremos la propuesta del congresista Chehade, cuando se presente y tomaremos una posición de acuerdo al momento jurídico y político.

— El Congreso tiene hasta fines de setiembre para fijar las reglas electorales. ¿Cuáles deben ser las prioridades?

La autógrafa aprobada es la que en realidad se ha referido a casi todo el proceso vinculado a la elección, se habla de la inscripción de partidos, de candidaturas, de la jornada electoral, de cuántas horas durará la votación para evitar aglomeraciones. Hay que recordar que estamos en un contexto de pandemia y se hace importante tener claridad de que no haya mucha concentración de personas emitiendo su voto. Entonces, todas estas reglas están dentro de la autógrafa. Ahí hemos avanzado bastante, porque en un momento solo teníamos que no iban a realizarse las primarias, pero no teníamos reglas. Esta ley es quizás una de las más importantes en términos de la elección.

Adicionalmente a eso, para nosotros es importante, lo repito, que se genere impedimento de postulación a quienes tengan condena en primera instancia.

— Usted mencionó que se debe aterrizar cómo será la nueva franja electoral…

Otro tema que es central es el financiamiento, lo hemos venido promoviendo desde el referéndum de 2018, pero, además tiene que ver con la lucha contra la corrupción, y es una cuestión operativa. Desde el 2018 está prohibido que los partidos políticos contraten propaganda electoral de manera directa. Entonces, si no pueden colocar propaganda en radio y televisión, el único mecanismo que tendrán los partidos para posicionar su agenda y su plan de gobierno será la franja, una franja que hoy está pensada para una presencia más reducida. Y en un contexto de pandemia, creo que se debe definir eso. Ahí coincidimos con la Comisión de Constitución. La idea es que este conjunto de normas termine de tener claridad sobre qué va a aplicar para los candidatos.

— Estamos a ocho meses de las elecciones generales, ¿Cree que la relación entre el Ejecutivo y Congreso se pueda complicar en el contexto de la campaña?

La campaña va a derivar en una oferta política, todos van a presentar sus perspectiva y lo que consideran se debe hacer a partir del próximo año, pero sí hay un momento que debe unirnos, como Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil, es este. Estamos en un contexto de pandemia, que ha desnudado nuestra realidad […] Ninguna campaña nos debe hacer olvidar que primero es la salud de todos y todas en este contexto.

— El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado al Poder Judicial suspender por dos años y medio a Fuerza Popular. Si la medida se concreta, el fujimorismo no podría participar en las próximas elecciones ¿Cuál es su posición sobre este tema?

Este es un pedido fiscal, yo debo ser muy respetuosa de la autonomía de las instituciones, es un pedido que ha hecho el Ministerio Público, es un pedido que valorará en su momento un juez. Es finalmente una decisión fiscal y judicial, nosotros como Ministerio de Justicia respetamos su autonomía y se tendrán que acatar la decisión que se adopte sobre el tema.

La crisis en los penales por el COVID-19
— El Tribunal Constitucional declaró la existencia de un "estado de cosas inconstitucional" respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional. ¿Cuáles son las medidas concretas que ha adoptado su despacho tras esta medida?

En realidad hemos tomado medidas antes [de esta sentencia del TC] con mi predecesor [Fernando Castañeda]. Antes de que se emita el fallo, nosotros ya habíamos comenzado el diseño de un instrumento de gestión, que es una política penitenciaria. Ahora esta tiene que incidir en la salud, está pensando en el escenario de COVID-19. El viernes se ha terminado de realizar las pruebas a todos los internos del penal Castro Castro y el día de hoy [martes] se ha terminado en el penal Ancón I.

