La canciller Longaric dice que un grupo del gobierno de Argentina reconoce a Áñez

La canciller Longaric dice que un grupo del gobierno de Argentina reconoce a Áñez

La Canciller cuestiona que la administración de Alberto Fernández ignore las notas de reclamo sobre diversos incidentes, “lo que muestra su poco interés de cumplir las normas del derecho internacional y la diplomacia”

La canciller de Bolivia, Karen Longaric, consideró que “no es verídico” que se crea que el gobierno de Argentina no reconoce al de Jeanine Áñez, que en los últimos días reclamó por la presunta injerencia de un funcionario argentino en asuntos del país.

Ante la pregunta del periodista del diario Clarín sobre que el gobierno de Alberto Fernández no reconoce al de Áñez por considerarlo un régimen “golpista”, la ministra dijo que “ese razonamiento no es verídico”.

“El gobierno argentino aceptó la acreditación de nuestro personal diplomático y consular en Argentina. Entonces, por un lado hay grupos dentro del gobierno argentino que dicen no reconocer al gobierno constitucional de Bolivia, pero por el otro lado, en los hechos ya lo hicieron, al acreditar a nuestros funcionarios y acreditar los suyos ante el gobierno de la señora Jeanine Añez”, justificó Longaric.

El gobierno de Fernández no reconoce a Áñez como mandataria, por eso ha retirado a su embajador de La Paz y no expresó su aceptación al del gobierno transitorio. Desde que asumió el mandatario argentino, en diciembre del año pasado, las relaciones entre ambos países se han reducido solo a asuntos administrativos y comerciales, mientras Bolivia cuente con una administración “legítima”.

Representa a Buenos Aires en el encargado de Negocios en Bolivia, Diego Alonso Garcés.

“Hemos enviado nuestros mensajes al Gobierno de Argentina para que evite este tipo de acciones y declaraciones, y en estricto apego del Derecho Internacional, podamos mejorar las relaciones, que en efecto se han visto debilitadas”, admitió Longaric.

En los últimos días, la Cancillería de Bolivia reclamó a Argentina “una inaceptable intromisión e injerencia en los asuntos internos” al referirse a los episodios de noviembre de 2019 como un golpe de Estado.

Es que la semana pasada, la Cancillería de Argentina resaltó el informe de la Alta Comisionada de la ONU para las Derechos Humanos (OACNUDH), que señaló que “la conducta del Estado ante la crisis trasgredió los estándares internacionales de derechos humanos”, esto en relación a la represión policial-militar que terminó con una treintena de fallecidos en Sacaba y Senkata.

En respuesta, la Cancillería de Bolivia dijo que “el comunicado de prensa de la Cancillería Argentina es intencionalmente engañoso y pretende reflejar ante la comunidad internacional una situación diferente a la que señala OACNUDH en su informe”.

A ese incidente se sumó el de una supuesta injerencia de parte del subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri. “Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos, en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”, escribió aquél en su cuenta de Twitter el 22 de agosto.

Esas declaraciones molestaron al Gobierno y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que mandó su reclamo a Garcés. “El mensaje ha causado extrañeza pues constituye una abierta injerencia de autoridades argentinas en el proceso electoral boliviano”, escribió el presidente del órgano electoral, Salvador Romero.

Longaric recordó ese reclamo a Clarín. “Permitir que un funcionario público argentino se ‘comprometa’ a fortalecer la participación de migrantes bolivianos en las próximas elecciones para que Bolivia ‘vuelva a ser democrática’ es claramente un acto de injerencia. ¿Cómo un individuo puede asumir personalmente un compromiso así? Claramente hizo las declaraciones en su rol de subsecretario, y su Gobierno asiente y tolera”, dijo.

Informó que el miércoles el gobierno de Bolivia hizo llegar su reclamo a la comunidad internacional sobre ese asunto a través de varias cartas. “En ellas se remarcan las declaraciones de las autoridades argentinas que, en funciones oficiales, manifestaron su parcialidad e intención de influir en el resultado de las elecciones en Bolivia”.

La canciller también cuestionó el apoyo del gobierno de Fernández al expresidente Evo Morales, refugiado en Buenos Aires desde el 21 de diciembre de 2019 y al que el gobierno de Áñez acusa de terrorismo y sedición, por una supuesta convocatoria de noviembre a cercar las ciudades para evitar el paso de alimentos, y por un presunto caso de estupro.

Longaric considera que el gobierno de Argentina es permisivo con Morales cuando éste se refiere a asuntos políticos, por encima, en su criterio, de los tratados internacionales sobre asilo. “Nosotros enviamos una nota al gobierno argentino haciendo conocer esta respuesta. El gobierno argentino ignoró esa nota, lo que muestra su poco interés de cumplir las normas del derecho internacional y la diplomacia”, reclamó.

Las elecciones en Bolivia se llevarán a cabo el 18 de octubre, luego de varias postergaciones con el argumento de la emergencia sanitaria por la irrupción del COVID-19 en el país.

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