Las herencias económicas en 35 años de democracia: de lo mejor a lo peor

Las herencias económicas en 35 años de democracia: de lo mejor a lo peor

Pasaron siete gobiernos y cinco presidentes (dos repitieron) en los que la economía uruguaya tuvo vaivenes. También enfrentaron crisis, encararon reformas y repitieron errores.

En 35 años de democracia, las “herencias económicas” han sido todas complejas (algunas más que otras, claro) con diferentes indicadores a los que el gobierno entrante debía prestarle rápida atención. Según los números, la “herencia” que recibió el gobierno de José Mujica de parte del de Tabaré Vázquez puede considerarse la menos compleja y la que recibió Julio María Sanguinetti de la dictadura la más apremiante.

“El gobierno democrático (que asumió en 1985) heredó una situación económica desastrosa”, sintetizó el economista Gabriel Oddone en el libro “El Declive. Una mirada a la economía uruguaya del siglo XX”.

Veamos los números: tres años de recesión (con caída del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 17,2% entre 1982 y 1984-, desempleo en 14% de la Población Económicamente Activa (PEA), déficit fiscal de 9,5% del PIB a fin de 1984 y la deuda pública bruta representando el 100% del Producto en 1985. Además el poder de compra de los salarios se había deteriorado 28% en tres años y la inflación era de 66,13% a fin de 1984.

A eso se sumaban los coletazos de la crisis financiera de 1982-1983 que llevó al Banco Central (BCU) a comprar las carteras de deudores en riesgo y negociar la venta de algunos bancos.

La actividad económica y el salario real iniciaron un ciclo de recuperación, gracias a factores externos como la baja del precio del petróleo, las tasas de interés y a que continuó la apertura comercial con los países vecinos iniciada en dictadura. La vuelta de los Consejos de Salarios ayudó al consumo. En 1987 se aprobaron la ley de Desarrollo Forestal (que otorgó subsidios a la forestación en tierras de escasa productividad) y la ley de Zonas Francas, que buscó desarrollar el sector servicios.

El gobierno de Sanguinetti repitió algo histórico en Uruguay, aumentar el gasto en el año electoral. Eso dejó al gobierno entrante de Luis Alberto Lacalle el mayor déficit de este período democrático: 6,5% del PIB. Además, la inflación seguía como un karma (en 1990 alcanzó el segundo récord histórico con 129%) y si bien en el período la economía había crecido 3,8% en promedio, estaba desacelerándose.

El gobierno de Lacalle, con un signo claramente liberal, profundizó la apertura del comercio con los vecinos mediante la incorporación al Mercosur, creado en 1991. Se redujo el déficit fiscal mediante un ajuste (de hecho llegó a haber un pequeño superávit en 1992) y también bajó la emisión de moneda (utilizada para financiar el déficit) que impulsaba la suba de precios. Para ayudar a desinflacionar la economía, se implementó un plan de devaluaciones controladas del peso uruguayo (conocido como “banda de flotación” por la que el gobierno fijaba un “piso” al que compraba dólares y un “techo” al que vendía).

 

En cuanto a reformas, la ley de empresas públicas de 1991 suprimió parte de los monopolios de Ancap y el Banco de Seguros, abrió los servicios portuarios a la empresa privada y permitía que algunas empresas estatales, en particular Antel, se asociaran con operadores privados. Pero parte de esa reforma, en particular el capítulo que permitía la asociación de Antel y la concesión de servicios públicos, fue anulada por amplia mayoría (71,6%) en un referéndum el 13 de diciembre de 1992.

El gobierno de Lacalle dejó de convocar los Consejos de Salarios y el poder de compra de los asalariados -que venía de aumentar 34% en promedio en el período de Sanguinetti- creció 7%.

Sanguinetti heredó de Lacalle un déficit fiscal en aumento (3% del PIB en 1994), la economía en crecimiento, el desempleo estable por encima del 8% de la PEA y una inflación en descenso (si bien seguía largamente en dos dígitos).

El segundo gobierno colorado tras la dictadura debió encarar una reforma previsional, por la presión que las jubilaciones ejercían sobre el fisco. En 1996 se creó el régimen de ahorro previsional privado (AFAP; fracasaron varios intentos de impedirlo por medio de referendos), lo que gradualmente quitó presión sobre el Banco de Previsión Social (BPS). El plan de estabilización iniciado en 1991 se continuó y en 1998 se alcanzó una inflación de un dígito (8,63%) por primera vez en 42 años.

“A finales de 1998 se instaló una recesión económica que se prolongó hasta finalizar 2002. A partir de 1997, pero sobre todo durante 1998, el gobierno no valoró adecuadamente la sustentabilidad del crecimiento de la economía iniciado en 1995”, apuntó Oddone.

