En medio puja portuaria con Argentina, el gobierno de Lacalle Pou negoció rapidez en inversión de Katoen Natie

En medio puja portuaria con Argentina, el gobierno de Lacalle Pou negoció rapidez en inversión de Katoen Natie

Los entretelones del acuerdo y el porqué de los 50 años de concesión; el contrato para la extensión hasta 2081 está cerrado y se hará público cuando el ministro Heber comparezca ante al Parlamento

El acuerdo que anunció el gobierno de Lacalle Pou con la multinacional belga Katoen Natie todavía sigue generando ruido entre diferentes actores de la comunidad portuaria, la oposición, e incluso en algunos integrantes de la coalición que han sembrado dudas por lo bajo sobre la conveniencia de extender una concesión por 50 años (correderos a partir de 2031) con ese operador privado.

En cambio, en la mesa chica de la negociación con Kaoten Natie de la que participaron el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo, la sensación es que se llegó a un ―buen acuerdo‖ para los intereses del país y no solo pensando en la coyuntura de corto plazo.

Heber y Curbelo han salido en las últimas semanas en sus distintas apariciones públicas a defender la conveniencia de ese acuerdo que, según supo El Observador, ya fue firmado el pasado viernes 26 de febrero y que de ahora en más está corriendo un plazo de 30 días para cumplir con formalidades como la constitución de garantías y demás trámites que hacen del nuevo contrato que extiende a TCP (Terminal Cuenta del Plata) la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.

El acuerdo no tiene ninguna cláusula de confidencialidad y está previsto que se haga público una vez que Heber comparezca ante el Parlamento para explicar los detalles del acuerdo, aunque la pandemia trastocó los plazos previstos para esta comparecencia en la última semana.

Las etapas
La negociación con Kaoten Natie -accionista del 80% de TCP- arrancó en abril del año pasado. El Poder Ejecutivo tenía sobre la mesa una amenaza de este operador de iniciar un litigio internacional por US$ 1.500 millones al Estado. La primera parte del acuerdo del gobierno con la compañía belga se centró en resolver este punto.

El Poder Ejecutivo se comprometió a respetar lo estipulado en la Ley de Puertos de 1992 y aggiornar algunas resoluciones y reglamentos que hoy permiten, por ejemplo, que un barco portacontenedores pueda atracar indistintamente en los muelles públicos (donde opera Montecon) o en TCP. El Poder Ejecutivo definirá que la prioridad para el atraque lo tendrá la terminal especializada (TCP) y como segunda opción quedarán los muelles públicos. Esto supondrá un duro revés para los intereses de Montecon, que hoy tiene cerca del 50% de la operativa en contenedores.

Con esas condiciones, Katoen Natie dejó de lado la posibilidad de entablar un juicio por daños contra el Estado uruguayo.

El ruido con Argentina y la exigencia que puso el gobierno
El contrato de concesión que tiene vigente Katoen Natie como accionista mayoritario en TCP se firmó en 2001 por 30 años -bajo el gobierno de Jorge Battley dejaba abierta la puerta para extender el plazo de la misma a pedido del privado en cualquier momento del contrato.

De hecho, durante los últimos dos gobiernos del Frente Amplio (2010-2020) la firma belga estuvo coqueteando y negociando en diversas oportunidades para extender ese contrato. Por distintos motivos, esa negociación no llegó a buen puerto y sobre el final de la segunda administración de Tabaré Vázquez la tensión por el manejo de la política portuaria fue caldeando el vínculo con este operador privado. En octubre de 2019 -antes del cambio de gobierno- Katoen Natie ya anunciaba su disposición a entablar un juicio contra el Estado.

Cuando en la negociación con Katoen Natie del gobierno de Lacalle Pou se pasó al segundo capítulo para hablar de una posible extensión de la concesión, surgieron algunas diferencias entre las partes que hubo que pulir, supo El Observador.

