La provincia argentina de Buenos Aires extiende el plazo para el canje de su deuda

La provincia argentina de Buenos Aires extiende el plazo para el canje de su deuda

La provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, extendió hasta el 31 de julio el plazo para acordar con sus acreedores la reestructuración de su deuda en bonos emitidos bajo ley extranjera por 7.148 millones de dólares.

El plazo para el canje había finalizado el 19 de junio, pero el Ejecutivo del distrito lo prorrogó hasta finales de julio, decidido a realizar "todos los esfuerzos a su alcance para dar una respuesta definitiva a la sostenibilidad de la deuda", según informaron en un comunicado.

El Gobierno provincial, a cargo del oficialista Axel Kicillof, precisó que al día de hoy "las conversaciones con los principales acreedores que aún no han aceptado la propuesta continúan vigentes y en las próximas semanas se prevé avanzar en el marco de un diálogo restringido".

La propuesta lanzada por la provincia de Buenos Aires a finales de abril fue rechazada por grandes grupos de acreedores liderados por fondos de inversión.

La oferta inicial bonaerense supone una quita de capital del 7 % y un período de gracia de tres años, es decir, comenzar a pagar en 2023.

La provincia de Buenos Aires se encuentra desde mediados de mayo en un cese de pagos selectivo, tras incumplir un vencimiento de deuda por 110 millones de dólares correspondiente a bonos incluidos en la propuesta de reestructuración.

El proceso a nivel provincial se desarrolla en paralelo con las negociaciones que el Gobierno argentino lleva adelante con acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.

El viernes, el Gobierno nacional extendió por quinta vez el plazo para adherir al canje de su deuda hasta el 24 de julio en medio de un clima de tensión pese a los avances registrados en las últimas semanas con los acreedores, entre ellos importantes fondos de inversión.

Argentina atraviesa desde hace dos años una recesión económica que se agravó en los últimos meses por la pandemia de coronavirus y el confinamiento que dispuso el Gobierno para limitar la transmisión del virus y que casi paralizó la actividad.

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