La fiscal de la Corte Penal Internacional cree que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad

La fiscal de la Corte Penal Internacional cree que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad

La segunda fase del examen preliminar para considerar la apertura de un juicio se determinó que hay “fundamentos” para que el tribunal analice el caso

La demanda contra Nicolás Maduro interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha recorrido un nuevo trecho. La fiscal Fatou Bensouda, a cargo del análisis preliminar de las acusaciones de violaciones al Estatuto de Roma, declaró este jueves que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”. Es decir, crímenes de lesa humanidad. La declaración es trascendente y se suma a la cascada de señalamientos sobre violaciones de derechos humanos que se han hecho sobre el Gobierno bolivariano, incluido el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos presentado ante las Naciones Unidas en septiembre.

Venezuela fue denunciada en la CPI en 2018 por los cancilleres de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Canadá, quienes señalaron a Nicolás Maduro como responsable de asesinatos, detenciones de arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales durante las protestas contra el Gobierno de 2014 y 2017. Es la primera vez que un grupo de Estados que se adhieren a ese organismo acusa al jefe de otro país par ante este tribunal. De abrirse un juicio, también sería la primera vez que se dirima en ese terreno un caso contra un presidente latinoamericano.

El proceso de examen ha llegado ahora a la tercera fase de cuatro, en la que la institución debe evaluar si el Estado venezolano ha investigado y juzgado debidamente a los responsables de los delitos. “Una vez que se declara que hay crímenes de lesa humanidad no basta con que se juzgue a funcionarios de bajo nivel o a autores materiales. Debe hacerse responsables a quienes toman las decisiones y a quienes implementan las políticas para cometer esos delitos. Eso es algo que no ha ocurrido en Venezuela, no hay ni siquiera funcionarios de mediano rango juzgados”, explica el abogado Alí Daniels, de la organización Acceso a la Justicia. En la cuarta fase se evaluaría si es de interés de la justicia internacional sancionar estos crímenes. “Obviamente que es de interés no solo por la gravedad de los hechos, sino porque siguen ocurriendo. No estamos hablando del pasado, sino del presente venezolano”, agrega el activista.

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, rechazada por el Gobierno, señaló directamente a Maduro y 48 funcionarios de no solo tener conocimiento sino de también ordenar y planificar los crímenes por los que los señalan. La fiscal Bentouda comunicó su dictamen al propio fiscal Tarek William Saab —designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo de Maduro— que estuvo en La Haya en un discreto viaje del que ha quedado constancia en la fotografía que acompaña la declaración de la funcionaria. Días atrás hubo rumores de que Saab había tenido problemas para abordar un vuelo comercial en una parada en México durante su viaje a Europa. Diputados opositores criticaron que Saab viajara pese a las sanciones internacionales que le impuso Washington en enero de 2018.

Saab, por su parte, habló este jueves sobre los alcances del encuentro e insistió en que el examen preliminar no ha concluido. “En nuestra exposición señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar, tal como lo ha realizado el Ministerio Público y los tribunales competentes, a los responsables de dichas violaciones a los derechos humanos”, manifestó a través de su cuenta en Twitter.

La CPI también analiza una inusual contra demanda que presentó en febrero de este año el Gobierno de Maduro contra Estados Unidos por las sanciones económicas que ha impuesto, bajo el argumento de que son responsables de la grave crisis humanitaria que vive el país desde hace cinco años. Sobre este asunto la fiscal no dio mayores detalles. Dijo que continuaba la evaluación del caso para saber si hay base para considerar esa denuncia como competencia de la corte.

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