“En Argentina el uso de la fuerza del Estado es el último recurso”: Sabina Frederic

“En Argentina el uso de la fuerza del Estado es el último recurso”: Sabina Frederic

Arrancó el Segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, en el que varios expertos analizarán los desafíos de la región. En diálogo con El Espectador, Sabina Frederic habla sobre los retos en materia de seguridad que enfrentó el país sureño en plena pandemia.

El Covid-19 impactó de una forma más contundente a los países del mundo con mayores niveles de desigualdad. La falta de liderazgos y el debilitamiento de las instituciones regionales latinoamericanas han afectado la capacidad de activar procesos de cooperación para atender la pandemia de forma colectiva.

Esto sin contar con que el crimen organizado, una de las principales fuentes de violencia en el continente, está en un proceso de reacomodo. Y aunque todavía es pronto para saber si la pandemia generó cambios permanentes sobre estas organizaciones ilegales, ya se observa un incremento del reclutamiento de jóvenes en actividades ilícitas.

Esta preocupante realidad será analizada por expertos de varios países de la región que, desde el lunes y hasta este jueves, se unen al Segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, organizado por la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), que este lunes contó con la participación de J. Sabina Frederic, ministra de Seguridad de Argentina. Frederic habla con El Espectador sobre los retos en materia de seguridad que enfrentó Argentina en plena crisis sanitaria.

¿Aumentó el crimen organizado a raíz de la pandemia en Argentina?

No tenemos todavía conclusiones sobre la organización del crimen. Sin embargo, lo que sí vemos es que hay modificaciones en las rutas de circulación de cocaína, porque en Argentina la tendencia ha sido ingresar una parte de las drogas sintéticas a través de los aeropuertos. Pero al no tener casi vuelos, eso ha modificado la circulación. También aumentó el decomiso de cannabis en nuestra frontera con Paraguay, y vimos cierta alteración en el contrabando que está asociado a la devaluación del peso argentino; hubo un incremento de contrabando de granos de soja, maíz y trigo desde Argentina hacia países como Brasil.

¿Qué ajustes hizo el gobierno para adaptar sus estrategias de seguridad en plena crisis sanitaria?

Tenemos varias líneas de trabajo, y una de ellas está asociada a los delitos federales, como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas con fines sexuales o laborales, y el tráfico de armas. Nuestra política es el fortalecimiento de la investigación y el análisis criminal. Esto es lo que nos permite detectar las grandes redes de tráfico ilegal. Es importante mencionar que en Argentina las organizaciones criminales no tienen el formato de cartel, como sucede en México; son organizaciones que tienen negocios legales que les permiten cubrir negocios ilegales. De ahí que hay que trabajar en investigaciones que requieren una articulación más fuerte y sólida.

¿Cuáles son los retos para la seguridad en América Latina tras la pandemia?

El gran reto de América Latina es brindar seguridad en contextos de desigualdad. Especialmente nos preocupa muchísimo el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes en estas redes de tráfico ilegal. Tenemos que desarrollar políticas que sean eficaces para que esos niños y jóvenes no sean capturados por el crimen. Y los que ya están en esas actividades, lo más importante es desarrollar mecanismos de investigación criminal que permitan dar con los grandes organizadores.

Hay otro reto, que es fortalecer la cooperación entre los países de la región. Cuando Unasur era más fuerte había posibilidades de intercambio, sin embargo, un desafío que tenemos por delante es tener mayor conocimiento de las prácticas y de las políticas que se desarrollan en la región.

¿Cómo crear políticas públicas con perspectiva de género para evitar los feminicidios y la violencia en contra de la mujer en plena pandemia?

En el país articulamos el trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con el Ministerio de Justicia de la nación para tener un sistema único de registro de denuncias. Esto permite a todas las jurisdicciones y provincias de Argentina tener el mismo canal de denuncias, donde se carga toda la información. De esta manera nosotros monitoreamos mucho mejor la respuesta del Estado ante cada caso de violencia, porque hemos visto que muchos feminicidios se producen en casos de mujeres que ya han hecho denuncias y la ayuda del Estado no ha llegado a tiempo.

Asimismo, para prevenir estas violencias, trabajamos en la asistencia financiera, porque muchas veces las mujeres que están en situaciones de violencia o acoso doméstico no se pueden independizar. Sin eso es muy difícil preservar la vida de esas mujeres.

¿Cómo garantizar la protesta social pacífica de la ciudadanía y evitar el abuso policial?

Aquí en Argentina no hubo militarización de la seguridad, pero sí tuvimos violencia policial. El aislamiento les dio a las policías un poder por decreto, y nosotros trabajamos muy intensamente para controlar ese ejercicio de la fuerza. Los casos que tuvimos de violencia no fueron en ocasión de protesta. Tuvimos hechos violentos, incluso homicidios, por parte de la policía en situaciones distintas y en hechos confusos.

En Argentina tenemos herramientas alternativas a la resolución de conflictos, por lo que el uso de la fuerza del Estado es realmente el último recurso. Mientras tanto desarrollamos un mecanismo de diálogo y de negociación para evitar que la escalada de los conflictos termine en violencia interpersonal y violencia del Estado hacia las personas.

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