En un principio la idea de ir a 50 años más pareció demasiado. Sin embargo, el gobierno no tuvo demasiados argumentos para negarse a ese requisito. En el contrato con UPM, el gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) le concedió una terminal exclusiva para celulosa en el puerto de Montevideo a la pastera por 50 años y por un monto inferior de inversión (US$ 280 millones) y otro tipo de riesgo.

También la empresa puso sobre la mesa los plazos que se han manejado en concesiones portuarias por plazos mayores como el puerto de Barcelona (75 años) y que el monto de la inversión inicial comprometida era bastante superior a la de 2001 (US$ 150 millones).

Pero hubo un punto donde el equipo de negociación del gobierno se plantó firme.

Estaba dispuesto a otorgar esos 50 años desde 2031 pero le exigía al privado un rápido desembolso de esa inversión piso de US$ 455 millones (no más de 4 años) para ampliar su terminal de contenedores y ofrecer una alternativa potente para la logística portuaria de la región. ¿Por qué el apuro en que Katoen Natie invierta rápido? En el Ejecutivo se veían venir una nueva arremetida desde Argentina por la histórica ―guerra de puertos‖, una tema que tuvo un impasse durante la gestión de Mauricio Macri y parecía haber calmado las aguas.

Sin embargo, con una fuerte impronta kirchnerista en el gobierno de Alberto Fernández la amenaza de algunas movidas de ajedrez en la geopolítica portuaria de la región estaba latente. Una de esas era la posibilidad de que Argentina retomara la posibilidad de realizar el Canal Magdalena, algo que esta semana cobró estado público.

Para Uruguay, el mayor perjuicio por esta nueva puerta de entrada para los grandes buques transoceánicos lo tendría Nueva Palmira, y en menor medida Montevideo. Por eso el gobierno de Lacalle Pou entendía que se debía mover rápido en esa carrera y enviar una señal en la región con una inversión millonaria en el puerto de Montevideo que desalentara una potencial inversión de un privado por la obra del Canal Magdalena o de una nueva terminal marítima en territorio argentino.

Llevar el puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad y ofrecer la posibilidad de atracar 4 barcos portacontenedores en simultáneo en una terminal ampliada de contenedores es la gran apuesta del gobierno de Lacalle Pou a corto plazo para correr con ventaja.

Katoen Natie tuvo algunas dudas sobre esta condición para invertir casi US$ 500 millones en TCP en un negocio donde la incertidumbre por el movimiento de cargas a nivel mundial no está del todo despejado. No está claro si efectivamente habrá más movimientos de mercaderías o el avance de la robótica, por ejemplo, provocará cambios en las rutas habituales de transporte marítimo por un potencial desplazamiento de grandes fábricas desde Asia a EEUU.

Otro de los temas que el privado vio como un riesgo para proyectar una concesión a 50 años es que de una decena de grandes navieras, ahora el mercado está concentrado en dos o tres jugadores con gran poder de negociación.

Otro tema que también generaba ruido es que todo el potencial de crecimiento para TCP no es Uruguay, sino la región. Por tanto, cualquier medida administrativa que pueda aplicar un gobierno argentino de turno podía echar por tierra cualquier proyección sobre el flujo de contenedores a movilizar. La nueva terminal ampliada podrá mover 3 millones de contenedores, más del triple de lo que hoy mueve Montevideo.

Sin embargo, luego de analizar los pros y las contras, Katoen Natie vio un negocio para ganar plata y aceptó el plazo para desembolsar esa inversión de US$ 455 millones por su cuotaparte del 80% en TCP. El restante 20% lo podrá la ANP de su participación en ese negocio, pero no lo hará con fondos propios o del Estado sino con el flujo que genera su participación en TCP. De hecho, parte del acuerdo incluye que la ANP reciba unos US$ 30 millones de utilidades retenidas de los últimos balances de TCP que no se distribuyeron por el litigio que tenía Katoen Natie con el Poder Ejecutivo.

www.prensa.cancilleria.gob.ar es un sitio web oficial del Gobierno Argentino