Entrevista: "EL RECLAMO MAPUCHE EN ARGENTINA VA EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE EL CHILENO"

Entrevista: "EL RECLAMO MAPUCHE EN ARGENTINA VA EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE EL CHILENO"

Para Walter Mario Delrío, un experto en el tema indígena y que vive en la zona, el gobierno de Macri ha manipulado el conflicto con las comunidades indígenas y ha levantado la idea de una supuesta guerrilla mapuche para aplicar una política de seguridad nacional.

La desaparición del artesano argentino Santiago Maldonado, de 28 años, supuestamente durante una protesta de un grupo de mapuches y tras la acción de efectivos de Gendarmería (la principal fuerza de seguridad transandina) el pasado 1 de agosto en la provincia de Chubut, no solo se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para el gobierno de Mauricio Macri, sino que destapó internacionalmente el conflicto entre las comunidades mapuche del sur trasandino, grandes estancieros como el grupo Benetton y el Estado argentino.

El historiador y antropólogo Walter del Río, con un posdoctorado en la Universidad Johns Hopkins, y que actualmente dirige un instituto de investigación dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional del Comahue, sostiene que este es un conflicto por la tierra y que el Ejecutivo de Macri intenta convertirlo en un hecho de seguridad pública, donde operan grupos violentos e incluso terroristas.

-¿En qué consiste el conflicto mapuche en Argentina?

-Es un conflicto por la tierra. La noticia de la desaparición de Maldonado o el caso de un dirigente mapuche (Facundo Jones Huala) están sirviendo a los medios de comunicación y al gobierno del Presidente Macri para ocultar que el conflicto es por la ocupación territorial del gran latifundio que existe aquí (Argentina) en Patagonia.

-¿Pero dónde está el origen?

-Las tierras en conflicto obedecen a una propiedad latifundista de 900.000 hectáreas, que hoy tiene en propiedad el grupo Benetton, que fueron obtenidas por el Estado argentino luego de las llamadas Campañas del Desierto, que terminan en 1885. Desde ese año y hasta 1890 el Estado argentino otorgó nueve grandes concesiones de tierra para la colonización. Pero estos concesionarios lo que hacen es evitar la colonización: se les concede estas tierras en propiedad y se fundan en una compañía de tierras de capitales británicos, que tiene 900.000 hectáreas. Esto, que violaba la normativa argentina para evitar la concentración de tierras, se mantiene hasta el día de hoy. Esa compañía de tierras la compró Benetton en la década de 1990. Ese es el origen del conflicto con muchos, que en un momento fueron ocupantes de tierras fiscales, que eran vecinos a esta gran compañía de tierras y que sufrieron corrimientos de alambradas y también una expansión que hizo la misma compañía sin tener una mensura (medida). El grupo Benetton adquirió las tierras incluso sin mensura definitiva.

-¿Y ahora qué es lo que hay?

-Una construcción por parte del Estado nacional de una política de seguridad nacional que trata de crear consenso y hegemonía con el gobierno actual a partir de un imaginario de conflicto con el pueblo mapuche. Aquí lo que se está construyendo es a una supuesta guerrilla mapuche como objetivo de una política de seguridad nacional. Cuando en realidad lo único que se está defendiendo aquí son los intereses del grupo Benetton y los del amigo de Macri, Joe Lewis, que son los dos grandes latifundistas en la zona del conflicto. El gobierno de Macri a través de la construcción del fenómeno de una supuesta guerrilla justifica el despliegue de tropas de Gendarmería y explica la judicialización de cualquier tipo de protesta social con respecto al tema tierras. Eso es lo que ha detonado el conflicto una y otra vez, que ha generado algún tipo de respuesta que pudiese justificar la represión que se llevó adelante, y que ahora se cobró la desaparición de Santiago Maldonado.

-¿Benetton lo que hizo fue comprar unas tierras legalmente, no?

-Sí. Benetton compró las acciones de una compañía británica que se nacionalizó durante la guerra de las Malvinas, en 1982. Pero lo que compró es un territorio que ni siquiera en esa época, en la década de 1990, estaba correctamente mensurado, y fundamentalmente se originaba en una privatización con muchos visos de irregularidad, por que habían violentado las normativas existentes en el país con respecto a cuáles era los destinos de las tierras fiscales. Es como si uno compra un auto robado. El problema es que durante más de 100 años nadie cuestionó la legalidad de esos papeles que tenía la compañía británica.

-¿Pero se puede acusar a la empresa de algo?

-Sobre el terreno sí hay acusaciones que le corresponden, en su momento, a la compañía británica y luego, también en su momento, a la compañía Benetton, porque se ha comprobado en mensuras que se hicieron recientemente que comunidades como la de Santa Rosa de Leque, que fue denunciada como usurpadora, que tuvo que atravesar juicios y denuncias del mismo grupo Benetton, han comprobado que esos territorios efectivamente nunca pertenecieron a la concesión original de hace más de 100 años.

Paralelo con Chile

-¿El conflicto mapuche en Argentina y en Chile es el mismo, tiene la misma base? ¿En ambos hay una reclamación de tierras, no?

