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Greenpeace acusa a salmonera por “toma ilegal de mar” en el Beagle

Greenpeace acusa a salmonera por “toma ilegal de mar” en el Beagle

La ONG ambientalista sostiene que pese a la prohibición vigente de operar, de no ingresar peces ni instalar estructuras flotantes como pontones o balsas jaulas, la firma ha hecho todo lo contrario poniendo en riesgo el hábitat marino de esa zona del país.

Una “toma ilegal de mar” por parte de la empresa salmonera Nova Austral, denunció este jueves la organización ambientalista Greenpeace, quien sostuvo que de manera ilícita la firma ha instalado una serie de estructuras en la zona del canal Beagle, mientras se debate en tribunales el inicio de sus operaciones.

Es responsabilidad del Estado hacer cumplir la ley y desalojar cuanto antes a una salmonera que se ha apropiado ilegalmente de un pedazo de mar que pertenece a todos los chilenos”, aseveró la ONG, añadiendo que como están en medio de esa zona, “ha hecho lo que ha querido hasta ahora”.

La firma pesquera posee cuatro concesiones en la zona, pero la siembra de alevines debió ser suspendida luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogiera a trámite un recurso judicial interpuesto por Greenpeace y vecinos de Puerto Williams y se dictara una orden de no innovar.

El vocero del área de océanos de Greenpeace, Mauricio Ceballos, explicó que la génesis de esta situación radica en 2005 cuando la entonces pesquera Cabo Pilar obtuvo dichas concesiones, pero disponía de un año de plazo para la planificación técnica de su proyecto, lo que nunca cumplió.

Añadió que esa situación derivó en un juicio arbitral el 2008, el cual determinó la suspensión completa de las operaciones y el ingreso de peces e instalación de estructuras flotantes, como pontones o balsas jaulas.

Sin embargo, subrayó Ceballos, “pese a esta orden, entre enero y febrero de este año, la empresa Nova Austral, que adquirió las concesiones a Cabo Pilar, comenzó con el movimiento y traslado de materiales para adelantar el inicio de sus operaciones, lo que en la práctica es una toma ilegal de mar”.

Al exponer sus descargos ante la corte, la salmonera planteó que su proyecto “no sólo replica los altos estándares de producción que la caracterizan, sino que se basa en las excelentes condiciones ambientales de la zona para desarrollar una producción sustentable y sin antibióticos”.

“Siempre hemos escuchado este tipo de argumentos por parte de la industria cuando intentan justificar su expansión. Es básicamente prometer que todos los daños medioambientales que han causado con anterioridad no los volverán a repetir”, replicó el portavoz de la ONG ecologista.

Subrayó que “parece que Nova Austral olvida que el 2017 ellos mismos informaron al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura que habían detectado en algunos de sus centros salmoneros condiciones anaeróbicas en el agua, es decir, bajos niveles de oxígeno que imposibilitan la existencia de vida marina”.

Que ahora se instalen en el Beagle es una bomba de tiempo medioambiental que terminará explotando tal cual ya ha pasado en Los Lagos y Aysén”, agregó.

En este contexto, el 2 de mayo, el tribunal superior de Magallanes dispuso dejar sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha 18 de abril. Sin embargo, Greenpeace acaba de solicitar a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que se decrete nuevamente la orden de no innovar, todo en un caso que la ONG considera emblemático para frenar la expansión salmonera en los mares más australes del país.

Además, la subsecretaría de Pesca ha anunciado un proceso administrativo que busca la suspensión definitiva de las concesiones de Nova Austral en la zona, pero –sostiene la organización- “en la práctica los gobiernos han actuado como si fueran socios de las salmoneras, permitiendo una verdadera invasión en los mares del sur del país, los que han sido severamente dañados por los efectos de una industria que afecta de manera irreversible los ecosistemas en donde se instalan”, expresó Ceballos.

Concluyó diciendo que “afortunadamente, en el caso del Beagle, la oposición de los ciudadanos y la comunidad yagán ha permitido elevar una voz de alerta que, al fin, parece haber hecho que el Estado, a través de la Subsecretaría de Pesca, reaccione y haga cumplir la ley. Es lo que debieran haber hecho hace mucho tiempo”.

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