Gobierno colombiano presenta nueva reforma fiscal basada en mayores impuestos a empresas y austeridad pública

Gobierno colombiano presenta nueva reforma fiscal basada en mayores impuestos a empresas y austeridad pública

El Ejecutivo se comprometió además a no afectar a la población más vulnerable ni a la clase media, los puntos más polémicos de la anterior propuesta fisca

El Gobierno colombiano presentó un nuevo proyecto de reforma fiscal que apunta a la austeridad en el gasto público y la protección de los más vulnerables, luego de retirar por presión social la anterior iniciativa que decenas de miles de ciudadanos rechazaron en las calles.

El presidente Iván Duque anunció el proyecto de "Inversión Social" con el que su administración espera recaudar 15,2 billones (millones de millones) de pesos colombianos (unos US$ 3.977 millones) para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la reactivación y crecimiento de la economía, gravemente golpeada por la pandemia.

"Lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social soportado por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar", dijo Duque durante la presentación de la propuesta.

La carga más significativa, que representaría 60% de la recaudación, recaerá sobre el sector empresarial, pues 6,7 billones de pesos (unos US$ 1.753 millones) se obtendrán con el ajuste del impuesto a la renta corporativa y otros 3,9 billones (unos US$ 1.020 millones) con la disminución de 50% al descuento del Impuesto de Industria y Comercio.

Ahorro en gastos del Estado
La propuesta, que será presentada formalmente al Congreso el 20 de julio, cuando se instale el nuevo periodo legislativo, es el resultado de más de dos meses de diálogos en seis regiones del país entre el Ministerio de Hacienda y distintos sectores económicos, sociales y políticos.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó hoy martes que el otro 40% de la recaudación total se logrará con una política de ahorro en los gastos públicos y la incorporación de nuevos instrumentos en la lucha contra la evasión de impuestos. La propuesta de austeridad pública busca limitar crecimientos burocráticos, controlar gastos en planes de telefonía, viáticos, viajes y publicidad; reorganizar los esquemas de seguridad; fusionar entidades del Estado, y otros gastos que no se consideren esenciales.

"Con el esfuerzo del Gobierno central en austeridad, lucha contra la evasión fiscal y el esfuerzo solidario de los sectores empresariales por contribuir a esta iniciativa es que logramos articular una propuesta que pudiera tener un recaudo del orden de 15,2 billones de pesos", dijo Restrepo.

Los más pobres y la clase media
El Gobierno se comprometió además a no afectar a la población más vulnerableni a la clase media, los puntos más polémicos de la anterior propuesta fiscal, y en ese sentido no incluyó en este proyecto aumentos al IVA, impuestos a las pensiones ni la ampliación de la base tributaria del impuesto a la renta.

"El primer gran consenso tiene que ver con la preocupación de los vulnerables", aseguró Restrepo al anunciar que se dará continuidad a los programas de subsidios vigentes para los hogares de menores ingresos, las pequeñas y medianas empresas y los jóvenes

El proyecto de reforma tributaria anterior desató multitudinarias protestas en Colombia, que comenzaron el 28 de abril y se prolongaron por dos meses, periodo que coincidió con el momento más crítico de la pandemia.

Con esa propuesta el Gobierno esperaba recaudar 25 billones de pesos (unos US$ 6.540 millones) con iniciativas impopulares como la ampliación de la base tributaria oel progresivo aumento del impuesto a la renta a quienes registraban ingresos superiores a 2,4 millones de pesos mensuales (unos US$ 628).

El estallido de una crisis social sin precedentes en la historia reciente del país obligó al presidente Duque a retirar la iniciativa, que no alcanzó a ser debatida en el Congreso, y a ordenar la creación de este nuevo documento a partir del consenso entre partidos políticos, organizaciones civiles, la academia y el sector privado

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