Lenín Moreno enviará "nuevo proyecto de urgencia económica" al Parlamento tras rechazo a paquete anterior

Lenín Moreno enviará "nuevo proyecto de urgencia económica" al Parlamento tras rechazo a paquete anterior

El nuevo texto estará enfocado en "temas tributarios" y recogerá los "consensos" que surgieron en el debate con diversos sectores.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que enviará un "nuevo proyecto de urgencia económica", luego de que este domingo la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazara el paquete enviado anteriormente por el Ejecutivo, conocido como Ley de Crecimiento Económico.

Según Moreno, el nuevo proyecto estará enfocado en "temas tributarios" y recogerá los "consensos" que surgieron en el debate con diversos sectores. "Me reafirmaré, en que los que más tienen, más paguen", señaló.

La tarde de este domingo, el Parlamento –con 70 votos a favor, 32 en contra y 31 abstenciones– decidió archivar la Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas —simplificada con el nombre de Ley de Crecimiento Económico— enviada por Moreno el pasado 18 de octubre.

Según el mandatario, la decisión de la Asamblea Nacional es "un procedimiento que es normal en democracia"; sin embargo, lo calificó de "lamentable", porque —de acuerdo a sus declaraciones— "era una ley que beneficiaba al país".

Entre las cuestiones que destacó, dijo que la decisión de los parlamentarios le negó a 9.000 estudiantes exbecados la condonación de intereses y la renegociación de sus créditos; además, cientos de emprendedores y empresarios tendrán que seguir pagando el anticipo del impuesto a la renta, que como Gobierno buscaban eliminar.

"Ley impuesta por el FMI"

Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), organización que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), tras conocer la decisión del Parlamento, dijo a la prensa que esta normativa era una "ley impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, en este caso, afectaba la democracia, afectaba la soberanía del pueblo ecuatoriano".

Por otro lado, agradeció a los parlamentarios por dar una respuesta al pueblo, "más allá de los intereses particulares de los grupos económicos".

Según la CONAIE, la ley favorecía "la fuga de capitales al exterior" y derruía "los controles sobre la liquidez de los bancos poniendo en riesgo la estabilidad el sistema financiero", como en "tiempos previos a la crisis bancaria de finales de los 90".

Además, proponía "autonomía" de la Junta Financiera y del Directorio del Banco Central de Ecuador (BCE), que "pasarían a control del sector privado sin representantes de sociedad civil, academia, pueblos y nacionalidades".

Asimismo, según la CONAIE, la normativa abría puertas a mayor corrupción "por vía de legalización del lavado de capitales" y daba "más beneficios a evasores de impuestos".

La propuesta de las organizaciones sociales

La CONAIE, en contraparte, presentó, junto a 200 organizaciones sociales que se agruparon en lo que denominaron Parlamento de los Pueblos, una propuesta de proyecto sobre un nuevo modelo económico y social para el país.

Su propuesta contempla: 

  • Incrementar a 4 % la meta de recaudación de Impuesto a la Renta a los 270 grupos económicos más ricos de Ecuador para lograr 1.233 millones de dólares extras en 2020. Además, la CONAIE propone un impuesto del 1 % a los activos de esta élite. 
  • Reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 %, como está actualmente, al 10 %.
  • Disminuir a un máximo de 4 % la tasa de interés para el crédito hipotecario.
  • Crear un Fondo Colateral para garantizar el crédito agrícola para la economía campesina y microempresas.
  • Respetar la prohibición de cultivos y semillas transgénicas.
  • Fomentar el turismo ecológico, comunitario y cultural.
  • Promover el uso de energía solar, eólica, geotérmica y microcentrales hidroeléctricas.
  • Régimen especial para las comunas y comunidades, permitiéndoles ser proveedores de los mecanismos de compras públicas para programas de alimentos. 

 

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