Excanciller y ex jefe de gabinete de Argentina son imputados por envío de armas a Bolivia

Excanciller y ex jefe de gabinete de Argentina son imputados por envío de armas a Bolivia

El fiscal de Argentina que investiga el envío de armamento a Bolivia durante el golpe de Estado de 2019 imputó al exjefe de gabinete de ministros, al excanciller, y a un tercer exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

El fiscal Claudio Navas Rial "imputó al exjefe de gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y a Fulvio Pompeo, el exsecretario de Asuntos Estratégicos", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El juez en lo penal económico, Javier Lopez Biscayart, pidió el pasado viernes al fiscal que opinase sobre la ampliación de la denuncia presentada el día anterior por el Gobierno de Alberto Fernández por el suministro de material represivo a Bolivia durante el golpe de Estado de 2019.

En el expediente ya se encuentran imputados no solo el expresidente Macri, sino quien fuera su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Oscar Aguad.

Corrieron la misma suerte el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de esta fuerza federal, Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
En su ampliación de denuncia, la actual gestión pidió que se imputara Faurie, Peña y Pompeo.
Por ello se refirió a dos reuniones que tuvieron lugar en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, el día que fueron enviadas las municiones a Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.

Razones de imputación
Estos encuentros "evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de estado se tomó en la Casa Rosada", sostiene la denuncia.
Según las notas firmadas el 12 de noviembre por uno de los imputados del caso, Yavorsky, el trámite de contrabando para enviar a Bolivia 70.000 municiones y más de 600 granadas fue iniciado por Gendarmería a las 13:06 (16:06, GMT) de ese día.

En ese momento, el presidente Macri, el jefe de gabinete, la ministra de Seguridad, el director de Gendarmería, Gerardo Otero, y su secretario privado, estaban reunidos junto a los directores de todas las fuerzas de seguridad, en el despacho de Peña.

Según la denuncia, la presencia de Otero acredita que la orden de enviar ese material fue tomada directamente por las máximas autoridades del Ejecutivo.
Esa reunión, que ocurrió 12 horas antes que los gendarmes partieran rumbo a Bolivia en un Hércules C-130, se llevó a cabo en el despacho del entonces jefe de gabinete, el único con acceso directo al despacho presidencial.

La primera y única vez que el director de Gendarmería visitó la Casa Rosada en 2019 fue justo ese día, refiere la querella.
Minutos antes de esa reunión, Macri se reunió con el entonces canciller Faurie, quien ese mismo día solicitó en una nota oficial el envío de gendarmes a Bolivia para proteger la Embajada argentina.

La denuncia observa que Faurie evitó utilizar el sistema electrónico de comunicaciones oficiales (Gestión Documental Electrónica), obligatorio desde el 2016.
En la denuncia también se incorporan documentos que evidencian la participación del secretario Pompeo, quien también estaba presente en la Casa Rosada el 12 de noviembre.

El fiscal coincidió con las acusaciones el Ejecutivo y consideró que las más altas autoridades políticas de la gestión anterior –presidente, jefe de Gabinete, canciller y ministra de Seguridad– se reunieron con funcionarios de menor rango que llevaron a cabo el contrabando ilegal de armas a Bolivia.

El presidente Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras reconocer el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el mandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.

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