España pide visto bueno a la UE para fijar por su cuenta el precio de la luz

España pide visto bueno a la UE para fijar por su cuenta el precio de la luz

Consciente de que no hay consenso para una reforma general propone manos libres para que cada capital ajuste según sus características e interconexiones.

Si la UE no va a reaccionar, y no apuesta por "medidas audaces y contundentes" para atajar la subida del recibo de la luz, lo mínimo que puede hacer es dar libertad a cada capital para que meta mano de forma temporal en el sistema de fijación de precios. Eso es lo que piensa España, lo que defiende hoy en Luxemburgo en un Consejo extraordinario de ministros de Energía y lo que ha puesto por escrito en un documento de tres páginas distribuido a sus socios comunitarios.

El pasado jueves los jefes de Estado de los 27 debatieron en una larga Cumbre sobre cuestiones energéticas. Como lleva quedando claro desde hace semanas, no hay apetito para las demandas de España. La mayoría de los Estados Miembro tienen un diagnóstico y un libro de recetas menos catastrofista que España, Francia o Grecia y no quieren ni reformar el sistema del gas y la electricidad ni comprometer la transición verde. Por si hubiera dudas, este mismo lunes hasta nueve países encabezados por Alemania y Holanda, a los que se sumaron hoy Bélgica y Suecia, han suscrito un documento de posición común en el que zanjan definitivamente cualquier posibilidad de "reformas ad hoc" del mercado. Y de ahí la reacción española de última hora, que cree que esa reacción "no tiene mucho sentido", en palabras de la secretaria de Estado, Sara Aagesen.

"Un acercamiento europeo común es nuestra preferencia para todo lo que afecta al mercado interior europeo de la energía, pues es lo más eficiente y razonable para evitar distorsiones adicionales. Sin embargo, en ausencia de tal respuesta europea, la Comisión podría proporcionar a los Estados miembros flexibilidad para adoptar medidas en ese sentido en situaciones extraordinarias", arranca la petición. No se trata de una solicitud formal. Los 'non-papers', como se conocen en argot comunitario a estas contribuciones informales, son papeles para generar discusión. Ponen ideas sobre la mesa para comprobar la reacción de los colegas y las instituciones.

España reitera que situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y que dado que cada aumento de un euro en el precio del MWh supone 2.700 millones de euros en costes eléctricos para los europeos, y que no se puede traspasar a los consumidores una factura así en medio de una recuperación, "son necesarias acciones europeas para evitar asimetrías y distorsiones", empezando por "permitir que cada país adapte la formación del precio de la electricidad a su situación específica, por el mix, las fuentes y el nivel de interconexión", que en el caso de la península Ibérica es especialmente bajo. Apenas una frase pero con consecuencias extraordinarias si se pudiera producir.

España propone varias cosas. A corto plazo, autorizar "desacoplamientos", para que "en lugar de la señal del precio marginal puro (contaminado por los repuntes en los precios del gas), el precio de la electricidad se obtenga como un precio promedio con referencia al costo de las tecnologías limpias, particularmente las renovables). El precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacional, al mismo tiempo que protegería a los consumidores de volatilidades excesivas y les permitiría participar de los beneficios que brinda un mix de generación más económico", sugiere el documento.

Además, poner un precio máximo al gas así como permitir opciones de contrato para los futuros, un mecanismo que daría la posibilidad pero no la obligación de ciertas adquisiciones a precios más asequibles en momentos de volatilidad. Para el mercado de emisiones de CO2 (ETS), España cree que "deben explorarse diferentes opciones, incluida la restricción de participación de entidades financieras y modificar las circunstancias que puedan desencadenar un aumento de la oferta de derechos de emisión de la UE" tocando las directivas europeas. "La evaluación de por parte de la ESMA (la agencia europea competente) del mercado europeo del carbono, anunciada en la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el aumento de los precios de la energía, constituirá un aporte valioso para decidir cuáles son las medidas más adecuadas", se le en la propuesta que pide capar los precios, limitar el número de compras y la participación de determinados actores que Moncloa considera contribuyen a la volatilidad mediante la especulación.

Las opciones de éxito son escasas. La Comisión Europea es muy reacia y lo ha reiterado cien veces. Cree, como la mayoría de países, que el sistema funciona bien y que medidas "ad hoc" como pide Madrid, incluso si fueran temporales, son peligrosas y el riesgo es que hagan más daño que bien. Sostiene que el problema no está ahí, sino en la demanda global en medio de una recuperación tras un año de pandemia y confinamientos. No ve, por el momento al menos, tampoco pruebas de manipulación o especulación. Y por tanto se enroca apostando por las medidas nacionales, sobre todo en materia fiscal para los hogares más vulnerables, ayudas legales a las empresas y apuestas a largo plazo por energías más limpias y con menos dependencia del extranjero.

www.prensa.cancilleria.gob.ar es un sitio web oficial del Gobierno Argentino