La puja entre Uruguay y Argentina por los bienes de Balcedo forzó un acuerdo de coparticipación

La puja entre Uruguay y Argentina por los bienes de Balcedo forzó un acuerdo de coparticipación

26/03 - El tema llegó hasta los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri que decidieron firmar un acuerdo marco para compartir bienes decomisados

El botín de US$ 20 millones incautado por pedido de la Fiscalía al sindicalista argentino Marcelo Balcedo fue motivo de disputa entre Uruguay y Argentina, que impulsó la negociación de un acuerdo de "coparticipación de bienes" entre los países para compartir el material incautado en este y cualquier otro caso futuro.

Este tipo de tratado -que está previsto en múltiples convenciones internacionales como la de Mérida, Viena y Palermo y que está contemplado en la ley lavado uruguaya- sería el primer acuerdo de su tipo firmado entre Uruguay y otro estado, dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz a El Observador. Díaz viajó a Buenos Aires este viernes y mantuvo reuniones por este y otros temas con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici en las que logró apuntalar este proceso.

En el Consejo de Ministros de este lunes se comunicó la decisión de cerrar la negociación y se informó que para el 2 de abril está previsto un encuentro en Montevideo entre "altos representantes diplomáticos" de ambos países -probablemente los cancilleres- en el que se puede llegar a firmar el documento final, en función del grado de avance que haya en el texto.

Las negociaciones comenzaron hace varios meses y llegaron incluso a formar parte de los temas tratados por el presidente Tabaré Vázquez con Mauricio Macri en el encuentro que mantuvieron el 13 de febrero en la Estancia de Anchorena. Ese día, Macri le manifestó su interés por llegar a un acuerdo, mientras que Vázquez le transmitió que Uruguay tenía la “voluntad política” de lograrlo, según confirmaron a El Observador fuentes políticas y diplomáticas.

El miércoles de la semana pasada, un grupo de técnicos de la Cancillería se reunió con delegados de la embajada de Argentina en Montevideo con el objetivo de seguir buscando un mecanismo que satisfaga a ambas partes. .

Hasta el momento Uruguay no tiene un tratado para compartir bienes decomisados con otros estados. Díaz valoró que la firma de este tipo de acuerdos demuestra la voluntad de los estados en avanzar de manera conjunta en la lucha contra el crimen trasnacional y, en particular, contra el lavado de activos. "Es el avance máximo en el grado de cooperación", resumió.

Entre los bienes incautados por la Fiscalía al sindicalista argentino hay 14 autos de alta gama, entre los que se destacan un Ferrari California, un Mercedes Benz Mclaren y un Chevrolet Camaro, una chacra en Playa Verde llena de lujos y una vieja casona ubicada en el mismo balneario. El porcentaje de lo que corresponda para Uruguay o Argentina resultará de una definición política.

Por el momento, el tema viene trabajándose a nivel político-diplomático, ya que a nivel judicial todavía resta el juicio oral, en el que Balcedo y su esposa, Paola Fiege, podrían ser condenados en Uruguay.

El camino de la restitución de bienes

En paralelo a la búsqueda de un acuerdo marco en este tema, el gobierno argentino acudió a la Justicia para procurar la restitución de los bienes. Según contó el abogado de la embajada argentina, Jorge Rodríguez, hasta el momento ya se han presentado dos escritos ante la Justicia para manifestar el interés del Estado de ese país en reclamar parte de los US$ 20 millones incautados, con el objetivo de restituir a las víctimas del delito por el que comenzó a ser investigado.

Balcedo es acusado en su país de haberse quedado con entre US$ 9 y US$ 12 millones que pertenecían al Sindicato de Obreros, Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) del que fue su presidente, extorsionar a algunos de sus socios y lavar dinero para la banda de narcotraficantes de Rosario conocida como Los Monos.

Los antecedentes en materia de restitución de bienes por orden judicial no son alentadores. Por la investigación de la maniobra de estafadores turcos que lavaron US$ 8 millones en Uruguay, Turquía no recibió ningún dólar, a pesar de que el único de los detenidos fue apresado luego de que el país euroasiático solicitara su extradición.

En ese caso, la jueza María Helena Mainard resolvió que la posible restitución de los bienes incautados con miras a resarcir a las víctimas de la estafa en Turquía debía resolverse por la vía diplomática y no por la judicial. Esto fue apelado por el Estado turco que reclama que sea la Justicia que defina qué porcentaje de los bienes deben ser restituidos.

Rodríguez, quien además de ejercer como defensa de la embajada argentina actúa como abogado del estado turco en Uruguay, dijo a El Observador que la cancillería uruguaya no contesta a la pretensión de la embajada de Turquía en Buenos Aires de reunirse con una delegación de ese país para tratar la posible restitución de los bienes, por lo que entienden que a nivel diplomático no hay voluntad de entregar parte de lo incautado.

La legislación en la que se ampara el abogado de Turquía y Argentina

El abogado se ampara en el “Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales”, que fue ratificado por la ley 17.145 de 1999 y en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos para pedir que los bienes sean restituidos a Argentina y Turquía.

El protocolo señala en su artículo 24 que el Estado “que tenga bajo su custodia los instrumentos, el objeto o los frutos del delito, dispondrá de los mismos de conformidad con lo establecido en su ley interna. En la medida que lo permitan sus leyes y en los términos que se consideren adecuados, dicho Estado Parte podrá transferir al otro los bienes decomisados o el producto de su venta”.

En tanto, la Convención agrega que cada “Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución”.

 

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