Fiscalía de Panamá pedirá la extradición de pareja de Da Silveira por caso Odebrecht

Fiscalía de Panamá pedirá la extradición de pareja de Da Silveira por caso Odebrecht

20/02 - 20:20 - Maya Cikurel Spiller es indagada por la Justicia de Crimen Organizado de Uruguay desde el año pasado, y en 2018 Suiza había solicitado cooperación para indagarla

Victoria Mujica y Joaquín Silva

La Fiscalía Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación de Panamá inició formalmente el proceso legal para solicitar la extradición de Maya Cikurel Spiller, la mujer que fue detenida por Interpol en Colonia a las 10 de la mañana de este miércoles, cuando pretendía viajar hacia Buenos Aires acompañada por su pareja, el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Fuentes del Ministerio Público de Panamá informaron a El Observador que la mujer está acusada por la scal panameña Tania Iskra Sterling Bernal por presuntamente cometer un delito de "blanqueo de capitales, vinculado a la empresa Odebrecht", la constructora brasileña investigada por corrupción –por realizar pagos y sobornos a gobernantes para ganar licitaciones y obtener contratos millonarios– por la Justicia de Estados Unidos y una decena de países de la región y de Sudamérica –como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

Los hechos de corrupción que de acuerdo a la scal Sterling involucran a la detenida se cometieron entre el 1° de enero de 2009 al 1° de mayo de 2012, y la orden de detención contra Cikurel –contadora de 46 años y pareja de Da Silveira desde hace seis meses– fue emitida el 17 de abril de 2019, aunque el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja contra la requerida. 

"Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht", añadieron las fuentes panameñas, en relación a la "caja" en la que la constructora brasileña recaudaba el dinero procedente de las coimas.

Sobre esta acusación, el abogado que deende a Cikurel, Gonzalo Fernández, dijo ante la justicia en la audiencia este jueves que a su defendida se le "imputa que desde Montevideo abrió una cuenta en Suiza y entre los movimientos de esa cuenta desde Suiza se hizo una transferencia a Panamá".

Por estos movimientos bancarios Cikurel era buscada por el país centroamericano desde abril de 2019, pero esa no era la única investigación de corrupción que pesaba contra ella.

En 2018 había llegado a Uruguay un pedido de "cooperación penal internacional" procedente de Suiza en el que se solicitaba "indagar a la mujer y tomarles testimonios a otras personas por vínculos con Odebrecht", dijo a El Observador el scal de Crimen Organizado Luis Pacheco que entonces intervino en el caso.

De hecho, según consta en el registro judicial de mayo de 2018 de Panamá, la Fiscalía Federal de Suiza la investigó durante ese año por “una diversidad de delitos, entre ellos blanqueo de capitales”.

Sin embargo, la solicitud del país europeo fue denegada por motivos jurídicos, pero en cambio la justicia uruguaya ordenó en 2019 –en paralelo al proceso de Panamá– el inicio de una investigación contra la contadora, sobre presunta "participación en sociedades vinculadas a las coimas de Odebrecht", añadió el scal.

Una de las líneas de la investigación del scal Pacheco apunta a la empresa Arcadex Corporation, con sede en Bélice, la cual según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitido en 2016, era administrada por la División de Operaciones Estructuradas, la dirección de Odebrecht que se encargaba de los sobornos y de ocultar los pagos indebidos que se hacían a funcionarios y partidos políticos.

Este expediente abierto no ha tenido novedades en los últimos meses, porque todavía se está a la espera de un informe de la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central, aseguró Pacheco.

La audiencia

Cuando la mujer fue detenida en Colonia, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires junto con el ministro designado, la policía no le explicó el motivo, algo que fue denunciado por el abogado Gonzalo Fernández, en la audiencia que tuvo lugar al mediodía de este jueves en el Juzgado de Crimen Organizado de 4° Turno.

De acuerdo al registro de audio de la audiencia al que accedió El Observador, el scal de Delitos Económicos Ricardlo Lackner detalló a la jueza María Helena Mainard en qué consistía el pedido de la justicia panameña, tal como había sido comunicado a las autoridades: Cikurel era indagada por  "su participación en una serie de empresas de la que es beneciaria, sociedades que se encuentran vinculadas al caso Odebrecht, (y) de pago de coimas a través de una red de empresas", y que la solicitud describía cuáles eran esas empresas.

En el expediente, al que tuvo acceso El Observador, guraba que esas rman eran: Kleinfeld Services Ltd, Baxley Assets, Hadar Assets, Research Engineering and Development, Sherkson International SA, todas “inscriptas en Uruguay” y desde las que Odebrecht –que "controlaba" todas esas sociedades– transrió dinero "para realizar pagos ilícitos” que recibieron Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares” hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.

Los Martinelli son indagados por esta causa y están actualmente en Estados Unidos esperando que se resuelva su extradición a Panamá.

Los pasos para darse la extradición

La contadora uruguaya esperará el proceso de su extradición en prisión domiciliaria preventiva durante 60 días, tal como lo había pedido el scal Lakner. Fernández se opuso al "arresto preventivo" porque expresó que no hay "riesgo de fuga", y en su lugar propuso medidas limitativas menores, como "entrega de pasaporte y cierre de frontera". En última instancia, dijo el penalista, su clienta ya está requerida por el  proceso de Uruguay iniciado el año pasado, y "cada vez que fue convocada la señora vino y se presentó".

La jueza Mainard entendió que lo que correspondía era el arresto en la casa, y dejó constancia de que todavía no se conoce con profundidad "sobre qué es investigada" Cikurel, un requisito para conceder la extradición.

"Sabemos que reere a una causa de lavado de activos, con una serie de empresas y vinculación con Odebrecht pero no tenemos más de eso. Para saber si debemos seguir entendiendo nosotros o quien tiene que seguir con el tema, debemos conocer los hechos y todo lo que debe contener el pedido formal de extradición", dijo la magistrada.

Además aclaró que "si en 60 días la solicitud de extradición no llega a Uruguay hay un plazo supletorio y si no viene el pedido o no cumple con los requisitos, quedará en libertad".

De acuerdo a las fuentes del caso consultadas, a priori no hay un impedimento formal para que la mujer concurra a Panamá para responder ante la justicia de ese país, ya que lo que tiene en Uruguay no es una causa abierta –algo que sería prioridad–, sino un expediente presumarial.

 

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