La calle desafía al Gobierno de Iván Duque en Colombia

La calle desafía al Gobierno de Iván Duque en Colombia

La movilización pacífica, precedida por la llegada de 8.000 indígenas a Bogotá, desarmó los argumentos de las autoridades sobre infiltración de grupos armados.

La negativa del presidente Iván Duque a reunirse personalmente con la minga indígena, que viajó durante una semana para tener una audiencia con él, fue el preámbulo de una nueva jornada de movilización social en Colombia promovida por las centrales obreras y sindicales del país. La marcha fue pacífica y ordenada. Las masacres, la violencia de las Fuerzas Armadas, los problemas de seguridad que sufren los líderes sociales en distintas regiones y una serie de reclamos económicos fueron el centro del paro nacional, criticado por el Gobierno por hacerse en medio de la pandemia de coronavirus.

Los más de 8.000 indígenas que llegaron el domingo a Bogotá comenzaron a retornar al Cauca, en el suroeste de Colombia. Pero antes de hacerlo se desplazaron con sus chivas- buses tradicionales de colores- hasta la plaza de Bolívar para acompañar la manifestación. En Bogotá quedó solo una comisión que aún espera ser recibida por el presidente. El Gobierno, por su parte, ha dicho que no habrá encuentro porque “la minga tiene objetivos políticos” y, según esa versión, se planteó dar un ultimátum a Duque y hacer un juicio político. Mientras tanto, altos funcionarios viajaron al departamento Cauca para buscar reunirse con otras comunidades indígenas aunque la mayoría de sus representantes estaban en la capital.

La visita pacífica de la minga indígena, que no llegaba a Bogotá hace una década porque los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos los atendieron en sus territorios, desbarató los argumentos del Gobierno y de dirigentes del partido Centro Democrático que en días previos dijeron que la minga estaba infiltrada por grupos armados y disidencias de la guerrilla y que causarían destrozos en la capital.

Este miércoles, mientras avanzaba la movilización, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez mostró en redes sociales que los indígenas dejaron en perfectas condiciones el Palacio de los Deportes, donde la alcaldía recibió la movilización indígena. La limpieza y el riesgo de contagio de coronavirus era otra de las razones que esgrimía el partido de derecha para evitar la movilización. La alcaldesa de la capital, Claudia López, también le agradeció a la minga “por el gran ejemplo que le dio a la ciudad y a las organizaciones sociales que lo han seguido”.

Reclamos en aumento
Tras la parálisis de la pandemia, Colombia ya había reactivado las manifestaciones en las calles. En septiembre, después de una serie de protestas contra la violencia policial que dejó 13 muertos, las centrales obreras convocaron a una movilización que no fue multitudinaria, pero funcionó como preámbulo del paro de este miércoles. La presencia de la minga parecía el impulso a esta nueva jornada. Esta, sin embargo, tampoco logró el tamaño de las manifestaciones de noviembre de 2019 que pusieron al Gobierno de Duque contra las cuerdas durante varios días y lo obligaron a crear un espacio de concertación que llamó la Conversación Nacional.

Durante esas jornadas, el Gobierno respondió con fuerte represión policial que dejó 36 manifestantes heridos y un muerto. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado pedir perdón a los ciudadanos por la represión, no estigmatizar la protesta social y suspender el uso de la escopeta de calibre 12 que usa el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La de este miércoles representaba entonces una suerte de examen a la respuesta de la policía a la protesta y a la puesta en marcha de un protocolo que diseñó el Gobierno junto a la alcaldía de Bogotá, no sin diferencias. En la mañana, antes de las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo hizo una inspección a las armas del Esmad.

Con respecto al paro nacional, el Gobierno asegura que sí ha escuchado las exigencias que plantearon en 2019 trabajadores y estudiantes y que “aceleró” un plan de auxilios educativos para 120.000 jóvenes- los que más marcharon el año pasado- que dispuso dinero para mejorar las vías en el campo. También argumenta que firmó el llamado Tratado de Escazú, que promueve la protección de los líderes ambientales, aunque este se encuentra estancado en el Congreso, justamente por dudas de la coalición que apoya al Ejecutivo. Sin embargo, con el deterioro de la violencia política en el país y la crisis económica tras la emergencia sanitaria, las reivindicaciones son aún más fuertes y prometen volver a expresarse en las calles.

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