Human Rights Watch señala a las autoridades rusas de pisotear el derecho a la protesta

Human Rights Watch señala a las autoridades rusas de pisotear el derecho a la protesta

Este lunes, la organización internacional denunció que la Policía se excedió durante las manifestaciones en las que miles de ciudadanos pidieron la libertad del líder opositor Alexéi Navalny. Los señalamientos de palizas y filmaciones por parte de las autoridades se suman a la detención de más de 3.000 personas. El equipo de Navalny convoca a una nueva jornada de protestas para el 31 de enero.

Para Human Rights Watch (HRW) las autoridades de Rusia "ignoran" y "pisotean" los derechos de sus ciudadanos, como el derecho a la protesta. La denuncia de esta organización internacional fue hecha este lunes en referencia a la represión policial vista en las movilizaciones del 23 de enero en defensa de Alexéi Navalny.

La detención de más de 3.600 manifestantes fue abiertamente criticada por HRW. Los ciudadanos salieron a las calles en protesta por la detención de Navalny, quien fue capturado el día en el que regresó al país proveniente de Alemania, donde fue tratado tras ser envenenado en 2020.

“Las autoridades rusas comprenden sus obligaciones de respetar los derechos humanos fundamentales, pero optan no solo por ignorarlos, sino por pisotearlos”, declaró la investigadora de HRW, Damelya Aitkhozhina.

A través de un comunicado, HRW detalló que pudo constatar que los oficiales desplegados para contener las manifestaciones reprimieron la libertad de expresión de los manifestantes mediante acciones descritas como muestras de brutalidad policial.

"Hubo numerosos informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, incluidas palizas, con muchas fotografías o filmaciones hechas por los medios de comunicación o ciudadanos y publicadas en las redes sociales", indicó la organización no gubernamental fundada en 1978.

Fueron cerca de 110.000 ciudadanos los que participaron en las marchas que mayoritariamente se desarrollaron de manera pacífica hasta que grupos de la fuerza pública iniciaron con las detenciones. Una de las aprehendidas fue la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya.

La acusación que pesa contra el opositor de 44 años es por la violación de las condiciones de la pena suspendida que le fue dictada en 2014, ante la cual él y sus defensores han alegado que se trata solo de un intento de silenciarlo políticamente.

Por eso, el equipo que respalda a Navalny convocó a una nueva jornada de protestas para el próximo domingo 31 de enero. El llamado es para que en todas las ciudades rusas se manifiesten en contra de la detención del opositor.

El Gobierno ruso critica el respaldo de Estados Unidos a las marchas en defensa de Navalny

Poco antes de la denuncia hecha por HRW, el Gobierno de Rusia protestó ante John Sullivan, el embajador de Estados Unidos, por el supuesto respaldo de dicha nación a las marchas en favor de Navalny.

"Se expresó a Estados Unidos una firme protesta por la propagación en las redes sociales y en sus cuentas de internet por parte de la Embajada estadounidense de publicaciones en apoyo de las manifestaciones ilegales en una serie de ciudades rusas", declaró la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Entre tanto, Serguéi Riabkov, el viceministro de Exteriores ruso, aseguró que conversó con el embajador Sullivan y le expresó su molestia por la difusión del itinerario de las movilizaciones, lo que calificó como una muestra de injerencia en los asuntos nacionales.

Bajo el argumento de una poca participación, el Kremlin le restó importancia a las marchas y el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que tuvieron menos trascendencia de la que la oposición quiere mostrar.

Por otra parte, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron este lunes y condenaron la detención de los manifestantes en Rusia y la privación de la libertad de Navalny.

Sin embargo, el bloque europeo no impuso nuevas sanciones en contra del Kremlin por lo ocurrido, como sí lo hizo en octubre tras confirmar que Navalny fue envenenado en Rusia. Esto prueba que dentro de los 27 países miembros de la UE no hay un consenso al respecto.

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