La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso que Milagro Sala debe salir del régimen de prisión preventiva

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso que Milagro Sala debe salir del régimen de prisión preventiva

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso una medida cautelar para la activista social argentina y diputada del Parlasur por el Frente para la Victoria (FpV) Milagro Sala. Dicha medida implica que se dispongan para Sala “medidas alternativas” a la prisión preventiva en la que se encuentra desde comienzos de 2016, cuando fue acusada de “instigación a cometer delitos” y “tumulto”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso una medida cautelar para la activista social argentina y diputada del Parlasur por el Frente para la Victoria (FpV) Milagro Sala. Dicha medida implica que se dispongan para Sala “medidas alternativas” a la prisión preventiva en la que se encuentra desde comienzos de 2016, cuando fue acusada de “instigación a cometer delitos” y “tumulto”. Posteriormente se la implicó en un manejo irregular de fondos concedidos por el Estado a su organización, Tupac Amaru, con el fin de construir viviendas sociales. En su detención, los conflictos políticos se mezclan con las actuaciones de los tribunales argentinos.

El viernes, al disponer la medida cautelar, la CIDH pidió al gobierno de Mauricio Macri que haga lo posible para hacer esta medida efectiva cambiando el régimen en el que actualmente se encuentra detenida Sala y que disponga para la militante otro como el de la prisión domiciliaria o la “fiscalización electrónica”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se mantuvo equidistante con respecto al pronunciamiento de la comisión y dijo que el gobierno respeta las recomendaciones de la CIDH “pero también las decisiones de los jueces de la provincia [...]. No podemos inmiscuirnos más allá de transmitir esta recomendación, y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman”. Agregó que el Ejecutivo dará una respuesta a la CIDH en un plazo de 15 días.

Rápidamente, los grupos opuestos a la encarcelación de Sala aprovecharon la medida cautelar de la CIDH para pedir la libertad inmediata de la activista y el cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos. El periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que “ni el federalismo ni la independencia de la Justicia” pueden ser excusa para que el gobierno no cumpla con el dictamen. También la ex presidenta Cristina Fernández dio su opinión en su perfil de Facebook y dijo que “el Estado argentino debe cumplir de inmediato con la cautelar de la CIDH y liberar a Milagro Sala”.

Luis Paz, abogado de la activista, declaró que Sala está acusada fundamentalmente por ser mujer, indígena y opositora al gobierno de Jujuy. Esa provincia, donde se desarrollaron los conflictos que terminaron con Sala en prisión, es gobernada por Gerardo Morales, integrante de la Unión Cívica Radical y un claro enemigo político de la activista. Al conocer el pronunciamiento de la CIDH, Morales escribió en su cuenta de Twitter que aunque no comparte que el organismo “otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos”, sus cautelares “son obligatorias”. Por lo tanto, dejó la puerta abierta a que pueda materializarse la salida de la cárcel de la parlamentaria del Mercosur.

Finalmente, el Comité por la Libertad de Milagro Sala entregó ayer al gobierno argentino 46.000 firmas que piden la libertad de la dirigente. La lista de firmantes incluye diversas personalidades y activistas, entre ellos Julian Assange, Noam Chomsky y Dilma Rousseff.

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