Femicidios en Argentina: “Las mujeres lo que quieren es una vida libre de violencia”

Femicidios en Argentina: “Las mujeres lo que quieren es una vida libre de violencia”

Argentina, pionera en leyes de género en América Latina, no logra controlar los feminicidios. ¿Qué está pasando? Hace falta una reforma judicial y federal, dicen expertas.

Las palabras se agolpan en los titulares: "brutal feminicidio”, "asesinato a puñaladas”, "acoso”, "violación”. Muerte. Los nombres: Úrsula, Guadalupe, Ivana. Son solo algunas de ellas, todas mujeres muy jóvenes que fueron asesinadas por sus parejas y exparejas en las últimas semanas en Argentina.

Úrsula Bahillo, una joven de 18 años, fue asesinada el 8 de febrero de 2021 de 15 puñaladas con un cuchillo de carnicero por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, de 25, un policía que tenía antecedentes psiquiátricos, a quien la joven había denunciado 18 veces. El hombre tenía una orden de alejamiento o restricción perimetral, y había sido denunciado varias veces por violencia de género.

También impacta el femicidio de Guadalupe Curual, de 21 años, madre de una niña de un año: el perpetrador, su expareja, tenía dos restricciones perimetrales, la había amenazado de muerte 48 horas antes, y la mató a cuchillazos el 24 de febrero. en pleno centro de Villa La Angostura, Neuquén.

El femicidio de Úrsula Bahillo causó indignación en la sociedad argentina por la falta de respuesta de las autoridades judiciales, que no brindaron mayor protección a la joven. El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció posteriormente la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

Pero esto no da tranquilidad a las mujeres. "Estamos registrando un femicidio cada 23 horas, y eso indudablemente nos interpela como sociedad, tenemos un índice altísimo de femicidios”, dice Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro desde Buenos Aires a DW. "Si bien entendemos que estamos en pandemia, y que todo se ha ido demorando, consideramos que se tienen que tomar medidas de urgencia”, añade.

Según cifras del Observatorio Lucía Pérez, en 2021 hubo 59 femicidios hasta el 21 de febrero.

El movimiento Niunamenos los estima en 48. No son cifras oficiales, ya que el registro de la Corte Suprema de la Nación Argentina aún no publicó las de 2021. El Observatorio de Políticas de Género del Gobierno argentino también se refiere a que hay 1 femicidio cada 23 horas. "Las cifras de femicidios se mantienen constantes en Argentina, lo cual también es preocupante, a pesar de los avances en la legislación y en diversas medidas en las que Argentina es pionera en América Latina”, explica la fiscal Mariela Labozzetta, jefa de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en entrevista con DW.

En casos como el de Úrsula Bahillo, "donde ya el Estado tenía noticia de que había un riesgo, donde ella hizo 18 denuncias y no fue escuchada, donde el Estado, desde las diferentes instancias, no toma acción, esto ya no se puede sostener más”, señala la fiscal Labozzetta.

"Tenemos un problema muy serio: una muy mala respuesta del sistema judicial y del Estado en su totalidad ante el riesgo de las mujeres. Eso habla de un fuerte anclaje del sesgo discriminatorio contra las mujeres”. Esa discriminación está muy presente en los operadores judiciales y policiales y "es el problema más grande que tenemos, una fuerte impronta patriarcal que permea todos esas instancias, que consideran que las denuncias son falsas, que las mujeres exageran”, puntualiza Mariela Labozzetta.

Las cifras y el horror
"Estamos en un punto en el que dan lo mismo las cifras, es un horror lo que pasa. Da igual si se mantienen constantes, porque las cifras son escandalosas. También es escandaloso que se mantengan”, dice a DW, por su parte, Paula Viturro, profesora de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Viturro coordinó la capacitación obligatoria en cuestiones de género para juezas, jueces y camaristas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley Micaela.

"El femicidio es el último estallido de una violencia que se va gestando antes”, subraya. Y la pandemia ha empeorado la situación, ya que muchas mujeres viven con los agresores.