-Sí, el reclamo del pueblo mapuche va en la misma dirección que el caso chileno. El conflicto entre los pueblos originarios y los Estados nacionales es en términos de esa expropiación originaria. En los cinco años posteriores a la Campaña del Desierto, cuando se entregan estas tierras, las tierras más fértiles en territorio patagónico, la población originaria fue sometida en distintos lugares de concentración en la región y más allá. Hubo grandes deportaciones. Incluso se decía que todas esas comunidades indígenas eran provenientes de Chile y que eran una avanzada del Estado chileno para quedarse con la Pampa y la Patagonia, que eran chilenos y que eran una amenaza a los bienes y a las personas, porque eran ladrones supuestamente, se llevaban el ganado para Chile. Así, a las comunidades indígenas se las concentró, dispersó, deportó, se les utilizó como fuerza de trabajo semiesclavo y fueron distribuidas en otras provincias argentinas.

-¿Y de dónde surgen la actuales comunidades mapuche?

-Los sobrevivientes y los que escaparon de esas deportaciones volvieron a territorio patagónico y se encontraron con los alambrados de estas compañías británicas. Desde entonces que la población mapuche-tehuelche está condenada en la Patagonia a ser ocupante de tierras fiscales que muchas veces han entrado también en estos conflictos territoriales con otros extranjeros, grandes compañías de tierra.

-¿Las demandas actuales de las comunidades mapuches-tehuelches son recuperar las tierras que se expropiaron y se vendieron a privados hace 20 años o más allá?

-Las comunidades hoy en día están reclamando muchas cosas. En algunos casos, es no perder esas tierras que pudieron mantener o que pudieron ocupar después del momento del sometimiento que fue la “conquista del desierto”. En otros casos se reclaman también por espacios sagrados. Y en algunos lugares se reclama también por pérdidas más recientes, de hace 50, 30 o 20 años, que fueron corridos de lugares que ellos habían estado ocupando.

-En el caso de que esas comunidades mapuche logren recuperar esas tierras, ¿qué quieren hacer con ellas? ¿Hacia dónde se quiere ir?

-A dónde no se quiere ir es lo que está claro. Desde que volvió la democracia se viene desarrollando una política en Argentina que era novedosa. Argentina se veía como un país sin indígenas y no descendiente de indígenas, pero desde el retorno a la democracia ha empezado a ver que no era así. Desde el retorno a la democracia las organizaciones, las comunidades, los pueblos originarios han logrado hacerse visibles. Hoy el contexto es diferente y en la últimas décadas el conflicto es básicamente por no perder las tierras que se estaban ocupando. Ahora lo que se está viendo es la crisis fundamental que está repercutiendo en los pequeños productores agropecuarios en toda Patagonia. El problema hoy en día es no perder lo que se tiene frente a un Estado que no va a beneficiar el desarrollo de los pequeños productores. Lo que se teme que haya un nuevo proceso de concentración de la tierra como ya lo hubo en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) en el cual el propio grupo Benetton se instaló en Argentina. En esos años hubo una progresiva desaparición de pequeños productores en toda Argentina. Por lo que se está reclamando, en la mayoría de los casos, es por no perder el territorio.

-Pero hay grupos o comunidades que quieren recuperar territorio.

-Hay casos de recuperación de tierra recientes, pero que siempre tienen que ver con la ocupación que se perdió en el último siglo, es decir, es un recuerdo de una expropiación después del período de la conquista, al presente. Por eso hoy hay muchas cosas detrás de este conflicto que la sociedad argentina fundamentalmente no quiere ver. En Argentina es el único país de América Latina donde no hubo una reforma agraria y las huella de ese latifundio son las que estamos viendo.

-Entre los grupos mapuche hay algunos más radicales, más violentos.

-Yo entiendo que eso lo que más llama la atención, y ese es el éxito que ha tenido el gobierno y los medios de comunicación que operan con él, es el ‘construir’ (destacar) a un grupo muy reducido dentro de la sociedad mapuche que no transa con el Estado, que no busca el apoyo estatal, que tiene un discurso más radicalizado, pero que es muy minoritario y, de hecho, no es representativo de la sociedad mapuche en su conjunto.

-¿Cree que el caso de la desaparición de Santiago Maldonado ha sido utilizado políticamente?

-El conflicto es político. Claramente Santiago Maldonado estaba apoyando un reclamo territorial de una comunidad. La presencia de Gendarmería dentro del lof (comunidad mapuche) sin orden del juez es una decisión política claramente. Por lo tanto, de ninguna forma tenemos que dejar de pensar de que hay un conflicto detrás, porque no es un Estado que estaba buscando la seguridad ciudadana. No, estaba tratando de ejercer un poder de represión sobre lo que identificaba y quiere identificar y mostrar a la sociedad no como un reclamo social, sino como un reclamo ilegítimo. Lo fundamental es que se produce una desaparición y hay una serie de sectores que salen a reclamar la aparición con vida, como los organismos de derechos humanos y también sectores políticos. Y del otro lado hay un gobierno que ha negado, en una primera instancia, a cualquier responsabilidad de las fuerzas de gendarmería, ahora aparentemente lo está reconociendo. Evidentemente aquí algo pasó y lo que se quiere hacer es encubrir. El manejo político es lo que está haciendo el gobierno, porque es él el que quiso manipular el conflicto en este lof y con este grupo tan pequeño y minúsculo en particular.

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