Lukashenko resiste cuatro meses de protestas con mano dura y vagas promesas de reforma

Lukashenko resiste cuatro meses de protestas con mano dura y vagas promesas de reforma

El líder autoritario bielorruso busca ganar tiempo para dar respuesta a las presiones de Rusia con un cambio constitucional que la oposición considera otra falacia.

Aleksandr Lukashenko es un mago del arte de ganar tiempo. Cuatro meses después de que las controvertidas elecciones presidenciales y las denuncias de fraude derivasen en una movilización histórica contra el presidente bielorruso, Lukashenko continúa en el poder. Bajo una intensísima presión nacional e internacional desde los comicios del 9 de agosto, el líder autoritario, que lleva 26 años en el poder ininterrumpidamente, basa su supervivencia política en una represión cada vez más severa, su insistente discurso sobre una supuesta amenaza exterior que quiere tomar el poder en Bielorrusia y promesas vacías de reforma con las que busca dejar pasar los días y que las protestas se desinflen; todo apuntalado por su poderoso, amplio y por ahora fiel aparato de seguridad.

Pero las manifestaciones, aunque han adelgazado, no se han apagado sino que se han diversificado con acciones de resistencia y actividades. Con el permanente descontento en la calle y molesto por las cada vez más amplias sanciones contra Bielorrusia de la Unión Europea –que no reconoce los resultados de los comicios del 9 de agosto en los que el líder autoritario reclama la presidencia con un 80% de los votos-, Lukashenko volvió a insinuar hace unos días que trabajaba en una reforma constitucional y que cuando estuviese lista dimitiría.

“No estoy haciendo una Constitución a mi conveniencia. Con la nueva Constitución yo ya no trabajaré como presidente”, afirmó la semana pasada durante una visita a un hospital, según la agencia estatal Belta. Otra promesa –vaga— que se produjo solo un día después de que Rusia le recordase el compromiso al que llegó con el presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre, para hacer reformas y acabar así con la crisis política que vive la antigua república soviética.

El Kremlin, que ha dado su apoyo al líder autoritario y ha adoptado su discurso sobre la “injerencia extranjera”, le está metiendo prisa. Y es que ese apoyo le está empezando a pasar factura a la imagen de Moscú entre la ciudadanía bielorrusa, que nunca había sido antirrusa. También porque espera que de esa reforma salga algo beneficioso para sus intereses, apunta el analista Artyom Shraibam. “Moscú quiere que Lukashenko calme las protestas pero no se quede en el cargo, porque se ha convertido en una fuente de inestabilidad tanto en Bielorrusia como en las relaciones bilaterales. Rusia quiere un sistema político más horizontal en Bielorrusia, que permitiría hacer negocios no solo con un presidente todopoderoso, sino también tener más canales y palancas de influencia dentro del país”, escribe Shraibam.

Moscú aspira a una reforma con la que las formaciones prorrusas ganarían posiciones dominantes en el Parlamento bielorruso o pueda escoger otra forma para llevar sus propios intereses a Minsk, considera también el politólogo Arkady Moshes, miembro de la red de expertos en relaciones UE-Rusia (Euren).

Además, el líder bielorruso necesita insuflar al proceso de un halo de legitimidad para que la ciudadanía lo aceptase. De momento, ha prometido presentar los detalles de la reforma de la Constitución en la Asamblea Popular de Bielorrusia, una reunión con miembros del Gobierno, altos funcionarios y líderes de la industria del país.

Si la reforma finalmente sale adelante es difícil, además, que Lukashenko se retire del poder. Hace unos días, en una entrevista con varias televisiones de países del espacio post-soviético, el líder bielorruso insistió en la idea de que cuando se marchase no lo haría del todo sino que “ayudaría” y “daría consejos”. De dar un paso atrás, creen los observadores, no sería lejos y podría pasar a ocupar el sillón del consejo de Estado –como una especie de padre de la patria— conservando gran influencia, al estilo de Nursultán Nazarbayev, en Kazajistán; un modelo largamente debatido también para Putin.

Falacias para la oposición
Para la oposición, en prisión o en el exilio forzado, estas promesas y maniobras son falacias. Svetlana Tijanóvskaya, la candidata electoral que le desafió y logró unificar a la oposición, sostiene que Lukashenko quiere hacer perder el tiempo a la ciudadanía bielorrusa. Desde Lituania, donde se trasladó tras los comicios al sentir amenazada a su familia, la líder opositora afirmó este jueves que su equipo, por el contrario, ya está elaborando un plan de diálogo y proyectos de reforma; aunque lo principal sigue siendo convocar nuevas elecciones.

La represión de la protesta y las purgas a los críticos continúan. También ha aumentado la emigración, pese a la pandemia, a los países vecinos que, como Lituania o Polonia han facilitado las llegadas; o Alemania, que ha lanzado ofertas a sus profesionales sanitarios para sus hospitales de tratamiento de la covid. A las amenazas de Lukashenko de que quien salga podría encontrarse después las puertas cerradas se suma ahora una nueva ley migratoria. Minsk prepara un cambio legal para “reducir la salida de la población, especialmente de los jóvenes”, explicó el primer ministro, Roman Golovchenko, en el Parlamento, según la agencia Belta. Bielorrusia está alerta ante la “fuga de cerebros”.

Casi 150 personas permanecen detenidas en Bielorrusia acusadas de participar en las protestas, según la organización de derechos civiles bielorrusa Vesna. Y cada día hay nuevos arrestos, sobre todo durante las grandes manifestaciones de los domingos en las que los detenidos se cuentan por cientos. Solo en noviembre hubo 4.000 arrestos, según Vesna. Además, unas 900 personas se enfrentan a procesos judiciales penales por las movilizaciones pos-electorales.

Los casos de abusos policiales –incluso de tortura—se cuentan por cientos, y seis ciudadanos han fallecido en circunstancias relacionadas con su detención o las manifestaciones. En un informe difundido el mes pasado, el relator especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) habla de abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de la oposición y periodistas incluyen tortura, detención arbitraria y restricción del ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y los define como “violaciones y abusos sostenidos de los derechos humanos a gran escala y con impunidad”

El consejo de coordinación, que aglutina a la oposición, recopila ahora un “libro de crímenes” con casos de abuso policial documentados y verificados por abogados independientes para reclamar más sanciones occidentales contra Bielorrusia y para construir un caso judicial una vez que, como esperan, “el régimen se desmorone”.

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