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La Eurocámara aprueba definir a Gibraltar como colonia británica

La Eurocámara aprueba definir a Gibraltar como colonia británica

España logra incluir por primera vez en una ley europea una mención al estatus colonial del Peñón

El Reino Unido empieza a sufrir las consecuencias del Brexit incluso antes de su salida de la UE. Tras varias semanas de tensas negociaciones, amenazas de bloqueo y destituciones exprés, el Parlamento Europeo otorgó este jueves un firme respaldo a España al apoyar, por una amplia mayoría, el reglamento de exención de visados. El texto recoge el derecho de los ciudadanos británicos a entrar en la UE sin dicho documento, e inaugura una nueva terminología para referirse a Gibraltar, mencionada por primera vez en una ley como "colonia de la corona británica" para enojo de Londres.

Las batallas diplomáticas son a veces batallas semánticas. Una nota a pie de página ha bastado para provocar en las últimas semanas un duro encontronazo en Bruselas a cuenta de Gibraltar. Como en casi todas las contiendas, en esta también ha habido vencedores y vencidos: sobre el papel, España gana y el Reino Unido pierde. Así lo ha determinado este jueves el Parlamento Europeo al dar luz verde al reglamento de exención de visados por 502 votos a favor, 81 en contra y 29 abstenciones. El texto se refiere a Gibraltar como "colonia de la corona británica" por vez primera en una ley comunitaria, un latigazo lingüístico impulsado por España que evidencia la soledad del Reino Unido incluso antes de consumarse el Brexit, y remata el viraje de la UE desde la neutralidad hasta las tesis españolas.

Sus efectos prácticos, más allá del simbolismo y el desaire a Londres, están todavía por determinar. El alcance del logro es de momento limitado. La alusión al estatus colonial no implica avances en reclamaciones tradicionales como el uso conjunto del aeropuerto, construido sobre un istmo que no fue cedido en el Tratado de Utrecht, ni garantiza adelanto alguno en el camino hacia la cosoberanía del Peñón, objetivo al que ninguno de los inquilinos de La Moncloa ha renunciado expresamente, pero abre una nueva etapa en la que España negociará al abrigo de sus 26 socios frente a un Reino Unido aislado desde antes del Brexit. "Es la primera vez que el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir los Estados miembros, asumen que Gibraltar es una colonia siguiendo el lenguaje de la ONU y del TJUE. Se trata de un gran paso adelante para la posición y reivindicaciones formuladas por España", ha destacado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Londres apenas se ha inmutado ante el cambio de terminología. La primera ministra británica, Theresa May, está plenamente centrada en la misión de evitar un Brexit salvaje, el desafío que probablemente la hará aparecer como heroína o villana en los libros de Historia. Y de reojo vigila los motines internos en su propio partido, al borde de la fractura. En ese escenario, Gibraltar ocupa ahora mismo un lugar marginal en su lista de preocupaciones. Eso no impide que vaya a engrosar el desastroso parte de daños del Brexit: sin él, la posibilidad de que la UE tomara partido en un conflicto entre dos Estados miembros y aceptara la denominación de colonia se antoja remota, pero dentro del club comunitario, el Reino Unido ha dejado de ser percibido como "uno de los nuestros", y los Veintisiete han hecho suya la postura española.

Con la Comisión Europea y el Ejecutivo británico absortos en lograr una salida al laberinto del Brexit, el Parlamento Europeo ha sido el centro de la discordia sobre Gibraltar. Allí, las diferencias ideológicas se han difuminado y el envite ha tomado un cariz nacional: los eurodiputados de PP,  PSOE y Ciudadanos han maniobrado para sacar adelante el reglamento de visados frente a la dura resistencia de los parlamentarios británicos laboristas, conservadores y euroescépticos.

Finalmente, el caso se ha zanjado en cuatro días de infarto. El lunes, el laborista Claude Moraes, ponente de la ley y encargado de negociar la norma con el Consejo, fue apartado de su puesto en una votación tras ser acusado por eurodiputados españoles de parcialidad por su condición de británico. El martes, su sustituto, el socialista búlgaro Sergéi Stánishev, cerró el acuerdo con el Consejo. El miércoles lo aprobó la comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento con sendas emboscadas fallidas de euroescépticos británicos tratando de restituir a Moraes en su puesto. Y este jueves ha llegado la puntilla final con la votación en el pleno de la Eurocámara, precedida de intentos, también fracasados, de introducir enmiendas y aplazar el voto.

El éxito español viene empañado por los reproches a los métodos desplegados. La inusual destitución como ponente de un eurodiputado moderado y respetado como Moraes, colocado en una posición de sospecha y señalado por su nacionalidad como una suerte de caballo de Troya británico en el corazón de la UE, ha generado numerosas críticas. Muchas de ellas han ido dirigidas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que desde el hemiciclo han acusado de ejercer fuertes presiones y utilizar Gibraltar como arma electoral.

El político laborista se había convertido en el gran obstáculo para la norma: mantuvo durante cinco reuniones una férrea negativa a aceptar el enunciado que calificaba a Gibraltar como colonia. Y como si de dos coches acelerando hacia el precipicio se tratara, ninguno de los dos bandos, Consejo y Parlamento, parecía dispuesto a pisar el freno: permanecieron inflexibles mientras los días corrían y la posibilidad de un Brexit sin acuerdo ganaba enteros.

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