Finalmente una decisión sobre la zona franca de Rosario

Finalmente una decisión sobre la zona franca de Rosario

El 13 de mayo, en pocos párrafos el embajador Agustín Saavedra Weise, en su artículo “Triste final de la zona franca de Rosario”, concluyó que la actitud de Bolivia respecto a las concesiones de facilidades portuarias siempre fue desastrosa, detallando el real abandono que hubo de la zona franca Rosario, otorgada en 1969, y que concluyó en un nuevo acuerdo con Argentina para devolver los predios. En respuesta a este relato histórico escribí este artículo discrepando la conclusión, debido a que existen aspectos por los que los gobiernos tomaron la correcta decisión de posponer las inversiones en las facilidades concedidas a Bolivia.

Posterior al resultado en la CIJ sobre el tema marítimo boliviano, el Gobierno determinó, mediante decreto supremo, el aprovechamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y anunció la inversión público-privada de 950 millones de dólares para el desarrollo de Puerto Busch. Si calculamos este monto en 1970, equivaldría a los 145 millones de dólares. En 1970 las exportaciones de Bolivia alcanzaban a 179 millones de dólares y el PIB era de 1.017 millones de dólares; es decir, en una asociación público privada, similar a la de 2019, en 1970 las empresas deberían haber invertido el 40% de sus ingresos por exportaciones de un año y el gobierno invertir el 7,25% del PIB para lograr construir un puerto en territorio argentino. 

Esta decisión de invertir no lo habría realizado ningún político, ni técnico, ni ciudadano alguno en Bolivia. Esta situación era similar hasta principios del siglo XXI, siendo incoherente el sacrificio económico que realizaría el país (gobierno y empresarios privados). 

Desde 2005 las exportaciones y el PIB boliviano tuvieron un incremento “exponencial” y, al mismo tiempo, la Municipalidad de Rosario, el 10 de noviembre de 2005, sancionó el Decreto  26606, encomendando al Departamento Ejecutivo Municipal “el inicio de gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fé, ante el Gobierno de la República Argentina y ante los representantes del Gobierno de la hermana República de Bolivia a los efectos de acordar propuestas para el traslado de la Zona Franca de Bolivia”. La justificación del abandono de las facilidades empieza a girar del ámbito económico al jurídico. 

Las concesiones otorgadas a Bolivia por Uruguay, Paraguay y Argentina no sólo se justifican por la buena voluntad de los Estados para su conexión marítima; de por medio el cálculo de inversión del sector público y especialmente del sector privado es muy importante para el desarrollo por la generación de empleos y desarrollo industrial. También es necesario analizar el aspecto jurídico-económico sobre la conveniencia de realizar inversiones en puertos o zonas francas en territorio de terceros países versus el costo de oportunidad de concentrarse en el lejano (por su distancia al Atlántico) Puerto Busch como territorio soberano, y/o retomar el famoso dragado del canal Tamengo que garantice su navegabilidad.

Discrepo con el embajador Saavedra porque creo que finalmente se tomó una decisión para la situación de zona franca Rosario y la conclusión de esta negociación dependerá del tiempo, y las condiciones en que se consigan los nuevos predios. Para 1969 los diplomáticos bolivianos consiguieron un compromiso que sería posteriormente irrenunciable por el concesionario, diplomáticamente afianzaron el acercamiento con Argentina en un ambiente ambivalente con Chile y políticamente fue un acierto proselitistas en un momento inestable en Bolivia. 

Estos aspectos exactamente coincidieron con las habilidades del excanciller Gustavo Medeiros Querejazu, por su formación diplomática, abogado y exembajador en Argentina, pero con la ausencia de un criterio económico. 

Finalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar reconoce los derechos de acceso hacia el mar y desde el mar a favor de los países sin litoral, por lo cual Argentina debe preservar las mejores condiciones hasta el momento otorgadas a Bolivia. La negociación diplomática debe ser astuta para no conseguir un predio y abandonarlo. Esta decisión, más allá de las condiciones jurídicas debe estar económicamente fundamentada, de tal manera que cubra las expectativas reales de exportación de Bolivia, la capacidad de inversión privada y pública en territorio concedido por un tercer país.

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