La política argentina se metió de lleno en el caso Balcedo y el país reiteró que quiere sus bienes

La política argentina se metió de lleno en el caso Balcedo y el país reiteró que quiere sus bienes

La defensa dijo que la investigación tiene trasfondo político y pidió como testigo a una diputada que denunció al juez de ese país

La política argentina fue la gran protagonista de la primera audiencia por la extradición del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege. La defensa de ambos, integrada por los abogados Alejandro Balbi y Víctor Della Valle, se mostró contraria al pedido de extradición cursado por el juez federal de La Plata (Argentina), Ernesto Kreplak, porque entiende que la investigación que se quiere llevar adelante en ese país surge de una disputa política entre Balcedo y el magistrado, a quien señalaron como kirchnerista.

Esa disputa ya había sido puesta de manifiesto durante la audiencia en la que se formalizó la investigación de ambos en Uruguay liderada por el fiscal Rodrigo Morosoli, por presunto lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando, y por la que el juez Pablo Benítez decretó 120 días de prisión preventiva para los dos. En aquella instancia –realizada la semana pasada- la defensa fue enfática al afirmar que en la investigación argentina "existen una serie de falsedades y mentiras".

A su vez, Della Valle afirmó que Balcedo tuvo problemas con Kreplak por artículos del diario Hoy –de la familia del empresario-. "Eso motivó violentas campañas del juez, que tiene un presumario en Argentina desde hace dos años. Todos los elementos que menciona están teñidos de una relación política", afirmó el abogado en la audiencia de formalización.

Al reiterar esos argumentos en esta primera audiencia por la extradición, la defensa pidió además que en la siguiente instancia se presenten cuatro testigos, entre ellos la diputada argentina Margarita Stolbizer.

La legisladora había impugnado resoluciones del juez Kreplak e incluso el día que el magistrado fue nombrado como integrante del Consejo de la Magistratura de ese país, Stolbizer dijo públicamente que "la persona propuesta (por Kreplak) no evidencia las características básicas que debe tener un juez: imparcialidad, honestidad y transparencia".

La defensa de Balcedo espera que Stolbizer pueda viajar a Uruguay para declarar como testigo, pero no tiene la obligación de hacerlo. La jueza María Helena Mainard –responsable de resolver sobre la extradición de Balcedo- fijó la siguiente instancia para el 21 de febrero. La de este lunes fue una audiencia en la que las partes expresaron sus argumentos y ahora corre un plazo de 10 días para tener toda la prueba que será presentada el próximo 21.

¿Y los bienes?

La Cancillería argentina fue la otra parte presente en la audiencia y ratificó la necesidad de que Balcedo y su esposa sean extraditados y de que los bienes incautados fueran a ese país. Si bien la Fiscalía uruguaya entiende que la pareja puede ser extraditada, considera que los bienes tienen que quedarse en Uruguay por lo menos mientras siga la investigación local.

De hecho, el fiscal Morosoli está convencido de que si la causa llega a juicio y a los dos se los condena, pedirá de inmediato el decomiso de todo lo incautado por la Justicia uruguaya. La postura argentina es que esos bienes –que llegan a una suma de unos US$ 14 millones- fueron adquiridos fruto de los delitos que Balcedo presuntamente cometió en Argentina y por eso pide su repatriación.

En caso de que la jueza Mainard dé lugar a la extradición, de todos modos se retrasará porque el Código del Proceso Penal uruguayo establece que cuando hay una investigación en curso en el país, el Estado reclamante debe esperar a que termine para que el imputado sea restituido a su país de origen. Eso significa que mientras siga la investigación local, Balcedo y Fiege permanecerán en Uruguay y si, llegado el caso, hay una sentencia de condena, deberán cumplirla y recién una vez culminada podrán ser extraditados.

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