Fiscalía califica a la CAM como “grupo de combate”

Fiscalía califica a la CAM como “grupo de combate”

El Ministerio Público ingresó informe al Juzgado de Purén pidiendo medidas intrusivas. En 2016 hubo 25 atentados en La Araucanía y tres condenados.

Desde mediados del año pasado, la Fiscalía de La Araucanía está investigando a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) bajo la figura de “milicia armada”, luego de que aparecieran supuestos miembros de este grupo portando pistolas en el programa Informe Especial, de TVN.

Esta agrupación, que ha reivindicado una serie de actos violentos en las regiones VIII y IX y cuyo rostro visible es quien ha aparecido como su vocero, Héctor Llaitul, se puso nuevamente en la mira de la fiscalía la noche del lunes, tras el atentado en Pumalal, La Araucanía, que terminó con cinco camiones y cuatro máquinas forestales quemadas. En el lugar se encontró un lienzo que indicaba: “Habrá paz cuando devuelvan nuestros territorios y retiren sus inversiones capitalistas de nuestro wallmapu. Libertad al peñi Facundo J. Huala”.

El documento fue firmado por “ORT (Organización de Resistencia Territorial) Wenteche Catrileo. CAM”.

¿Qué se sabe de esta agrupación? Los avances del Ministerio Público en esta materia quedaron plasmados en un informe que ingresó al Juzgado de Garantía de Purén a comienzos de agosto, en que solicitaban medidas intrusivas. El documento indica que “la CAM es una asociación u organización de personas que mantienen como finalidad la reivindicación territorial por vías de la fuerza, propugnando la expulsión del territorio mapuche (wallmapu) de determinados grupos de personas y asociaciones (latifundistas, empresas forestales y agrícolas, etc.), para lo cual ejecuta diversas acciones de carácter ilícito, como incendios, atentados incendiarios y atentados contra la autoridad, entre otros, en los cuales es un elemento recurrente el uso de armas de fuego, a fin de amedrentar a las víctimas, repeler la acción policial y/o asegurar su impunidad”. El documento también indica que la CAM, a su vez, está conformada por subdivisiones llamadas ORT, “las que constituyen al menos una milicia privada o grupo de combate, los cuales se encuentran tipificados en nuestros país”.

Las diligencias que pidió la fiscalía, no obstante, no fueron autorizadas “por ahora” por el tribunal. Lo que buscaba el Ministerio Público era identificar el lugar en que están operando los miembros del esta agrupación. Un sitio en que se ha detectado actividad de estos individuos es la zona rural de Purén, IX Región.

En el marco de esta investigación, el gobierno ya presentó una querella contra Héctor Llaitul invocando la Ley de Seguridad del Estado (ver recuadro).

Según el registro del Ministerio Público de la IX Región, durante 2016 se registraron 25 atentados de esta naturaleza, que dejaron 52 vehículos destruidos. Ese año la fiscalía obtuvo la condena de tres personas, incluyendo a Guido Carihuentro, quien recibió ocho años de presidio.

Este año no se han registrado acusados por estos ataques. Los vehículos quemados, en tanto, suman 69 en 12 hechos de violencia. Esto daría cuenta de un cambio en el modus operandi: ahora se estaría buscando lugares que concentren mayor número de maquinaria.

Vínculos con Argentina

El Ministerio Público decidió investigar el atentado del lunes, que afectó a los vehículos que estaban al interior del Fundo La Envidia de Forestal Mininco, bajo la Ley Antiterrorista. Asimismo, se determinó designar a un fiscal preferente para todos los atentados que afecten a lugares de acopio de camiones y empresas forestales. La tarea quedó en manos del persecutor Felipe González, quien deberá indagar cuatro atentados de esta naturaleza. El gobierno, en paralelo, anunció una querella por este hecho.

En el último ataque hubo tres hechos que llamaron la atención de los investigadores. Primero, que marcó el retorno de la CAM a La Araucanía, ya que los últimos ataques de esta agrupación se habían concentrado en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Segundo, que cambió el modus operandi: en vez de atacar camiones estacionados, los cuatro autores recorrieron todo el fundo buscando los vehículos.

Y tercero, que en el lienzo se reivindicó la figura de Jones Huala, el activista que está detenido en Argentina y es requerido por Chile por un atentado en la Región de Los Ríos. Huala es vinculado a la agrupación trasandina Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ente que sería cercano a la CAM.

Al respecto, el fiscal Roberto Garrido, vocero del Ministerio Público de La Araucanía, dijo que “hemos iniciado los trámites, a través de la Unidad de Cooperación Internacional, para traspasar información (con Argentina) y obtener algunos reportes, para así poder determinar hacia donde se extienden los vínculos de estos grupos”.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, indicó que “esperamos, de una buena vez, que el gobierno, la Presidenta, su ministro del Interior y subsecretarios se sensibilicen con lo que está pasando en la región. No es posible que llevemos 94 camiones quemados. Espero que esto no se transforme en una nueva querella contra quienes resulten responsables, sabiendo que, en los 89 camiones anteriores hay cero responsables”.

El werken (vocero) de la Alianza Territorial Mapuche de Malleco, Mijael Carbone, dijo que “la aplicación de la Ley Antiterrorista no es la solución. Más aplicación de leyes sólo es apagar el fuego con bencina. ¿Como le impones leyes a un pueblo en su tierra y soberanía?”.

Ayer por la tarde, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, se reunió con el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, para abordar el ataque en La Araucanía. Al término de la cita indicó que “hemos venido a expresar nuestra preocupación por los hechos ocurridos en una faena nuestra y a compartir información con la autoridad, para actuar coordinadamente”.

Añadió que el predio tenía cámaras de seguridad, que podrán ser útiles en la investigación, y que mantienen un constante contacto con la autoridad de gobierno.

F. Díaz y C. Zamorano

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