Los motivos detrás de los argentinos que miran a Uruguay y las discusiones que desata

Los motivos detrás de los argentinos que miran a Uruguay y las discusiones que desata

El gobierno anunció una estrategia para captar extranjeros y hay unos 1.000 argentinos a la espera de obtener la residencia. ¿Son dos cuestiones asociadas? ¿Hay beneficios reales para el país, o sólo da un salvoconducto para que paguen menos impuestos?

La historia económica, política y social de Uruguay está en constante relación con la de Argentina, y de hecho varias veces se ha constituido como reacción de lo que pasa en el país vecino. La primera tanda relevante de inmigración, a mitad del siglo XIX, como consecuencia de la persecución a los unitarios, o un siglo después, producto de los efectos del primer gobierno peronista, estaban asociadas a motivos
políticos y tenían como principales exponentes a intelectuales argentinos; en adelante los movimientos han estado más ligados a aspectos económicos y han tenido como símbolo la irrupción argentina en balnearios de la costa este y oeste de Uruguay, analizó, en diálogo con la diaria, el docente de Historia y escritor Alejandro Giménez Rodríguez.

Al repasar esa historia, parece notorio que para analizar cualquier fenómeno de migración de Argentina a Uruguay hay que poner mucho más los ojos en lo que sucede de aquel lado del Río de la Plata que en la coyuntura local. Se trata de un aspecto que no puede eludirse al observar el interés de empresarios y profesionales argentinos por instalarse en Uruguay, algo que, según fuentes del sector privado y diplomáticas, viene en ascenso en los últimos meses –aunque hay divergencias sobre la magnitud del fenómeno–.

La derrota electoral del macrismo y la vuelta del peronismo, los cambios impositivos y la posibilidad latente de nuevos tributos, junto a las restricciones que impuso la pandemia, son algunos de los argumentos que esgrimen contribuyentes argentinos ―con importantes fortunas, o empresarios emprendedores‖, para analizar la posibilidad de mudarse a Uruguay, contó a la diaria el abogado César Litvin, que dirige en Argentina un estudio contable que asesora clientes de ese perfil. Añadió que también consideran que Uruguay ―ha dado señales claras‖ para recibirlos.

Cuando el año empezaba –sin pandemia y con el turismo de zafra–, el entonces presidente electo Luis Lacalle Pou participó en un foro empresarial en Punta del Este y señaló que Uruguay tiene, ―por distintas razones, la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada‖ de extranjeros, especialmente de argentinos.

Anunció que el plan sería ―primero ir por la familia, después van a traer la plata‖.

Esa intención parece estar teniendo sus primeros resultados, porque según información a la que accedió la diaria, hay unos 1.000 argentinos en lista de espera en el Consulado en Buenos Aires para iniciar los trámites de la residencia legal. A esto debe sumarse que, según consignó La Nación, Migraciones registró unos 80.000 ingresos de argentinos entre marzo y fines de agosto –el número incluye a gente que cruzó la frontera más de una vez–.

Frente a estos indicios, surge una pregunta: ¿el creciente interés responde a las medidas o las señales que realizó el gobierno uruguayo, o es más bien una reacción natural de cierta elite argentina ante los acontecimientos que ocurren en su país?

En esa línea, también cabe la interrogante de quiénes son los argentinos interesados en cruzar el charco y si a Uruguay le favorece esa migración o simplemente les da a esas personas un escaparate para pagar menos impuestos.

Para meterse en el tema sirve primero entender algunos términos y sus implicancias. La residencia legal es un trámite que lleva aproximadamente seis meses para los residentes en países del Mercosur, aunque unos 15 días después de comenzado el proceso y con la documentación que lo avale, los argentinos pueden cruzar hacia Uruguay, a pesar de las restricciones sanitarias. También pueden hacerlo si demuestran alguna razón valedera de índole laboral, económica o de reunificación familiar.

Por un carril paralelo, aunque con cierta ligazón, transcurre el cambio de la residencia fiscal. Ya no se trata de un trámite, sino que es un estatus –que determina dónde un contribuyente debe pagar impuestos– que se pierde en el país de origen o se adquiere en el de destino al cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, de días de permanencia durante un año. Lo más relevante para los argentinos es que antes de ser residentes fiscales en Uruguay deben tener la baja fiscal de la AFIP –organismo recaudador de impuestos–, que ya advirtió que fiscalizará que la mudanza sea real e incluya el llamado ―centro de intereses vitales‖ de la persona, es decir, que no sea una fachada para tributar menos.

Nuevos perfiles y debate por las medidas
Litvin y el contador uruguayo Ricardo Domínguez –fundador de Rica Consultores, donde trabaja con clientes argentinos– coincidieron en que al interés inicial por emigrar de empresarios en general de una edad cercana al retiro, se sumaron profesionales y emprendedores más jóvenes que buscan ―un cambio de estilo de vida‖. Los primeros ponían el foco en las ventajas tributarias que brinda Uruguay, que según Litvin permiten ahorrarse unos 250.000 dólares de impuestos a un argentino que tenga un patrimonio de 10 millones de dólares en el exterior. Pero el segundo grupo está compuesto por ―gente de 30 o 40 años que quiere armar su vida acá‖ y que menciona como motivos de salida de Argentina aspectos económicos, la ―inestabilidad política‖ y los problemas de inseguridad, expresó Domínguez.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Wilder Ananikian, dijo a la diaria que ―se está ampliando el perfil‖ de los extranjeros interesados en invertir en Uruguay, y situó las consultas en proyectos inmobiliarios de Montevideo, Colonia y Punta del Este. Explicó que el sector privado está alineado con la estrategia del gobierno y viene realizando seminarios web y publicidad en Argentina para ―mostrar cómo se hacen negocios en Uruguay, y cuáles son los gastos y los impuestos asociados‖.

