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La CIDH pide que se restablezca el orden constitucional en el país

La CIDH pide que se restablezca el orden constitucional en el país

07/04 - 13:30 - La comisión advierte que el régimen de Nicolás Maduro, en lugar de remediar la situación de vulnerabilidad de los venezolanos, se ha dedicado a restringir los espacios democráticos

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó este martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2019. Alertó sobre la vulnerabilidad que padecen los venezolanos y registró el grave abuso de poder de parte del régimen de Nicolás Maduro.

“La Comisión observa que durante 2019 se han agravado las situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana, que han derivado en una crisis política, social y económica extremadamente grave. En la actualidad es evidente la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela por cuenta de la alta concentración de poder por parte de la rama ejecutiva y la inexistencia de un sistema real de pesos y contrapesos”, indica el informe.

La organización pudo evidenciar que la extralimitación de funciones de la asamblea nacional constituyente también ha lesionado la institucionalidad de Venezuela. “A esto se suma el hecho de que el TSJ siga profiriendo decisiones en desmedro de la Asamblea Nacional, de forma sistemática y avalando prórrogas irrestrictas a los estados de excepción”, agregó.

Advierten que el régimen no toma decisiones que pueden remediar la situación de vulnerabilidad que parecen muchos venezolanos, sino, por el contrario, se ha dedicado a valerse del uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos.

“La militarización de la seguridad ciudadana y la participación de grupos civiles armados condujeron a que durante 2019 se siguieran presentando graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, destacan.

Recomendaciones de la CIDH
Entre las recomendaciones de la CIDH pide restablecer el orden constitucional garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado.

Consideran necesario asegurar que las disposiciones relativas al estado de excepción sean utilizadas en situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad. También que se adecuen estrictamente a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera razonable.

Solicitaron al régimen abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de que se cumplan todas las garantías del debido proceso. Asimismo, instan a permitir y garantizar el derecho a la libre protesta.

Con respecto a la prensa venezolana, considera necesario otorgar a los periodistas el máximo grado de garantías para que no sean detenidos, amenazados o agredidos por estar ejerciendo su profesión.

“Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en Internet, electrónicos o similares, incluso sistemas de apoyo como PSI o motores de búsqueda. Estas limitaciones son admisibles solamente en la medida en que sean compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión”, resalta el informe.

La CIDH instó al régimen a solventar la crisis del sector salud, así como de los servicios públicos en Venezuela.

De igual forma, piden respetar la autonomía de las instituciones universitarias y solicitan realizar una evaluación del impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco.

“Asegurar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de documentos de identidad como pasaportes, cédulas, actas del registro civil, así como certificados de antecedentes penales”, destaca la CIDH con respecto a las limitaciones del régimen al momento de solicitar papeleo en Venezuela.

En los últimos puntos del informe indica que es necesario adoptar medidas urgentes para brindar la protección que requieren las personas mayores, dando prioridad a su acceso a la alimentación y atención.

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