Paula Viturro también indica que hay un funcionamiento deficiente de la Justicia argentina ante la violencia machista y los femicidios: "Una mujer que sufre violencia de género, cuando llega a los circuitos institucionales, hace mucho tiempo que está dentro del círculo de la violencia”, dice. Y lo que quieren las mujeres no es solo la penalización, la reparación y la condena de los femicidas cuando ya están muertas: "Las mujeres lo que quieren es una vida libre de violencia”.

Y menciona logros, como la Educación Sexual Integral, si bien esta no es aplicada en todas las provincias. Las que tienen gobiernos más conservadores se niegan a implementarla. "Los sectores conservadores de las autoridades policiales y judiciales no quieren capacitarse y califican estas cuestiones como 'ideología de género'”, explica.

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno argentino desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que anunció la creación de un sistema integrado contra la violencia por motivos de género, Ada Rico dice que "celebramos los anuncios, pero queremos que se ponga en práctica el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE), que en el caso de Úrsula Bahillo evidentemente no se llevó a cabo, porque sus denuncias no estaban unificadas”. Asimismo, dice que "es necesario que se evalúe la aplicación de la Ley Micaela, si realmente es más que una charla, si es una toma verdadera de conciencia del personal que toma una denuncia” y de las autoridades judiciales.

Medidas de protección no deben ser responsabilidad de las mujeres
El agresor y femicida de Bahillo no llevaba pulsera de geolocalización. Toda la responsabilidad de protección ante la violencia machista recayó en la mujer, ya que las restricciones perimetrales no fueron suficientes. "Ella hizo lo que tenía que hacer”, dice Ada Rico. "Pero es al Estado al que le corresponde protegerla”.

Con ella coincide Paula Viturro: "Hay un accionar deficiente del Poder Judicial, pero también de las administraciones, del Poder Ejecutivo, porque las medidas para frenar la violencia hay que controlarlas. Si no hay geolocalización para el denunciado, incluso por falta de internet en muchos lugares alejados del país, las medidas de restricción no alcanzan. Todas las medidas tienen que ser pensadas desde esas escalas. Que la víctima no necesite tocar el botón antipánico”, sostiene.

Es necesaria una mejor coordinación a nivel federal
Asimismo, son las diferencias en cada provincia debido al sistema federal las que dificultan luchar contra los femicidios a nivel nacional. Cada provincia tiene su propio sistema de justicia. "Hay que trabajar para lograr una mejor coordinación y en el abordaje de los femicidios, para pensar herramientas de investigación más eficaces, que hagan que la Justicia funcione correctamente”, dice Mariela Labozzetta.

Pero el trabajo en la prevención de la violencia sexista y los femicidios es anterior y es clave. "En la medida en que sigamos teniendo impunidad, estamos perpetuando la lógica de la violencia patriarcal, machista y femicida, y enviando el mensaje de que está autorizada”, subraya la fiscal.

Ada Rico, de la Casa del Encuentro, también piensa que urge un "abordaje federal para proteger a todas las mujeres de nuestro país que hoy están siendo asesinadas por violencia sexista”. El cambio cultural puede llevar años, pero ahora "hay que tomar medidas de urgencia”, exige.

Para Paula Viturro, la capacitación de las autoridades bajo la Ley Micaela es "de sensibilización, pero esa sensibilización no llega a todos. Hay gente que sabe, e igual no está de acuerdo". Según ella, hay que "desarmar los estereotipos tradicionales que ya arrastraba el Derecho Penal para enfrentar los desafíos teóricos que estas causas presentan. Lo que hay que intentar lograr en Argentina es pensar los femicidios a nivel legal como las causas de lesa humanidad. La defensa pública no puede utilizar cualquier argumento en favor de un defendido”, plantea.

"Tenemos la Ley Micaela, la Ley de Protección Integral (26.485), la Ley de Género (26.473). Faltan reformas y hay que repensar el Código Penal en su totalidad, el sistema de Justicia. Es un proceso. Tenemos que seguir llevándolo adelante", concluye Mariela Labozzetta.

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