Los tres consultados destacaron las medidas que tomó el gobierno uruguayo como un factor que favorece la llegada de argentinos. En primer lugar, a través de un decreto emitido en junio, se sumaron dos condiciones —con menores requisitos que los vigentes desde 2016— para obtener la residencia fiscal en Uruguay en caso de realizar una inversión inmobiliaria o de tener participación en una empresa.

La otra medida, que culminó su proceso legislativo la última semana, consiste en la ampliación de la vacación fiscal que ofrece Uruguay a quienes llegan como residentes para las rentas que obtengan en el exterior: estaban exoneradas por cinco años y ahora lo están por diez años.

El economista Mario Bergara, actual senador y parte del equipo económico durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, dijo a la diaria que estos cambios son ―excesivamente generosos‖ con los extranjeros e incumplen con los estándares internacionales que fija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así y todo, no cree que generen ―un flujo relevante‖ de migración argentina. En lo que sí podría derivar esta estrategia, advirtió, es en un reclamo de Argentina por ese apartamiento de los criterios internacionales.

En la Embajada de Argentina en Uruguay, según supo la diaria, monitorean el tema y no tienen previsto dialogar con el gobierno local por este asunto. Ven la posible mudanza de argentinos como parte de un proceso natural ligado a decisiones personales, y no creen que la migración que se concrete sea de magnitud.

A su vez, Bergara consideró un error asociar el mayor interés por emigrar de los vecinos a las medidas del gobierno, ya que entiende que responde ―a temas más estructurales, como la situación de Argentina y la pandemia‖. En ese sentido, subrayó que ―la invitación a que vengan los argentinos [a invertir en Uruguay] siempre se ha hecho‖.

Al defender la ampliación de la vacación fiscal en el Parlamento, el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, dijo que ―promocionar un régimen de residencia por inversiones es totalmente legítimo‖ y que se apunta a ―dar condiciones para que puedan radicarse en Uruguay‖ a los extranjeros que hacen una ―planificación patrimonial‖ en virtud de la imposición tributaria de cada territorio.

En un análisis publicado en julio en la diaria, el especialista tributario Gustavo Viñales indicó que por primera vez –teniendo la inmigración un ―lugar de privilegio‖ en la historia del país– las autoridades plantean ―la residencia fiscal como herramienta para captar inmigrantes por ventajas tributarias‖. En su opinión, las medidas del gobierno tendrán un efecto menor ―que lo que se han imaginado algunos actores‖ interesados en el asunto, entre otras cosas porque el convenio tributario vigente entre Uruguay y Argentina contiene ―reglas de desempate‖ que complican a aquellos contribuyentes que no hagan una mudanza real.

Posibles efectos y las dudas sobre si hay una política para inversores Tanto Litvin como Domínguez entienden que el flujo de argentinos con capital y ganas de emprender podría replicar un fenómeno que ocurrió hace cerca de una década en el agro, donde la llegada de extranjeros –en su mayoría argentinos, que abandonaron o redujeron sus negocios tras el conflicto del gobierno kirchnerista con el campo– aumentó las inversiones en tecnología y generó un crecimiento del sector. Ahora apuntan a que rubros ligados a las tecnologías de la información, como el software o las telecomunicaciones, podrán ser los principales beneficiados.

―Los clientes que conozco que se fueron o se irán a Uruguay no van para pasear o jugar tenis, sino con la idea de armar nuevos negocios. Si bien Uruguay es un mercado chico, puede ser el lugar para negocios que miren al Mercosur, porque tiene un buen régimen de zonas francas, que en Argentina no existe‖, aseguró Litvin. Domínguez, por su parte, sostuvo que ―en el plazo de un año o año y medio, se verán [los efectos de la llegada de argentinos] en la medida en que efectivicen inversiones, y en lo primero que se notará es a nivel inmobiliario‖. Ananikian complementó que para el sector ―mueve la aguja que vengan 2.000 o 3.000 argentinos con poder adquisitivo a invertir‖.

Bergara descree de un fenómeno relevante como el que ocurrió en el agro porque el escenario regional y global está dominado ―por la incertidumbre‖, lo que dificulta la concreción ―de inversiones de magnitud‖.

Acepta que si hay argentinos que ―vienen a instalarse y a generar su centro económico principal en el país‖, puede haber impactos en otros sectores, aunque todo dependerá de ―la magnitud‖ del flujo y de ―cómo se concentren geográficamente‖.

Lo que sí remarca el ex ministro de Economía y Finanzas frenteamplista es que de ningún modo se puede hablar de una política de atracción de inversiones por las medidas que impulsó el gobierno: ―Si vos exigís [a un extranjero la compra de] un inmueble de 370.000 dólares y estar dos meses al año no estás atrayendo inversores; de hecho, no hay inversión: es sólo un cambio de propiedad. No creo que nadie decida venir a Uruguay por eso o por la vacación fiscal‖.

Con las opiniones y pronósticos encima de la mesa, sólo resta esperar el resultado y ver si el interés de los argentinos del que hablan los actores privados trae un nuevo Mauricio Litman –empresario que fue puntal con sus inversiones inmobiliarias (como el Cantegril Country Club) del crecimiento de Punta del Este a mediados del siglo pasado, recordó Giménez Rodríguez–, o es una puesta en escena de esas a las que nos tienen acostumbrados los vecinos al prender la televisión.

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