La devaluación de Brasil en 1999 complicó la situación, sumado a que en pleno año electoral, se “respetó la tradición” de aumentar el gasto público y terminó “con un terrible año fiscal, precisamente en el mismo año en que más daño podía hacer”, escribió el expresidente del BCU Ramón Díaz en su libro “Historia económica del Uruguay”.

Así Jorge Batlle heredó una economía en recesión, un déficit fiscal por encima del 3% del PIB y el desempleo en dos dígitos (11%).

Sin embargo, “en medio de una recesión que ya abarcaba seis trimestres el gobierno decidió ‘esperar’ a que las señales desde el exterior mejoraran”, indicó Oddone. El gobierno de Sanguinetti al final y el de Batlle en el inicio “parecen haber optado siempre por el diagnóstico menos pesimista”, agregó. Así, no flexibilizó la política cambiaria, la coalición de gobierno aprobó en el Parlamento un Presupuesto con aumento del gasto.

En 2001 la fiebre aftosa afectó a parte del rodeo vacuno y se perdieron mercados de primer nivel y después fue todo en picada: crisis argentina, pérdida del grado inversor, corrida de depósitos, fraudes bancarios (ver aparte) y abandono de la banda de flotación cambiaria, lo que implicó una fuerte devaluación (en tres meses el dólar pasó de $ 17 a $ 32).

En 2002 el PIB cayó fuertemente, el desempleo llegó a un récord desde que hay registros (1970) y la inflación volvió a los dos dígitos.

Un canje de deuda en 2003, sumado a la recuperación de la economía tras la ganancia de competitividad derivada del salto del dólar, pautaron parte de la herencia que recibió el Frente Amplio.

Los 15 años de gobierno del Frente Amplio.

Por primera vez en 2005 asumió un gobierno que no pertenecía a los partidos Colorado y Nacional. La herencia económica que recibió Tabaré Vázquez se caracterizaba por la recuperación de la actividad, inversiones previstas (la ex Botnia, hoy UPM), por primera vez un déficit en baja (el gobierno de Batlle no siguió la tradición del año electoral) de 1,8% del PIB y la inflación en el entorno de 6%. Otros aspectos de la herencia de Batlle eran bastante complicados: la deuda en casi el 100% del PIB, el desempleo (que venía reduciéndose) era todavía alto (13%) y uno de cada tres uruguayos estaba en la pobreza.

La conducción económica se abocó a rápidos acuerdos con organismos multilaterales, mejorar la situación fiscal (lo que ayudaría a reducir la pesada carga de la deuda) y encarar una serie de reformas estructurales: tributaria, de la ley de inversiones, de quiebras, entre otras. También reinstaló los Consejos de Salarios que permitieron a los trabajadores recuperar el poder de compra que habían perdido en el gobierno de Sanguinetti y el de Batlle. La coyuntura internacional (salvo el precio del petróleo y el corte de puentes con Argentina) ayudó con la suba del precio de las materias primas y la baja en las tasas de interés. A eso se sumó la inversión masiva de empresarios argentinos que provocaron un salto histórico en el precio de la tierra y en la producción agrícola, en particular de soja y la megainversión de Botnia. El gobierno de José Mujica recibió la que es la mejor herencia en materia económica en 35 años de democracia: una economía con altas tasas de crecimiento (5,9% promedio en el período), inflación en 6%, desempleo en baja y fuerte reducción de la pobreza. Aunque no pudo escapar a la tradición de aumentar el déficit fiscal en año electoral (llegó a casi 2% del PIB) tras haber alcanzado el equilibrio en 2007.

El período Mujica se caracterizó por seguir aumentando el salario real, la tasa de inversión sobre el PIB llegó a un máximo de 22,9%, Montes del Plata inició y culminó la construcción de la segunda planta de celulosa, la pobreza bajó a un dígito, el desempleo llegó a un mínimo de 5% y la economía (ayudada por el precio de los commodities, la fuerte baja de tasas a nivel internacional) siguió en expansión.

Pero en 2014 el impulso externo había aminorado, y las empresas públicas que habían aumentado la inversión sumado a un incremento del gasto, deterioraron las cuentas del fisco. Así la segunda administración de Vázquez heredó una economía en desaceleración, un déficit fiscal en alza (3,4% del PIB) y posibles inversiones que terminaron en un fracaso (la regasificadora, por ejemplo). Durante este período, la región no ayudó, por lo que la economía lució prácticamente estancada, el desempleo aumentó, la inflación termina acercándose a los dos dígitos (8,79% a fin de 2019) y el déficit fiscal (sin el “efecto cincuentones”) está en uno de los niveles más alto desde 1989: 4,6% del PIB, esa es la herencia que recibirá Luis Lacalle Pou. Aunque, tiene como aspectos positivos que la economía lleva el ciclo más largo de crecimiento: 17 años. Además la pobreza se mantiene en un dígito.

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