Intervención de Cancillería en Yacyretá pide Duarte F.

Intervención de Cancillería en Yacyretá pide Duarte F.

El director del ente Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, pidió el último día hábil de esta semana la intervención de la Cancillería en controversias con Argentina relacionadas con Yacyretá, porque sobrepasan su instancia.

La Nota D/D 94661, firmado por el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tiene como destinatario a Antonio Rivas Palacios, ministro de Relaciones Exteriores, y fue fechada el 13 de este mes.

Los “temas pendientes” sometidos a la consideración del canciller, y en cuya resolución le pide que intervenga, porque “a pesar de las reiteradas gestiones realizadas no hemos podido lograr los resultados esperados”, son los siguientes:

1. Reclamar el pago de la deuda atrasada por compensación por cesión de energía.

2. Exigir una definición sobre la revisión del Anexo C de Yacyretá, que fuera acordada entre las Altas Partes en el año 2017, pero sin aprobación ni rechazo hasta la fecha.

3. Reclamar el pago del concepto de resarcimiento por territorio inundado conforme al Tratado de Yacyretá.

En esta ocasión, la dirección paraguaya de la EBY no incluyó en su pedido de intervención a la Cancillería la reincidente conducta de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista de la Argentina de vender energía de Yacyretá, inclusive con la que le “cede” nuestro país, por la cual no le paga hace 17 meses y cuyo monto, según las fuentes oficiales, araña los US$ 100 millones.

La dirección paraguaya de la EBY, en su nota al ministro de Relaciones Exteriores, apunta que le piden su intervención “conforme al Art. XXI del Tratado de Yacyretá, que señala cuanto sigue: “En caso de divergencia sobre la interpretación o la aplicación del presente Tratado y sus anexos, las Altas Partes Contratantes la resolverán por los medios diplomáticos usuales (...)”.

Con relación al punto 3 reclamado, se lee en la nota que el plazo de postergación se cumplió en setiembre de 2019, razón por la cual nuestro país debe percibir el monto acumulado, que según nuestras fuentes supera ya los US$ 1.000 millones.

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