También hemos comenzado a sentar bases en temas de salud por situaciones ajenas a la pandemia. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en el penal Santa Mónica [penal de Mujeres de Chorrillos], y me conmovió que hubiese niños que no han sido vacunados ni que hayan tenido una campaña contra la anemia. Los menores pueden estar con sus madres hasta los tres años. Entonces, la proyección es que a finales de este mes tengamos a todos los niños vacunados. También estamos trabajando con el Produce para que los emprendimientos en los penales se conviertan en mypes, cuando los reos cumplan su sentencia. Y así puedan tener un sustento cuando salgan de la cárcel.

— ¿Y qué medidas están tomando sobre deshacinamiento?

Sobre el deshacinamiento, este año vamos a tener un primer lote de 2.000 grilletes electrónicos, y vamos a llegar a los 4.000 en el 2021. Queremos generar una política seria y responsable de deshacinamiento, ninguna persona condenada por delitos graves va a salir.

— ¿Cuánto reo son los que han fallecido por COVID-19? ¿Y cuántos positivos hay en total?

Debo lamentar que los agentes penitenciarios que han fallecido ya están en 37 [al 17 de agosto], esto es una situación en la que hemos incidido para que no se genere, nos hemos comunicado con sus familias para garantizar que puedan recibir ayuda. Son 37 los agentes fallecidos de un total de 2775 positivos.

— ¿Y cuál es el número de reos fallecidos?

Hasta el momento, hay 12.251 internos con COVID-19, de estos, hemos tenido 339 fallecidos. Y se han tomado casi 27 mil pruebas.

— ¿Cuáles son los errores que, a su entender, deben ser corregidos de manera urgente en la política aplicada por el Ejecutivo frente a la pandemia de COVID-19?

Lo que tenemos que pensar es que esto fue una enfermedad que no teníamos la forma de prever cuáles eran sus efectos y, además, nuestro punto de partida fue con deficiencias estructurales, una de las cifras que me parece más preocupante es que hayamos empezado con 100 camas UCI para más de 30 millones de peruanos, revertir eso ha sido complicado. Y la ministra Mazzetti ha anunciado el progresivo cambio de pruebas rápidas a moleculares, ella ha anunciado que las moleculares serán para el conteo. Lo central es reforzar la acción comunicativa, no porque no lo hayamos hecho, pero hay que incidir en el lavado de manos, en el uso de la mascarilla y en el distanciamiento social. Y justamente, para que entendamos que la pandemia es todavía un tema grave, se ha autorizado la inmovilización social obligatoria los domingos.

— ¿Existe el espacio para un sinceramiento transversal? Por ejemplo, cuántas personas con enfermedades graves y que no fueron atendidas fallecieron en el estado de emergencia. O la cifra de la deserción escolar y universitaria, entre otros.

Nuestra política siempre ha sido la transparencia, nunca ha habido un intento de ocultamiento de cifras, de fallecimientos, la ministra de Salud ha anunciado hasta dos entregas y una tercera próxima para justamente tener claridad sobre la cantidad de personas fallecidas en el marco de esta enfermedad. Y sin duda lo haremos en todos los aspectos que se requieran, porque nuestro objetivo es la transparencia. En este momento la prioridad es la atención de la pandemia y seguiremos trabajando, paralelamente, de una manera transparente.

— El defensor del Pueblo le envió una carta al presidente Vizcarra, en la que critica al manejo de la pandemia por parte del Estado. ¿Cree que la estrategia debe cambiar de manera radical?

Los aportes siempre son bienvenidos. Como Gobierno, tenemos plena disposición para convocar a todos los actores. El defensor del Pueblo nos ha acompañado en diversos espacios de diálogo y hemos tomado en cuenta muchas de las sugerencias que nos han hecho llegar. Esperamos seguir trabajando juntos.

— Gutiérrez advierte que, si no se reenfoca la estrategia, convocando a las organizaciones sociales, el Perú podría llegar a los 80.000 muertos por COVID-19…

Nosotros siempre agradecemos el apoyo de todos y todas: del Congreso y todas las instituciones públicas, las empresas, la sociedad civil, los ciudadanos y ciudadanas. En este momento, la salud de todos y todas es el objetivo que debe unirnos.

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